• Ir de las maldiciones, bendiciones
• No burlarse más de los campesinos
En el Pacto por México, el gobierno de Peña Nieto y los dirigentes de los tres partidos políticos más influyentes se comprometen a (acuerdo 2.8) transformar el campo en una actividad más productiva… garantizar la seguridad alimentaria… contener el precio de los alimentos, erradicar la pobreza extrema, promover a un sector de la economía que produce por debajo de su potencial… y erradicar otras maldiciones.
Y es que, cuando los gobiernos de la Revolución les entregaron las tierras a los campesinos, no les dieron los medios para hacerla producir, lo que fue una burla. Ahora, los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios siguen sufriendo la carencia de crédito suficiente, oportuno y barato, como lo escribió – ¡en 1966! – en su tesis Graciela Brasdefer Hernández.
La situación no ha cambiado para bien. Es más, como la tortuga, ha ido para atrás. La realidad actual: los pequeños productores no tienen acceso al crédito formal, ni a la asistencia técnica, razones suficientes por las que la pobreza y marginación modelan el rostro del campo mexicano.
Actualmente, como lo advierte el doctor Alberto Cruz Uc Hernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Campeche, hay nuevos retos como los parámetros de calidad e inocuidad, que obligan a contar con procesos productivos estandarizados, de tal manera que se oferten en los mercados productos homogéneos, reto que lleva implícito la organización social productiva de los agentes económicos vulnerables y su inclusión en las cadenas de valor.
Uno de los gravísimos problemas es el financiamiento y de ello ha dado ya muestras de preocupación el presidente Peña Nieto. El de 1995 fue el año en que la penetración financiera rural se ubicó en su máximo histórico, que fue del 43%, pero este indicador cayó a una tasa de 14% anual y actualmente debe de andar en el 6% del Producto agropecuario.
Con esa tasa de financiamiento, comparada con la penetración financiera rural de Estados Unidos, del 80%, y de Canadá, cercano al 140, es claro que los productores rurales de México producen con infinitamente menores incentivos que sus pares del norte.
Hay muchos obstáculos que impiden a los productores vulnerables tener acceso al financiamiento, como no tienen garantías, tienen bajo nivel de competitividad de sus unidades productivas, sus empresas son pequeñas, de nivel tecnológico muy bajo, escasa capacidad administrativa, nula innovación entre otras desventajas como no contar con los factores de competitividad territorial, pero también por el escaso desarrollo de las instituciones locales, nula acción colectiva, desconfianza en las autoridades para hacer valer los contratos, información y normas para la competencia deficientes.
En esas condiciones, el acceso al crédito es limitado; las instituciones del sistema financiero, aun cuando prevalece el propósito de democratizar el crédito formal, con las reglas actuales, este segmento de productores nunca tendrá acceso al financiamiento.
Ante esa triste realidad, llegó la hora de cambiar el estado de cosas. Estoy presuponiendo que los autores del Pacto por México pensaron en la propuesta del maestro campechano:
En que los mercados rurales son imperfectos; en que el gobierno no debe sustituir al mercado; en que se debe orientar el gasto público para disminuir las asimetrías del comercio internacional por las diferencias en la competitividad; evaluar los efectos de la política monetaria del Banco de México en la competitividad de las actividades agropecuarias, para instrumentar medidas compensatorias que protejan el mercado interno.
En fin, el mandato para el gobierno, especialmente para el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, sería democratizar el crédito rural y el acceso al sistema de seguro. Y así reactivar al campo. En ello deberán incidir las reformas financieras que tendrá que aprobar el Congreso, y no sólo ellas, sino los cambios a las políticas fiscal y monetaria.
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