El fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha sido imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, marcando un hecho sin precedentes en la historia del país. La imputación se deriva de la filtración de información relacionada con el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien está bajo investigación por fraude fiscal.
A pesar de la presión política y mediática, García Ortiz anunció que no presentará su renuncia, argumentando que “la continuidad en el cargo es lo más prudente y menos gravoso”. Esta decisión cuenta con el respaldo del gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez y de los partidos que forman la coalición en el poder, el PSOE y Sumar.
El fiscal general, nombrado en su momento por Sánchez, ha recalcado que su autonomía es clave para garantizar la imparcialidad del Ministerio Fiscal en casos de corrupción y abuso de poder. En un comunicado, García Ortiz señaló que la imputación es una situación “inédita” que requiere “una profunda reflexión sobre sus implicaciones para la justicia y el funcionamiento de la Fiscalía”.
El presidente Sánchez ya había adelantado su respaldo al fiscal en caso de una imputación, postura que reiteró el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños: “Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”, afirmó Bolaños.
Por otro lado, el Tribunal Supremo también podría ampliar su alcance investigativo. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se inicien los trámites para imputar al exministro José Luis Ábalos, antiguo aliado de Sánchez y actual diputado independiente. Se le acusa de delitos graves como cohecho, tráfico de influencias y participación en una organización criminal.
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