La iniciativa Antichatarra presentada en el Congreso de la Ciudad de México se concentra en una parte mínima de la problemática de salud pública que el gobierno no ha podido atender
Con una prohibición aplicable para la industria de alimentos en la Ciudad de México es como los diputados de Morena pretenden enfrentar el complejo problema de obesidad infantil en nuestro país. Esto al replicar la polémica Ley Antichatarra, que se concentra en penalizar al sector de producción de bebidas y alimentos procesados, los cuales representan sólo el 23% de los factores que producen esta clase de padecimientos.
La iniciativa prohibicionista que arrancó en el estado de Oaxaca llegó (cuatro meses después) a la capital del país en donde se encuentra bajo análisis de la Comisión de Salud del Congreso local. Sin embargo, más allá de impulsar un diálogo constructivo que se concentre en la salud de los menores de edad y de la mano de datos reales, los integrantes de la bancada guinda encabezados por la diputada Valentina Batres politizaron la discusión, culpando a la industria de alimentos por los altos niveles de obesidad en el país e ignorando los datos que apuntan al problema mayor que no se ha podido solucionar.
Las posturas de los morenistas dejaron fuera los datos publicados en la Encuesta Nacional de Obesidad, en donde se afirma que en México las comidas envasadas únicamente representan el 23% de la problemática de salud infantil, siendo el 77% restante responsabilidad de factores como la ingesta calórica de alimentos en la vía pública o la alimentación insuficiente.
Pero, en lugar de atender estos fenómenos a gran escala, los legisladores promoventes se concentraron en las penalizaciones. Sanciones propuestas de hasta 10 mil 860 pesos a comerciantes o particulares que vendan, distribuyan o incluso regalen alimentos procesados a menores de edad.
Asimismo, los legisladores de Morena buscan expandir las sanciones a todos aquellos particulares que donen las mercancías contempladas en la propuesta de reforma. Atribuciones que no sólo dejan fuera la opinión de pequeños comerciantes y padres de familia, sino que salen de las competencias legislativas y atentan contra la libertad individual o el derecho de los padres a decidir.
