Francisco Gómez Maza
• Los decretos benefician a los poderosos
• No respetan los sacros derechos populares
Todo un galimatías se ha creado en torno a la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto presidencial que no fue consultado como debe ser llevada a consulta toda política pública que afecte a la nación entera. Pero vamos a tratar de descubrir cuál es la verdad. Se privatiza, o no, el agua.
Como le declaró Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, experto en derechos sociales, económicos y culturales, de la UNAM. “no es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados técnicamente sólo es un cambio de régimen. Sí va a contribuir para que actores privados puedan apropiarse de bienes, que antes estaban en manos del gobierno”.
No es pues una privatización in stricto sensu, como la han calificado muchos anti peñistas, pero no nos hagamos guajes: el decreto, o los decretos presidenciales, sí abren las puertas para que los capitalistas privados se apoderen del agua con la anuencia gubernamental, un paso más hacia el predominio del capital sobre la fuerza de trabajo, hablando en términos científicos. Lo que han hecho hasta ahora los expertos en el fracasado neoliberalismo, que ya no se practica ni en Chicago, ni en el Fondo Monetario Internacional y menos entre los economistas de Wall Street, mucho de los cuales cargan Das Kapital en el sobaco.
La Ley de aguas nacionales faculta al presidente para tomar decisiones como la eliminación de la veda de las cuencas hidrológicas por decreto.
“No es una decisión ilegal. Pero es arbitraria en un sentido simbólico de que no preguntó, no consultó a nadie y tomó una decisión muy significativa sobre un bien fundamental sobre la vida, como lo señaló a Verificado 2018 Rodrigo Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialista en derechos sociales, económicos y culturales, de la UNAM.
La eliminación de la veda, a través de un decreto, como lo hizo Peña Nieto, es legal, pues “la reserva de agua sólo se puede hacer por decreto”, explica Eugenio Barrios, director del “programa agua” del Fondo Mundial para la Naturaleza México (WWF por sus siglas en inglés). Pero la organización Agua para Tod@s plantea, a través de un análisis, la posibilidad de privatización que se abriría tras la firma de los decretos.
“Estos decretos van a permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbano”, expresan.
Señalan que las empresas trasnacionales se verán directamente beneficiadas con la eliminación de las vedas, pues “requieren de concesiones con seguridad jurídica”.
Otro punto es que, según la organización, aunque los decretos están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.
Con relación a la vigencia de 50 años de los decretos, Agua para Tod@s señala que cada estado podrá solicitar los volúmenes requeridos, sentando así “las bases para la privatización vía trasvases y la concesión de servicios de agua y saneamiento”.
Añaden que los decretos desconocen los derechos de los pueblos indígenas, “empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida. Desconocen también su derecho a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios”.
El pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Pero el gobierno se cuidó muy bien de que el respetable no se enterara, pero le salió el tiro por la culata pues, aunque la firma de los decretos ocurrió 12 días antes del partido entre las selecciones de México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 y no mientras se realizaba el encuentro, esta inexactitud fue la que se impuso en la opinión pública y la que circuló en redes sociales, lo que irritó seriamente a la opinión pública.
Y perdón, pero más que noticia falsa la de la firma de los diez decretos presidenciales fue una noticia mañosa. Aunque las autoridades lo nieguen y digan que el agua no se privatiza, los decretos sí ponen las bases para que las grandes empresas explotadoras del subsuelo, minas, petróleo, gas se apoderen del agua que es de todos.
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