Casi todos los sabios que han colaborado en la historia del desarrollo humano se han devanado la mollera tratando de llegar a la última ratio de cualquier movimiento social, de cualquier intento de superación. Los libros sobre el comportamiento y la evolución que se produjeron a través de estos siglos coincidieron en un acuerdo fundamental: es la justicia.
Es indudable, como dijeron los teóricos del materialismo histórico, la violencia es la partera de toda vieja sociedad cuando ésta lleva en sus entrañas otra nueva, y que la revolución es la que abre camino y rompe las formas políticas muertas, el aniquilamiento de sus características fundamentales.
Pero, ¿cuál es el espíritu de las revoluciones que la proyectan en el tiempo y espacio? El nervio motor que nos lleva a intentar de continuo nuevas formas de vida, la causa del sentimiento de destrucción de todo lo construido, el secreto que nos lleva a ensayar nuevas instituciones, sistemas y formas de relación, es simplemente la necesidad de justicia.
La desigualdad es tan actual como la vida misma
En todas las revoluciones podemos descubrir la aspiración a la justicia, un deseo fundamental. Es su anhelo de realización la causa primaria que arroja a la humanidad en ese caudal incesante de renovación. La imperiosa necesidad de encontrar la fórmula capaz de llevarnos a vivir una vida satisfactoria y plena.
Es el común denominador que identifica a las revoluciones en el tiempo y el espacio, poco importa que el punto de partida de cada una sea diferente, que el concepto de justicia atienda a su particular concepción moral, política o económica.
De nada sirvió que las religiones equipararan a los hombres ante Dios, o que el liberalismo haya proclamado la igualdad entre desiguales, o que el Estado reivindicatorio ordenara la suplencia de las diferencias materiales para tratar a todos con el mismo rasero. La desigualdad es tan actual como la vida misma. México es el gran ejemplo de lo que no se debe hacer.
Estamos en presencia de una auténtica revolución social
La obra del legislador nada vale si no corresponde a la justicia. La experiencia nos enseña que no son útiles ni duraderas las leyes injustas porque apartan al hombre de la paz. No sirven porque tarde o temprano en vez de conducir al orden, desembocan en la revolución.
Cuando la ruptura provocada por el movimiento revolucionario implica una sustitución y no una simple violación de derechos, estamos en presencia de una auténtica revolución social, la que crea una nueva forma de vida que reemplaza a la anterior. Su importancia reside en su trascendencia.
No es suficiente la postulación del fin para que alcance una finalidad determinada. Siempre lleva imbíbita la idea de alcanzar un mayor grado de justicia en el ordenamiento de la vida colectiva. Es la proyección mental sobre el futuro, adelantándose al curso del devenir. Debe elegir los medios.
La selección de los procedimientos para alcanzar la finalidad perseguida es el dato característico : encarnar los ideales. Entonces, la violencia no es requisito indispensable de la revolución. Todo depende de la elección de los procedimientos legales y sociales escogidos.
El país se enfrenta a una crisis de grandes proporciones
La realización de los propósitos es clave, constituye el triunfo. Es el momento en que se establece el nuevo orden, en que la revolución se convierte en fuente del Derecho para alcanzar la justicia, la última ratio, la razón de ser de la transformación.
Es lo que hace que sea considerada como fuente de Derecho. El triunfo del movimiento armado funciona como causa, en tanto que el nuevo orden social se revela como el efecto requerido. Se objetiva en instituciones y éstas producen el cambio social, cuando el movimiento adquiere continuidad y permanencia.
En México es necesario no abandonar su propia dinámica. El país se enfrenta a una crisis de grandes proporciones. Sólo puede librar esa batalla mediante acciones audaces que permitan recuperar tanto la ancestral tradición histórica, como los valores fundamentales que combaten la inequidad.
El Estado nacional, entrampado por la estrechez económica
Ninguna razón económica o ideológica es valedera para que sigan siendo afectados los renglones sensibles en obras indispensables y en gasto social, tan postergados por el actual aparato de poder. El Estado nacional se encuentra entrampado por un panorama de estrechez económica y catatonia administrativa.
El futuro presupuestal es incierto, por la quiebra deliberada del ingreso petrolero, por una planta industrial devastada por los financieros gubernamentales que impusieron reformas fiscales regresivas, y para colmo, una economía secada por las sustracciones del circulante monetario, el robo y la molicie.
No se necesita ser demasiado perspicaz para diagnosticar que el próximo gobierno no deberá echar a andar proyectos de corte faraónico, de calados no sustentables. Los presupuestos gubernamentales quedaron agotados, exprimidos por actos y conductas delictivas que chuparon hasta los fondos del retiro de sus trabajadores para financiar a los magnates.
Ejecutar inversiones en proyectos de empleo y de gasto socia
Además, el erario nacional se haya absolutamente acotado por los compromisos contraídos de una deuda externa agobiante e impagable, negociada y firmada a espaldas del pueblo, sólo para recibir los moches de los agiotistas internacionales. Sólo los pagos por servicios e intereses de la deuda deberán disponer de la mitad del presupuesto nacional.
El único espacio que le resta en el paralelogramo de estas fuerzas, intereses y despropósitos es ejecutar inversiones en proyectos de empleo y de gasto social, siquiera para lograr gobernabilidades mínimas. Desterrar la rapiña, los moches y prebendas que reportan comisiones que se carga a los costos del presupuesto.
Enfocar el sentido de la organización republicana para instituir, con los pocos recursos del gasto etiquetado, un Estado que cumpla con los compromisos más apremiantes, para intentar fortalecer el mercado interno, el empleo y el consumo, abandonado por aventuras propias del entreguismo con los Estados Unidos y otras potencias extranjeras.
Que se cimbren los viejos intereses, tan favorecidos por tribunales
A los nuevos líderes les queda el ejemplo y la pasión para instituir la justicia, tan esperada por la población después de puras intentonas.
Procurar que impere la justicia. Que no vuelva a ser secuestrada por agentes ministeriales, jueces, magistrados y ministros que la han utilizado como moneda de cambio al mejor postor. Que la procuración e impartición de la justicia sea convertida en la piedra angular del nuevo edificio social que se quiere construir.
Aunque deban sustituirse todas las alimañas. Aunque se cimbren los viejos intereses, tan favorecidos por tribunales y Cortas de justicia a modo, que han hecho de esto y todo lo demás un papalote.
Justicia en el gasto, en los salarios, en el fisco, en la obra material y en el reparto equitativo de la riqueza. Que sea ahora la justicia la que hable por nosotros mismos.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: En febrero de 2017, la Procuraduría General de la República inició la investigación por el hallazgo de casi 4 millones de pesos en efectivo encontrados en la cajuela de un vehículo asignado al titular de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda. Eran esos millones parte de un moche, sin duda. El vehículo estaba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal en la Carretera Picacho-Ajusco 170, en Jardines de la Montaña, Tlalpan. Fue un escándalo en su momento. Pero, como sucede siempre en tratándose de cercanos al poder –Judicial, en este caso–, al asunto “se le echó tierra” y el crimen quedó impune. Durante 2015 y 2016, Pérez Maqueda adjudicó contratos de obra pública por más de 5 mil millones de pesos, algunos sin licitación, para la construcción de centros de justicia penal y palacios de justicia federal, entre otros. En el segundo semestre de 2016, la dirección a cargo de Pérez Maqueda licitó 16 contratos para obras por casi 4 mil millones de pesos. Siete de ellos fueron adjudicados en la primera semana de diciembre. El referido funcionario asumió su lucrativo cargo en el CJF, luego de la elección de Luis María Aguilar, actual presidente de la Suprema Corta ¿de Justicia? de la Nación y, al mismo tiempo, cabeza del Consejo, a principios de 2015. Pérez Maqueda no era una blanca paloma. Venía de la PGR donde fungió como director de Recursos Materiales y Servicios Generales. Allí firmó un contrato de servicios tecnológicos que, en su gran mayoría, no fueron proporcionados. Ese ilícito también quedó impune. En el historial de Francisco Javier Pérez Maqueda llama la atención su cercanía con el presidente de la SCJN y el CJF; eran vecinos en un conjunto habitacional en San Jerónimo Lídice, donde ambos residían. Sin embargo, tras el escándalo de los millones en el auto, el gran amigo no pudo sostener en su cargo a Pérez Maqueda. Éste tuvo que renunciar para evitar daños mayores. La mafia interna lo echó, a pesar de tan poderoso padrino. El dato es que, quien denunció a Pérez Maqueda ante la PGR, fue Miguel Francisco González Canudas, entonces director jurídico del Consejo, pero quien ahora es el responsable técnico de administración en el CJF y tiene que ver con la asignación de los diversos contratos de obras y servicios. Todo un caso de intrigas, golpes y corrupción de altos vuelos en la cúpula de la burocracia dorada. El clásico “quítate tú para ponerme yo”. También es conocido el caso de los hermanos María Eugenia, Carmen y Jorge Name Sierra, quienes saltaron a la (mala) fama porque le vendieron al CJF el inmueble de Avenida Revolución 1884 en 20 millones de dólares, al parecer con un evidente sobreprecio. Los hermanos, refieren los informantes, de manera gansteril utilizaron la violencia para desalojar a inquilinos del inmueble vendido al CJF y quienes tenían contratos vigentes a la hora de la enajenación de la propiedad. Estos tres casos referidos son apenas un botón de muestra de los cochupos, los abusos e ilícitos que se dan alrededor de los contratos de obras y servicios en los terrenos del Poder Judicial de la Federación, donde es urgente, dicen los informantes, que entren escoba y detergente para limpiar ese mugrero. Hoy la SCJN y el CJF están enfrentados con AMLO por el tema de los elevadísimos salarios de sus integrantes. ¿La lucha contra la corrupción del próximo presidente generará una lucha de gigantes entre poderes? ¿Nada evitará en el Consejo de la Judicatura Federal el “año de Hidalgo”, conocida fórmula de vaciar las arcas en el último año de una administración? Lo grave es que pretenden extenderlo hasta el 2022. La corrupción en el CJF ya tocó fondo, afirman los informantes. El contrato de servicios administrados de telefonía que están por asignar amañadamente a una empresa que se esconde entre distribuidores a modo, es un descarado asalto a la nación y alguien debe impedirlo. Aquí, aseguran enfáticos, se encuentra el reto más importante para el Estado: visibilizar el combate a la inmoralidad y la corrupción que destroza el tejido social y remarca la desigualdad. No es posible que en el Poder que aplica la ley, ésta se viole de manera tan impune. ¿Le entrará el Poder Judicial de la Federación al reto de honestidad y austeridad republicana planteado por López Obrador? Los trabajadores del CJF, indignados por los abusos, ya dieron el primer paso. Y de eso, con su venia, le platicaré mañana aquí.
ww.indicepolitico.com / indicepolitico@gmail.com / @IndicePolitico @pacorodriguez
