Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano
“Hay que distinguir al hombre de su cargo”: Friedrich Schiller
● AMLO: “El Ejército me obedece”
● Poder civil sometido al poder militar
● 4T¿infiltrada por crimen organizado?
● Difícil hacer realidad el recorte al PJF
Ciudad de México, 12 de octubre de 2023.- Al régimen autoritario de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) le son indispensables las Fuerzas Armadas para seguir detentando el poder al menos otros seis años más. El proyecto de “maximato” requiere forzosamente la “lealtad” en caso de ejecutarse un monumental fraude para retener el poder en manos de Morena y su candidata, Claudia Sheinbaum, ante un posible fracaso de la elección de Estado y una eventual derrota en las urnas frente a la aspirante de oposición, Xóchitl Gálvez. El empoderamiento del Ejército realizado por el macuspano tiene el riesgo de traducirse en una sistemática pérdida de libertades democráticas, y de llevar a México a un callejón sin salida. Y la cuestión fundamental ahora es: ¿quién manda a quién, o quién obedece a quién? ¿AMLO al Ejército, o el Ejército al mandatario?
López Obrador permitió y permite al Ejército involucrarse en todos los temas. Le ha adjudicado: las construcciones de bancos, de hospitales, del Aeropuerto Felipe Ángeles, de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del tren transístmico, el control de puertos y aeropuertos, así como de la seguridad pública federal y la Guardia Nacional, además de la seguridad pública de entidades federativas, al punto que termina dependiendo de las Fuerzas Armadas, de una cofradía dentro del Ejército, para poder gobernar; sin embargo, hay indicios de la infiltración del crimen organizado en estos uniformados, como sucede con el propio gobierno federal. De ahí el sexenio más violento de la historia sin visas de solución en esta administración, las matanzas diarias, las masacres, las desapariciones, las fosas comunes, la rebelión de civiles en apoyo a organizaciones criminales, el control completo de territorios por parte de los cárteles, quienes exigen su parte del pastel de poder que ayudaron a alcanzar a Morena.
Como candidato presidencial, López Obrador exigió al entonces presidente Enrique Peña Nieto “atender el flagelo de la violencia”, regresar a los militares a los cuarteles, y pidió la renuncia del gabinete de seguridad, en el cual se incluía al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda. Ya como presidente, simplemente cambió de opinión, como él mismo lo admitió públicamente, e hizo lo contrario: asumió la política de “abrazos, no balazos”, lo cual implicó en la práctica pactos de impunidad con las organizaciones criminales; no sólo no regresó a los militares a los cuarteles sino los empoderó aún más, a niveles no vistos en la historia reciente de México; y ahora el mandatario, como prueba de ello, entregó la condecoración al general Salvador Cienfuegos por haberse desempeñado como titular del Colegio Militar, además de asumir la defensa total del militar acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
Cuestionó: “¿Por qué les molesta tanto?”, y dijo que no sólo por una posible vinculación con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por la investigación por presuntos nexos con el narcotráfico en Estados Unidos, que, reiteró, fue una venganza de la DEA. Asumiendo el rol de su abogado defensor, López Obrador alegó que en la investigación, la cual no se conoce públicamente en México, no hay nada donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa, “para que quede bien claro”, subrayó. Y en torno a la investigación en Estados Unidos, en la cual su gobierno pidió al entonces presidente Donald Trump y a la fiscalía estadounidense se retirarán señalamientos contra el ex secretario de la Defensa Nacional del ex presidente Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, por asuntos de diplomacia, -amenazó con retirar toda colaboración antinarco y en materia de migración. Su administración, dijo, actuó porque consideró se trataba de una violación a la soberanía por parte de la DEA.
Asumiendo poses nacionalistas, López Obrador insistió en la defensa del general Cienfuegos: “… se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior, pero independientemente que era el secretario, pudimos constatar que fue una venganza y que no había elementos. Los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército mexicano, unas fuerzas armadas de México debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados para que ellos puedan hacer y deshacer en México como les permitía Calderón”.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo que las críticas por el reconocimiento entregado a Salvador Cienfuegos ayer en Perote, Veracruz, es porque hay “mucha desinformación y mala fe de parte de quienes manejan esto”. Y consideró: “Lamentablemente se han politizado estos asuntos y los manipulan -desde- el conservadurismo y es bueno se trate así con claridad porque hay mucha gente honesta, progresista, vinculada a nuestro movimiento que llega a confundirse pensando que somos iguales”. Sin embargo, dentro del propio Ejército mexicano, mandos militares consideran no es inocente el general Salvador Cienfuegos, aunque le hayan retirado los cargos. Al no ejercerse ninguna acción penal en el caso de “El Padrino”, como lo designaron los fiscales estadounidenses, se comprueba el poder civil en México está sometido al poder militar, y el gobierno de la 4T está infiltrado por el crimen organizado. Esto pone en riesgo el desarrollo democrático del país.
Para el general en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez, “ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el ex secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual titular de la Sedena, General Luis Cresencio Sandoval González.
Debieron medir las consecuencias de no investigar. Si nos atenemos: “el que nada debe, nada teme·el general debió someterse a la investigación, es más si esta cierto de su inocencia, entablar la denuncia en contra de la DEA, de los EU por causarle daños a su persona, en su trabajo, a su familia presente durante la detención. La dependencia gringa si practica: todos son inocentes hasta comprobarse lo contrario” y para la presentación ante un juez de cualquier ciudadano ya sea estadounidense o de otro país, deben contar con una carpeta de investigación con pruebas, no solo con otro tipo de elementos. De ahí surgieran tantas dudas.
En agosto de 2019, un jurado federal de Estados Unidos, en el distrito este de Nueva York, acusó al general Salvador Cienfuegos “de participar en un plan de importación y tráfico de drogas” orquestado por Juan Francisco Patrón Sánchez, el “H2”, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva. El 15 de octubre de 2020, Cienfuegos fue arrestado en EEUU; y un mes y medio después, tras una fuerte presión diplomática del gobierno de AMLO, el general de División fue entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia desde donde se determino en tan solo dos meses, sin una investigación real de por medio, las pruebas documentales aportadas por la DEA, demostraban: “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”. Hubo una decisión exprés desde Presidencia de la República para dejarlo en libertad sin consecuencias.
López Obrador insistió este jueves “A mí me obedecen”, en respuesta a que el Ejército no sigue sus órdenes como comandante supremo de las Fuerzas Armadas para entregar toda la información sobre el periodo de Guerra Sucia y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En la conferencia mañanera manifestó ser el investigador en Jefe del caso Ayotizinapa. “Yo personalmente estoy conduciendo esta investigación y nos estamos reuniendo periódicamente para ir a fondo”, porque, explicó, “no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos”, en referencia organizaciones en defensa de derechos humanos y abogados representantes de las víctimas. Ante la información sobre la renuencia de los mandos de la Defensa a entregar toda la información de la Guerra sucia y del caso Ayotzinapa, el presidente aseguró: “no es cierto, están mal informados, no están siendo objetivos. Primero, a mí me obedecen; hay, por convicción, la voluntad de esclarecer todo, no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente”.
Acusó hay infiltrados del conservadurismo en su movimiento y cada día se encuentran nuevas cosas “porque había muchísima simulación, hay muchísima simulación. Muchos de los que nos cuestionan estuvieron en contra de nosotros aun siendo de izquierda”. Señaló al Mecanismo parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, y dijo “si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen y ya buscamos a otras personas que nos ayuden”.
Justificarse para no seguir perdiendo simpatizantes para la continuidad de su régimen es el reto.
DE LOS PASILLOS
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sostuvo: “el silencio” ante la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, dictamen cuya discusión en el Pleno de San Lázaro se trasladó hasta la próxima semana, “no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer” acciones desplegadas para proteger derechos de los trabajadores del PJF. Durante una videoconferencia con representantes de jueces y magistrados federales del país, la ministra pidió a los juzgadores transmitir el mensaje a sus homólogos de que ministros, consejeros y funcionarios de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) están dedicados a velar por los derechos del personal y por la autonomía e independencia del PJF. La ministra presidenta de la SCJN también indicó: “Mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal”…
En la sesión extraordinaria de este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) propondrá como nueva fecha de inicio de precampañas el 20 de noviembre y el 18 de enero como conclusión, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les ordenó modificar el calendario. Asimismo, el proyecto propone que la elección interna de los partidos políticos, la asamblea nacional electoral o su equivalente o la sesión del órgano de dirección para la selección de candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, deberá realizarse a más tardar el 24 de enero de 2024 y por el principio de representación proporcional el 31 de enero del mismo año…Ya están las listas y los listos, veremos como queda el marcador final.
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