Cada vez es más patente que nuestra Constitución Política aporta al campo de la justicia un suelo y un vuelo de indudable aliento democrático, ojalá ello, así lo entiendan algunos de los funcionarios seniles de ésta Cuarta Transformación y no sólo lo entiendan, sino lo apliquen a fin de sacar a vuelo ésta nueva era democrática por la que atraviesa nuestra República. Nuestro Pacto Federal no se limita solo a la proclamación de los derechos y libertades sino que también establece los mecanismos adecuados a fin de que nuestras instituciones garanticen que se haga realidad la existencia y vigencia de esos derechos. Nuestra Carta Magna, para fortuna de los mexicanos asegura y protege la efectividad de las libertades y de los derechos que ella proclama.
La Carta Fundamental de todos los mexicanos le exige a ésta Cuarta Transformación y por sobre todo a los funcionarios vetustos de referencia, que se garanticen de manera más solida y efectiva esos derechos y salvaguardas. Hoy los gobernados, también exigimos al Estado apliquen irrestrictamente el sentido jurídico contenido en esa Ley Suprema.
Los principios insertos en el espíritu de nuestra Norma de Normas se encuentran vivos y a los Tribunales de justicia de ésta Cuarta Transformación compete impedir que se incurra en una serie de barbarismos que le impidan a la autoridad del Estado abstenerse de cumplir con sus deberes, según lo pide la razón común de los principios insertos en ella y que por fin se entienda que la función de la autoridad tendrá éxito siempre y cuando se respete de manera íntegra y por sobre todo se anteponga el derecho de libertad sobre el de igualdad.
A veces resulta innecesario asegurar que la Democracia tiene que huir por igual de la corriente neoliberal y/o del populismo autoritario. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos intenta con su aplicación el equilibrio de los poderes y el entendimiento del pueblo y gobierno a fin de obtener el desarrollo de la Nación, permitiendo, además, efectuar correcciones y rectificaciones a través de preceptos, disposiciones y principios de innegable abolengo, que ningún Tribunal de justicia puede desconocer.
Hablar de la Ley Suprema, de los burilados conceptos y preceptos en ella insertos, es encontrarnos con un triunfo efectivo de libertad e igualdad, es descubrir que los mexicanos contamos con derechos inviolables que son inherentes a nuestra dignidad como Nación, es saber que los mexicanos contamos con una salvaguarda que consagra con un conocimiento sin precedente ni referente a los derechos constitucionales del gobierno a fin de poner coto al abuso de poder y por sobre todo a la protección de derechos, libertades, propiedades y posesiones de quienes habitamos en todos los confines de la Patria.
Nuestro Pacto Federal no legitima la injusticia y por sobre todo no garantiza la impunidad de todos aquellos políticos indecentes que durante el neoliberalismo nos saquearon, como tampoco le servirá de coartada a los forajidos del neoliberalismo que jamás dijeron lo que hicieron e hicieron lo que no dijeron.
Nuestra Constitución exige, como hoy exigimos todos los mexicanos un derecho distinto, diferente a todo aquél que pretende otorgarle, concederle, o brindarle impunidad a la delincuencia inserta en la narcopolítica durante la etapa del neoliberalismo.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
