Lilia Arellano
“La diplomacia substituye a la fuerza”: Hyppolyte Taine
● Amenazas de Trump empujan las políticas de AMLO
● México, a prueba otros 45 días, festeja la Cancillería
● Ebrard descarta considerarnos un “Tercer país seguro”
● El país, candidato al Consejo de Seguridad de la ONU
● Presenta alcalde una controversia contra “Ley Bonilla”
● Ingobernabilidad ante el III Informe de Carlos Joaquín
Ciudad de México, 21 de Julio de 2019.- En mes y medio, México cayó en el juego electoral de Donald Trump y ante la amenaza de nuevos aranceles a productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien mantiene la estrategia de no confrontar a su vecino del norte, endureció los controles migratorios con el despliegue de la Guardia Nacional y cumplió las demandas de Estados Unidos. En los hechos, se convirtió en un ”Tercer país seguro”, y construyó en territorio mexicano el anhelado muro contra la migración centroamericana prometido por el magnate a su electores, lo cual ha sido severamente criticado por expertos en derecho internacional y diplomacia, como Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el domingo en un tweet: “hay un gran progreso” en su frontera sur. Horas más tarde, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reunió en la Cancillería mexicana con el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, a quien confirmó “nosotros hemos hecho todos los compromisos en los que quedamos”, refiriéndose al acuerdo suscrito el pasado 7 de junio en Washington, y consideró innecesario iniciar negociación alguna con respecto a un eventual acuerdo de “Tercer país seguro” entre México y Estados Unidos. Pompeo reconoció los “significativos avances” en las acciones de la gestión de López Obrador en materia migratoria. El canciller mexicano festejó acordaron se extienda a 45 días más la aplicación de operativos en la frontera sur.
Un comunicado de la Cancillería informó Ebrard Casaubón solicitó a Mike Pompeo la reinstalación del Programa de Repatriación (PRIM), el cual brindaba apoyo a los ciudadanos mexicanos regresados de EU, suspendido en 2018; y expresó la preocupación del gobierno mexicano respecto a los aranceles impuestos al tomate mexicano, pues estas medidas afectan, de manera negativa, a más de un millón de empleos generados en territorio nacional. Por su parte, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter, señaló: “México es uno de nuestros socios más importantes para aumentar la prosperidad y la seguridad de nuestros países y la región”.
Ebrard y Pompeo se reunieron en privado en las instalaciones de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE) para analizar, entre otros temas, el migratorio, el plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica, y los avances de la ratificación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
De acuerdo al comunicado de Relaciones Exteriores: “Por otra parte, se planteó la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y los activos vinculados con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y se solicitó que el gobierno de Estados Unidos despliegue un operativo, en conjunto con el gobierno de México, para frenar el tráfico ilegal de armas que entran a nuestro país en San Diego-Tijuana, el Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos estratégicos para frenar ese trasiego”. Ebrard reportó el lunes: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) han detectado este año un incremento en el número de armas utilizadas en diferentes hechos delictivos. El mayor incremento se ha dado en armas de asalto, con un 122 por ciento; en rifles automáticos 63%; y en armas pequeñas y rifles, 9 por ciento.
La felicidad de Trump y Pompeo tiene razón de ser por los buenos resultados alcanzados tras sus amenazas y presiones arancelarias: México batió en junio el récord de deportaciones: un total de 21,912, un 33% más que el mes anterior, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración (INM). También incrementó el número de extranjeros detenidos en México, por encima de los 29 mil, un 23% más que en mayo. Las más de 21 mil personas deportadas en junio contrastan con la 6,373 expulsadas en diciembre, un incremento del 71% en siete meses. En todo este tiempo, México ha deportado 82,132 personas, 22 mil más que en el mismo periodo del año pasado.
A partir del pacto migratorio entre Estados Unidos y México, la cifra de personas quienes llegan a la frontera con la Unión Americana bajó de tres mil 880 a dos mil 652 por día, reportó durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador, quien también confirmó la detención de un tráiler con 150 migrantes indocumentados. “Hoy se detuvo una caja más de la misma empresa con letreros de la tienda Soriana con alrededor de 150 migrantes, aparentemente era mercancía para Soriana, ya la misma empresa presentó denuncia, porque era una simulación, un camuflaje para trasladar a migrantes”, reportó y explicó se trata de la misma compañía de la cual se detuvieron tres trailers hace algunas semanas, con más de 700 migrantes y cuya sede está en Celaya.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sostuvo México actúa ya en la práctica como tercer país seguro con respecto a la migración hacia Estados Unidos y la Secretaría de Gobernación mantiene una política de persecución a los migrantes y ha convertido al país en una jaula: “ni pa´tras, ni pa´delante”. Entrevistado al termino de su participación en el foro “La agenda global de desarrollo: el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en México”, el legislador consideró los mexicanos no pueden ser “socios de la migra” ni frenar a los migrantes, porque ello significa hacer un “favor inconstitucional” a Estados Unidos.
PLAN MARSHALLL PARA FRONTERAS SUR Y NORTE DE MÉXICO
A fin de compensar sus cesiones en materia migratoria, México inició un plan de desarrollo en el sur del país y Centroamérica, el cual cuenta con el apoyo verbal de organismos internacionales y de Estados Unidos. Apenas el viernes pasado el gobierno de México entregó 30 millones de dólares al Presidente del Salvador, Nayib Bukele, para impulsar un programa de desarrollo en el campo diseñado por la administración de López Obrador. El objetivo de México es lograr que las buenas palabras se traduzcan en financiación. La ayuda económica permitiría poder concretar un plan Marshall para la migración centroamericana.
Para atraer mayor inversión extranjera directa, aumentar el contenido nacional y norteamericano; reducir el déficit comercial con diferentes países y balancear el crecimiento de las regiones del país, la Presidencia de la República arrancó hace más de un mes negociaciones con empresarios mexicanos y estadounidenses para arrancar una versión reducida del “Plan Marshall”, el cual busca impulsar la inversión masiva en diversas regiones del territorio nacional, particularmente en las fronteras norte y sur y en los países centroamericanos.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, es el encargado de llevar el plan a la iniciativa privada y ha estado en conversaciones con empresarios. Les ofrece certeza y confianza para convertir a México en un paraíso de inversión, a través de la creación de empresas para hacer crecer las exportaciones y subir la inversión extranjera en el país, a fin de permitir resolver los problemas de infraestructura y logística.
Entre las ofertas a los inversionistas destaca llevar al sureste proyectos para potenciar el crecimiento y el desarrollo, como el gas natural como factor determinante de crecimiento de las oportunidades económicas para la población. De acuerdo con este proyecto, con la inversión en el sureste del país y proyectos productivos, el gobierno también pretende solucionar de raíz el problema migratorio.
Romo Garza, también presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han sostenido encuentros privados con empresarios de diversas regiones del país (Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, de inicio), dedicados a diversos sectores como acero, calzado, textiles, azúcar, financiero, Afores y otros, mientras Marcelo Ebrard corre por el mundo para amarrar los apoyos entre los organismos internacionales, principalmente de la ONU.
MÉXICO CANDIDATO AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
México será candidato a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras recibir el apoyo latinoamericano, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video publicado en sus redes sociales. Dicho consejo está integrado por 15 naciones: 5 permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unidos e Irlanda del Norte y Estados Unidos; y 10 más son emergentes y participan por periodos.
Tras una reunión con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, AMLO precisó México recibió el apoyo de todos los países de América Latina y el Carie, con 33 votos, para ser candidato a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. “Estamos recuperando en el mundo la fama y la gloria de nuestra gran nación”, dijo el tabasqueño quien por ciento debería de bajarle tres rayitas a su entusiasmo, porque la elección para conocer si México podrá estar dentro de ese consejo de la ONU será en 2020, y además el asiento no le genera grandes beneficios a México, más bien le provoca responsabilidades pues es una posición sensible a nivel internacional.
Del proceso de campaña de convencimiento en otros países, explicó De la Fuente, se utilizarán tres frases de mexicanos representativos: “Nos vamos a mover por tres elementos fundamentales: la idea ciñera de Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”; el mural “Fraternidad” de Rufino Tamayo y una Pirámide detrás la cual recuerda México es un país milenario y tiene mucho que ofrecer al mundo; y los principios constitucionales de México en política internacional”, a saber: la autoderminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igual jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad de determinar cuándo y dónde se debe desplegar una operación de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Responde a las crisis en todo el mundo, según un análisis caso por caso. Establece una operación de mantenimiento de la paz mediante la adopción de una resolución del propio Consejo de Seguridad, en la cual se determina el mandato de la misión y su envergadura.
Con fundamento en el Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, todos los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y acatar las decisiones del Consejo de Seguridad. Si bien otros órganos de la ONU hacen recomendaciones a los Estados miembros, solamente del Consejo tiene el poder de adoptar decisiones que los Estados Miembros están obligados a poner en práctica.
Así, se trata de más de responsabilidades que “fama o gloria”.
SÁNCHEZ VAZQUEZ PRESENTA RECURSO CONTRA “LEY BONILLA”
El alcalde panista de Mexicali, Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la intención de ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de esa entidad.
Aunque la reforma no se ha promulgado, el edil sostiene están dentro del plazo para interponer su queja pues están impugnando el proceso legislativo. A fin de que la reforma a la Constitución local sea válida, es indispensable los cinco ayuntamientos del estado también lo aprueben, y después el legislativo avale todo el proceso, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
Sánchez Vázquez hizo un llamado al resto de los ayuntamientos de Baja California para que también impugnen por esta misma vía la llamada “Ley Bonilla”. Este conflicto seguirá un camino jurídico y será la SCJN quien defina sobre la ampliación de los tiempos de mandato en Baja California, lo cual, como lo señaló Cuauhtémoc Cárdenas, viola el poder electoral de la ciudadanía.
El pasado 8 de julio, el Congreso de Baja California avaló la reforma al Octavo Transitorio Constitucional, solicitada e impulsada por el diputado local de Morena, Víctor Morán, para ampliar el periodo de la gubernatura del morenista Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años. Legisladores de Morena y la mayoría panista violentaron la democracia bajo el argumento de que un periodo de dos años representaría un gasto sustancial para el erario mientras un mandato de cinco años beneficiaría a la economía local..
Además, debe realizarse una investigación a fondo a los legisladores quienes la aprobaron, pues se denunció en medios de información recibieron a cambio hasta un millón de dólares para apoyar esa iniciativa, y de ser necesario debe aplicarse el castigo correspondientes. A principios de junio, Benjamín Gómez Macías, presidente del Congreso de Baja California, denunció que funcionarios le habían ofrecido un millón de dólares para coadyuvar en un proceso legislativo a ampliar los años de gobierno de Bonilla.
Esta ampliación de mandato no solo es ilegal, sino también inmoral.
DE LOS PASILLOS
En Quintana Roo, por más ganas y buenos deseos que se tengan para hablar solamente bien y agradecer los bienes recibidos aunque todos provengan solamente de la Madre Naturaleza, lo registrado día tras día resulta todo un gran y grave impedimento. Dentro de poco más de un mes tendrá lugar el tercer informe de gobierno de Carlos Manuel Joaquín González y la ingobernabilidad está a la vista. Apoyados en una autonomía los del Poder Judicial hacen su voluntad sin ningún respeto ni a las leyes ni a la magistratura ocupada. Se tiene a un Carlos Lima, acusado, ejerciendo y viajando en una embarcación proporcionada por la mismísima Marina, lo cual da cuenta de la impunidad que hace gala al igual de la mostrada por Verónica Gloria Acacio Trujillo. Apenas también se dieron cuenta de las necesidad de darle una revisada a fondo a la documentación sobre la concesión otorgada a AGUAKAN, porque solamente se habían dedicado a mencionar la cifra económica desviada y de la cual el principal protagonista, vástago de un gran amigo del gobernador, se mantiene prófugo…
Parece mentira se hubiese engañado al gobernador con el manejo dado a las aportaciones de agua y víveres enviados para quienes luchaban contra el fuego en la reserva de Sian Ka´an. El vandalismo de los federales estuvo totalmente protegido por los estatales y como muchas otras en Quintana Roo, nadie vio y nadie supo. La incidencia delictiva en prácticamente todas sus modalidades va a la alza pero el tema principal es obligar a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, a presentar las pruebas en contra de Jesús Alberto Capella, el titular de la SSP quintanarroense, en tanto el funcionario policiaco se dedica a investigar a policías, meterlos a la cárcel y mantener su registro, desde el día su llegada, desde el momento en el cual el gobernador le asignó tal responsabilidad, de muertos, heridos, asaltos, secuestros, extorsiones, etcétera…
Ya se verá si la exposición hecha a la titular de CONAGUA influye no solo en la investigación de la concesión sino para frenar los abusos, los cobros sobre consumos no realizados, obliga a la revisión sobre los medidores debidamente alterados, mete al orden a CAPA y su dejar hacer, dejar pasar, ni molestar al concesionario ni con una llamada de atención, mucho menos haciéndose eco de un solo reclamo de los usuarios. La complicidad entre CAPA y Aguakan está a la vista, Blanca Elena Jiménez Cisneros, tiene en su cancha el balón y si nos atenemos a la expulsión de la corrupción de las filas de la 4ª T estaremos ciertos de que, a diferencia del titular de CAPA, no se dejará comprar ni por esta poderosa empresa parte de un holding con accionistas suficientemente conocidos ni por los de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estatal…
Otro botón de muestra de la conducción inapropiada dentro del gobierno de la ex grandiosa perla del Caribe Mexicano está en la recoja de basura, en la concesión de la cual, a decir de la presidenta municipal y de los regidores, no hay ningún convenio celebrado por parte de la concesionaria SIRESOL, porque a decir de José Luis Acosta Toledo, los responsables le aseguraron no dejó nada Remberto Estrada, antecesor de Mara Lezama, la alcaldesa actual. Por lo tanto, de no existir ningún acuerdo o convenio o trato o como quiera llamársele al cochupo disfrazado de recoja de basura, éste no existe y, por lo tanto, pude hacerse un nuevo concurso en el cual se deje fuera a quien ha incumplido, como se ha visto con Siresol, se retomen los más de 20 camiones comprados con los impuestos de los benitojuarenses y entregados al concesionario y se finquen responsabilidades a quienes actuaron sin ningún respaldo legal, acusándose también a los funcionarios municipales por haberles pagado por un servicio no autorizado y obviamente ilegal porque, al igual de las leyes, su desconocimiento de inexistencia del documento no los exime de responsabilidad.
Apenas va vislumbrándose la ruta a seguir del Tren Maya. Una investigación cartográfica realizada por el grupo de geógrafos Geocomunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible reveló la existencia 330 kilómetros (34% de los casi mil, donde no hay todavía rieles construidos), los cuales no cuentan con derecho de vía. De esta manera, para colocar vías de tren en esas zonas, se debería indemnizar y expropiar a los dueños. Los caminos y la infraestructura para su tendido, de acuerdo con los contratos que está licitando Fonatur, requerirán de 40 metros de ancho. Así, se calcula harán falta mil 316 hectáreas –el doble del Bosque de Chapultepec- para que la administración federal obtenga ese derecho de vía y pueda construir los rieles. De éstas, 943 son de propiedad ejidal, lo cual afecta a 40 ejidos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Si no se llega a un acuerdo con los dueños, la ley permite al Estado expropiar. Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, subraya la inexistencia de información oficial al respecto, con lo cual predomina la incertidumbre y la especulación sobre este importante proyecto turístico y de infraestructura para el país.
El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, March Fenich, presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos el documento en el cual pide la revisión de la cadena perpetua más los 30 años, que el juez Brian Cogan dio al ex líder de Cártel de Sinaloa. Es probable en esa apelación indique supuestas irregularidades en el proceso de Guzmán Loera, quien durante el juicio reclamó no había recibido un trato justo y su litigio se había desarrollado sobre todo en los medios…
Desde las 9:00 horas, cientos de campesinos de las organizaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC) se concentraron en el Hemiciclo a Juárez, y desde ahí se movilizaron al Zócalo capitalino para manifestarse frente a Palacio Nacional, a fin de demandar eliminar los subejercicios en los programas productivos del campo, recibir información transparente y veraz sobre los recursos públicos aplicados al programa de apoyo al campo y denunciar la exclusión de estas organizaciones de las políticas públicas del gobierno federal. Horas más tarde, el subsecretario de Gobierno de la Segog, Ricardo Peralta, informó de la instalación, el mismo lunes, de una mesa de diálogo, con la participación de distintas dependencias, a fin de atender las demandas de ese colectivo de organizaciones campesinas.
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