Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
El cateo realizado la semana pasada por fuerzas federales en el rancho “Los Quintero”, presuntamente propiedad de José Gil Quintero -sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero-, ha expuesto una vez más la realidad que se vive en los márgenes del poder en Veracruz.
El operativo, vinculado con la desaparición del empresario Neftalí González López, no solo evidenció la presencia y acción de estructuras criminales en esa zona del estado de Veracruz en tiempo real, hoy en día y con absoluta impunidad, sino que al colocar en el centro del escándalo a una alcaldesa morenista, la munícipe de Colipa Gabriela Alejandra Ortega Molina, el gobierno de Rocío Nahle terminó exhibiéndose.
La narrativa gubernamental fue inmediata y predecible: negación, deslinde y una defensa institucional que raya en el encubrimiento. La alcaldesa, señalada por medios locales de haber sido encontrada en el rancho durante el cateo, fue convocada el lunes pasado por el gobierno estatal para “aclarar” su situación. Y lo que presentó fueron “justificantes médicos” –como los de los estudiantes cuando se van de fiesta y no llegan a clases por la resaca- que “acreditaban” una supuesta hospitalización durante el fin de semana, aunque el operativo fue el jueves 18 de septiembre.
El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, fue el encargado de hacer el “papelón” para proteger a la alcaldesa –que llegó al cargo postulada por el PRD, pero que fue “convencida” de pasarse a Morena inmediatamente- y todavía aseguró que no hay protección a delincuentes y que la presidenta municipal está dispuesta a “colaborar”.
La gobernadora Rocío Nahle, lejos de asumir una postura firme ante la gravedad del caso, optó por sumarse al guion del deslinde: “fue un operativo federal”, dijo, como si eso bastara para eximir al gobierno estatal de responsabilidad política, ya que en lugar de exigir transparencia y rendición de cuentas, se limitó a administrar el control de daños mediáticos.
Este episodio no es aislado. Forma parte de una lógica de simulación que permea a la política en Veracruz: se tolera –o se aprovecha- la presencia de actores criminales en territorios gobernados por Morena, y se encubre a los funcionarios no solamente señalados, sino atrapados “en la movida”.
Pero ¿por qué una autoridad municipal aparece vinculada, siquiera circunstancialmente, a un capo del crimen organizado?
El martes 23 de septiembre, circuló un video atribuido a la periodista Anabel Hernández –pero del que quien esto escribe no encontró evidencia en sus cuentas oficiales de que ella lo hubiese hecho realmente- en el que se expone una red de presuntas complicidades entre figuras políticas locales y José Gil Quintero.
Además de Gabriela Ortega Molina, se menciona a Marycruz Rodríguez Aguirre, excandidata del PAN a la presidencia municipal de Vega de Alatorre, y a una edil electa de Morena, como parte de un entramado de relaciones incluso sentimentales y, por supuesto, de complicidad, con Gil Quintero.
Sobre la próxima autoridad municipal no encontré algo que la relacionara directamente con Gil Quintero. Pero en el video se menciona que con anterioridad Gabriela Ortega y el capo habrían sido detenidos juntos en un hotel de Cancún, y que se habrían librado de la aprehensión mediante el pago de un soborno. Y buscando información, efectivamente, el presunto líder del cártel de Caborca fue detenido en octubre de 2023 en Quintana Roo –unas versiones lo ubican en Cancún, otras en Tulum- en compañía de una “mujer no identificada”. Y fueron liberados tras el pago de 15 millones de pesos.
En el caso de Marycruz Rodríguez Aguirre –quien buscó la alcaldía de Vega de Alatorre en 2017 postulada por el PAN, y también fue señalada en el video de tener una relación sentimental con Gil Quintero-, en junio del mismo 2023 fue acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero a un grupo delincuencial. Ella es, además, hermana de Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, exdiputada y exalcaldesa priista de Vega de Alatorre, municipio donde se encuentra uno de los supuestos ranchos de José Gil Quintero que fueron cateados por los militares hace una semana.
Algo está muy podrido en Veracruz. Y en palacio de gobierno lo intentan ocultar.
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