Lilia Arellano
“¿Por qué ponemos siempre el eje en los militares? Acá hubo dos lados. El terrorismo y el terrorismo de Estado”: Mauricio Macri
● “¡Alto a la militarización!”
● AMLO domina al Legislativo y agudiza inconformidades
● Reforma electoral a discusión esta semana: Ignacio Mier
Ciudad de México, 16 de octubre de 2022.- Con el control del Poder Legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador consolida la militarización del país, mientras la sociedad exige parar el proceso de transferencia de poder a las fuerzas armadas. Luego del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de parte del grupo Guacamaya, diputados de oposición exigieron al titular de esa dependencia, Luis Crescencio Sandoval, informar del tamaño y profundidad de la filtración de datos; sin rubor alguno el general se negó y rechazó reunirse con los legisladores. La opacidad y la ausencia de rendición de cuentas caracterizan esta etapa en la cual el mandatario agudiza la transferencia de funciones a militares y marinos, mientras se viola la Constitución y los derechos humanos de los mexicanos.
En medio del escándalo por la enorme filtración de información militar clasificada perpetrada por el grupo de piratas informativos sacudiendo a varios países de América Latina, el Congreso de la Unión votó el miércoles una ley otorgando la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028, una iniciativa que preocupa a víctimas de excesos castrenses como las del emblemático caso Ayotzinapa, en donde se involucra a algunos militares. El volumen de filtraciones detonó una avalancha de denuncias periodísticas develando la influencia de los militares en la administración de López Obrador.
Con la nueva ley se consolida el protagonismo otorgado por el inquilino de Palacio Nacional a las Fuerzas Armadas, confiándoles no sólo la seguridad pública sino también labores como la construcción de multimillonarias obras de infraestructura. La alianza de AMLO con militares preocupa a defensores de derechos humanos. El Ejército “está dejando sentir su poder, ante el cual la autoridad civil está sucumbiendo, y máxime que el presidente, hoy en día, tiene acuerdos estratégicos con las Fuerzas Armadas”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, cuya desaparición forzada en septiembre de 2014 constituye uno de los crímenes más atroces de la historia mexicana reciente.
Investigaciones periodísticas surgidas a partir del hackeo denuncian el espionaje de la Sedena a los opositores al gobierno, y muestran una carta filtrada en la cual su titular, Luis Crescensio Sandoval, abogó ante López Obrador por uno de los oficiales vinculados con los crímenes de Ayotzinapa. Otros documentos indican la elaboración de propuestas de reforma constitucional cuyo fin fue la aprobación de leyes aprobadas en septiembre por la aplanadora morenista, otorgándose así el total control de la Guardia Nacional, corporación creada por el tabasqueño supuestamente para asumir la seguridad pública bajo la promesa de contar con un mando civil. Ejército habría elaborado las propuestas de reforma constitucional que Las filtraciones también prueban la aceptación de López Obrador a una propuesta de los uniformados para crear una aerolínea comercial y administrar algunos aeropuertos, información confirmada por el mandatario.
De acuerdo con los archivos hackeados por el colectivo Guacamaya, la Sedena se convirtió en cuatro años en la “supersecretaría” de la 4T, vía gestiones con legisladores y jueces, pero también mediante presiones sobre la Suprema Corte. Sin embargo, ha tenido desacuerdos con autoridades de aeronáutica civil y con el servicio de Administración Tributaria por la expansión de su poder sobre la operación de aeropuertos y aduanas. Los correos electrónicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos muestran cómo la Sedena fue la propia arquitecta de su transformación en la “supersecretaría” del sexenio. Un intercambio de correos entre la UAJ y la Consejería Jurídica de la Presidencia muestra a la Sedena a mediados de 2019, como “promovente” del acuerdo mediante el cual López Obrador ordenó la participación “extraordinaria” de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. En el acuerdo la Sedena estipula la asignación de recursos extraordinarios exigida a la Secretaría de Hacienda. El acuerdo fue publicado en el DOF el 11 de mayo de 2019, en una maniobra jurídica denunciada por la oposición. La Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional, cuestionando la validez del acuerdo.
La controversia llegó a la SCJN y el 8 de julio de 2020 el titular de la UAJ defendió el acuerdo ante la ministra Ana María Ríos Farjat. Luego de varios meses y una presión ejercida por el gobierno federal, incluyendo al propio AMLO, los ministros de la SCJN se abstuvieron de resolver la controversia. La Sedena logró asegurar su plan cuando la Cámara de Diputados aprobó la ley para extender hasta 2028 su participación en las labores de seguridad pública, elaborada por el gobierno federal y el PRI, con la supervisión del Ejército.
El gobierno de López Obrador sigue profundizando la militarización de la seguridad pública a pesar de los altos costos de esta estrategia en materia de derechos humanos y de su comprobado fracaso a la hora de abordar la violencia y el narcotráfico, dos grandes desafíos del país. México sigue padeciendo altos niveles de inseguridad y de violencia, con decenas de miles de homicidios registrados anualmente, lo que implica un enorme aumento en los últimos 15 años, sumando además un aproximado de 120 mil personas reconocidas como desaparecidas o no localizadas. La violencia, entre homicidios, desapariciones y otras formas de violencia se ha vuelto una herramienta cotidiana de diferentes actores y grupos para imponerse, enviar mensajes y buscar controlar mercados ilegales y territorios.
El tabasqueño ha fracasado estrepitosamente en su lucha contra la violencia, a pesar de haber ampliado y de hacer permanente el despliegue de fuerzas militares en tareas policiales en todo el país. Sin embargo, sigue sosteniendo son ellas las únicas que pueden hacerse cargo de este gran problema, porque las instituciones locales y civiles no pueden hacerlo. Es el mismo argumento manejado desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia en 2006, cuando anunció la militarización como una medida temporal, mientras supuestamente se fortalecían las policías y las instituciones y se retomaba el control territorial de determinadas zonas del país. El despliegue militar se prolongó a lo largo del gobierno de Calderón, y luego continuó con el mandato de Enrique Peña Nieto y ahora sigue con AMLO, para quien la militarización debe ser permanente y pone candados legales para evitar sea revertida.
Este camino de militarizar está agudizando una dinámica en la cual las Fuerzas Armadas mexicanas, que desde siempre han gozado de un alto grado de autonomía y de falta de transparencia y rendición de cuentas preocupantes, ahora tendrán cada vez más poder en esta correlación de fuerzas con las autoridades civiles. De diversas formas, la sociedad civil se opone a este proceso de militarización. El miércoles pasado, una marcha convocada por el Congreso Nacional Indígena, reunió a estudiantes de la UNAM, el IPN y la UAM, con la consigna “queremos escuela, trabajo, hospitales, no queremos militares”.
El grupo estudiantil se sumó luego de la situación deplorable en la cual encuentran algunos centros educativos de esas instituciones, como en las Facultades de Estudios Superiores y Colegios de Ciencias y Humanidades de la UNAM en donde llevan días de paro, pues consideran no hay recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de infraestructura, materiales, laboratorios y prácticas. Karla, estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, subrayó: “Es una situación que se debe resolver, no es posible que las escuelas están sin recursos, yo creo que a la educación la están dejando al último y no debe ser así, nos deben dar los recursos necesarios para estudiar. A los planteles les falta mantenimiento, nosotros necesitamos educación gratuita y hay veces que se nos exige comprar libros, comprar material que no todos tenemos el presupuesto para obtenerlos, necesitamos más presupuesto a las escuelas, pero eso hoy estamos aquí”.
A esta marcha, no asistió ningún grupo de identificados por el Ejército como anarquistas o subversivos, según documentos filtrados por los hackers de Guacamaya. La Sedena enlistó 23 organizaciones, ninguna participó. Los asistentes fueron Brigada Acción Mitotera, Organización Popular Francisco Villa, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, conformada por 20 organizaciones, Red de Resistencia y Rebeldía (RRD), Congreso Nacional Indígena (CNI), Normalistas de Ayotzinapa, Movimiento de los Trabajadores Socialists (MTS) y la Red Universitaria Anticapitalista (RUA).
DE LOS PASILLOS
Esta semana iniciará la discusión de la reforma político electoral, confirmó Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. El diputado morenista adelantó: se pondrán en el texto de la Constitución tres conceptos irreductibles: tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso; que sus integrantes sean electos democráticamente; y que se profundice realmente en la ciudadanización de los que integran el Consejo General de este órgano electoral…la propuesta de reforma político-electoral se espera sea discutida en la siguiente semana, en Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales. Esta reforma será mixta, es decir, con leyes secundarias y reforma constitucional… ¿Saldrá?
