Redacción MX Político.- Ante el riesgo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente un etiquetado frontal que advierta sobre los excesos de calorías, azúcar, grasas, sal y otros edulcorantes en sus productos ultraprocesados, la agroindustria inició el contraataque.
El pasado 13 de noviembre Fausto Costa, presidente ejecutivo de Nestlé en México, exhortó a sus proveedores a presionar al gobierno federal para impedir la entrada en vigor del nuevo etiquetado, el cual pretende reducir el consumo masivo de estos productos, que hundió a México en una grave epidemia de obesidad y diabetes.
En una carta dirigida a sus proveedores, Costa solicitó su “oportuna intervención” para “expresar a las autoridades federales nuestra preocupación por el proyecto de la norma para etiquetado”. Añadió que “en dicho proyecto se plantea calificar a distintos productos preenvasados como dañinos para la salud, al agregarles una advertencia de ‘Exceso de’ como parte de su envoltura, con la intención de desincentivar su consumo entre los mexicanos”, según informó apro.
La carta, en poder de Proceso, muestra que la agroindustria –dominada por gigantes como FEMSA, Bimbo, Nestlé, PepsiCo y Gruma– teme las disposiciones de la NOM 051 que atacan sus estrategias de mercadotecnia, como una que prohíbe usar “personajes, dibujos, celebridades, regalos, ofertas, juguetes o concursos” en las cajas de productos no saludables, como las de cereales saturados de azúcares.
“Su intervención en el caso es indispensable para evitar la destrucción de estas fuentes de empleo en momentos en que el panorama de la economía nacional es desafiante”, insistió Costa, cuyo grupo registró ventas en el país por 54 mil 656 millones de pesos el año pasado.
Además de sus voceros y organizaciones oficiales, como el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conméxico) o la Fundación Mexicana para la Salud, la industria agroalimentaria cuenta con aliados en el gobierno federal, particularmente en la Oficina de la Presidencia de la República que encabeza el millonario Alfonso Romo Garza.
Romo puso como plazo fatal a la agroindustria a más tardar el próximo 3 de diciembre para que lleve a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria una contrapropuesta a la norma del etiquetado actual, como lo muestra un intercambio de mensajes entre actores de la industria, que consultó Proceso.
Más allá de su relación directa con el clan Garza Lagüera –su familia política, dueña de FEMSA– o de su amistad con algunos empresarios de la agroindustria, Romo tuvo vínculos comerciales con ese sector.
En septiembre de 2011, por ejemplo, Romo selló una alianza por 15 millones de dólares con Grupo Nestlé y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, mediante la cual su empresa de biotecnología Agromod se comprometió a proveer 30 millones de semillas a 20 mil caficultores durante 10 años; Nestlé, por su parte, compraría el café de sus cosechas.
En junio pasado Romo contrató a Rodrigo Alanís Urdiain –representante legal de Agromod desde agosto de 2018– como asesor jurídico de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia.
En noviembre de 2017 Romo, a través de su empresa EnerAll, concretó un negocio multimillonario con Cargill, otro gigante trasnacional de la agroindustria que se dedica a proveer con materias primas a las empresas procesadoras de alimentos y bebidas y del sector farmacéutico.
EnerAll y el grupo estadunidense inauguraron una planta de 140 millones de pesos en Tizimín, Yucatán, para procesar los graneles agrícolas de productores de la región, entre ellos la propia EnerAll.
Si bien Romo renunció a la dirección de sus empresas cuando entró en el gobierno federal, en ellas permanecen sus socios –con los que armó sus negocios desde hace décadas– y familiares, lo que Carlos Urzúa Macías denunció en entrevista con Proceso en julio pasado, cuando renunció a la Secretaría de Hacienda.
El próximo 10 de diciembre concluirá la consulta pública sobre el proyecto de etiquetado, y el sector privado adelantó que aportará evidencias sobre la inocuidad de los edulcorantes sobre la salud de los niños y del jarabe de maíz fructosa; además, señalará que una reducción en el consumo de comida chatarra y refrescos afectará al campo y a las pequeñas empresas.
jvg
