Luis farías Mackey
Se rehusó a acudir a comisiones al Congreso bajo protesta de decir verdad por diez largos meses, finalmente Álvarez Buylla acudió y confesó que parte el dinero de los fideicomisos se fue las obras emblemáticas y obscuras de este gobierno.
Han pasado dos años que, con la excusa de la corrupción, fueron extinguidos 109 fideicomisos y sus recursos confiscados en un acto autoritario sin precedentes. No hay una sola carpeta de investigación abierta en torno a las supuestas y generalizadas corruptelas ni nadie en la cárcel. Tampoco hay la información que sobre ello se prometió como justificación.
Como en el matrimonio, cuando se extingue una figura de asociación, primero desaparece formalmente la existencia del ente social y luego, conforme a derecho, se liquidan los bienes de la misma.
Pero en el caso de los fideicomisos lo que importaba y urgía eran los bienes. Tenían un problema grave y no era la corrupción. El problema era que los recursos afectos a los fideicomisos quedaban ajenos y lejos del uso discrecional de Palacio.
No era la corrupción, sino la afrenta que hubiese dinero del que el presidente no dispusiera libérrimamente. López Obrador confundió un triunfo electoral por mayoría con la escrituración del país a su persona.
Muchas cosas se alegaron sin prueba sobre los fideicomisos, pero Elena Álvarez Buylla, triste Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), dos años después de la extinción de 109 fideicomisos con dinero público, de los cuales casi 50 eran para investigación científica, reconoció la noche del pasado jueves que parte de esos recursos se entregó a la Tesorería de la Federación para los “proyectos estratégicos” de este gobierno, como son la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Fue en una reunión con diputados y senadores de las comisiones de ciencia que, finalmente la funcionaria no pudo evitar, y tras varias cancelaciones de su parte el jueves confirmó lo que todo mundo sospechaba: la desaparición de los fideicomisos y la confiscación de sus recursos fue para disponer de ellos al margen de los presupuestos autorizados y las obligaciones que la ley impone al Estado, no sólo en su destino, sino en su administración y uso.
Múltiples fueron las manifestaciones públicas de científicos, deportistas, cineastas y becarios, gobernadores, presidentes municipales, médicos, madres de familia y grupos organizados de la sociedad civil exigiendo la no extinción de los fideicomisos y confiscación de sus recursos. A pesar de esa oposición, los partidos MORENA, PT y Verde Ecologista, avalaron su desaparición y toma del dinero en octubre de 2020, al grito de ¡Es un honor, estar con Obrador!
Dos años después del robo de 109 fideicomisos, Alvarez Buylla, confesó públicamente ante diputados y senadores que parte de sus recursos se entregó a la Tesorería de la Federación para los “proyectos prioritarios” de este gobierno. Proyectos que, ahora, el gobierno federal considera como asuntos de seguridad nacional y maneja en absoluta oscuridad.
La comparecencia de la funcionaria se realizó después de 10 meses de retrasos, debido a cancelaciones previas y sucesivas de la responsable de la política científica del actual gobierno, mismas que merecieron sanciones legales jamás impuestas por sus desacatos. Esperemos que esta confesión de parte de las presuntas confiscación y malversación de fondos públicos si conlleve, al menos, una carpeta de investigación.
El pasado 25 de mayo, tras la última cancelación de Alvarez Buylla al Senado, el propio Ricardo Monreal, líder de Morena en la cámara alta, expresó que no tolerarían otro “desacato” de la directora de Conacyt.
Una inconformidad más fue expresada al inicio de la sesión de trabajo el pasado jueves por el diputado del PAN y ex director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, quien señaló que en la Cámara de Diputados estaba el lugar donde se esperaba la presencia física de Alvarez-Buylla y criticó que la comparecencia se hubiera realizado por internet, en reunión virtual.
La desaparición de los fideicomisos fue decidida, sin haber realizado auditorías y en contra de numerosas recomendaciones y manifestaciones públicas de académicos que explicaron que, al desaparecer los mencionados fideicomisos, se dañarían proyectos trans-anuales de investigaciones y coinversiones científicas hechas con organismos como Banco Mundial, las agencias de cooperación internacional de otros países y universidades extranjeras. Esto, en lo relativo de 44 fideicomisos relativos a la ciencia, tecnología e investigación.
A pesar de esa oposición, los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, avalaron su desaparición y confiscación del dinero en octubre de 2020.
Se calcula que el monto de dinero que el gobierno federal obtuvo al confiscar los recursos afectos a esos fideicomisos fue del orden de 45 mil millones de pesos. De ese dinero, aproximadamente 21 mil 853 millones se habrían entregado a la Federación para los llamados “proyectos prioritarios”, según se explicó el jueves por la noche.
“Parte de esos recursos fueron invertidos con esta claridad y eficiencia, y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar; a los recursos disponibles de la TESOFE (Tesorería de la Federación) para proyectos prioritarios a nivel del Gobierno Federal, incluyendo los de ciencia y tecnología”, fue la respuesta de la directora de Conacyt a Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PRI, quien le preguntó:
“¿Cómo se han integrado al financiamiento de la ciencia los recursos que estaban en los fideicomisos?”
Con información de La Crónica de Hoy.
