• Control a la deudamanía de los gobernadores
• La de Coahuila de Moreira, de “abonos chiquitos”
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acaba de aprobar un dictamen que reformaría la Constitución, si fuese aprobado por el Pleno, para regular, controlándola, la deuda pública de los estados y los municipios mexicanos, que ha causado grandes escándalos en esta rusticatio mexicana, particularmente con el endeudamiento del estado de Coahuila, que superó los 34 mil millones de pesos en 2011, y que causó un malestar escandaloso que obligó al entonces precandidato del PRI a la Presidencia – Peña Nieto – a remover de la dirigencia del PRI a Humberto Moreira, ex gobernador de aquella entidad, perdiéndose de un colaborador muy importante.
El dictamen aprobado figura entre los cinco que se discutirán en el Pleno de la asamblea durante el periodo extraordinario, que comienza el próximo 16 de julio. Propone modificaciones constitucionales para establecer principios, controles y lineamientos, que promuevan un uso “ordenado y sostenible” del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso “incorrecto” de los recursos obtenidos vía deuda pública. Establece también que el Estado “velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.”
Como todo el mundo debiera saber ya, porque lo han replicado y repicado casi todos los medios informativos impresos y electrónicos, el endeudamiento de los estados y municipios no tiene llenadero. La Secretaría de Hacienda registra una deuda de casi 400 mil millones de pesos entre todas las llamadas entidades federativas y los municipios. Creció nominalmente una barbaridad – poco más de 90 por ciento – del 2008 al final de 2011, cuatro años de la Docena Trágica.
Con base en los registros hacendarios, de 2008 a 2011, las variaciones reales con los montos más altos se presentaron en 11 estados de la federación: Campeche (2,420.5%), Coahuila (1,639.2%), Tamaulipas (552), Morelos (412.9), Zacatecas (406), Quintana Roo (312.4), Nayarit (213.7), Yucatán (199.1), Veracruz (165.9), Chihuahua (139.9) y Baja California Sur ((114.9 por ciento).
Escandaloso el crecimiento de la deuda subnacional. Y el Distrito Federal y Monterrey superan con creces el nivel de endeudamiento de Coahuila. No es que en sí sea malo el endeudamiento. Lo gravísimo es su destino. Si se invierte en actividades productivas no hay ningún problema. Si se dedica a gasto corriente, a gasto improductivo – “¡uta! – con ese despilfarro vienen los graves problemas para el erario de los estados y los municipios endeudados. Lo grave de todo es no saber en qué gastan o invierten los gobernadores los recursos “emprestados”, como dicen en mi terruño. Por ello, los diputados aprobaron el proyecto: para poner candados y topes al pedir prestado.
El presidente de Puntos Constitucionales, el diputado Julio César Moreno, lo explicó muy claramente este miércoles: la reforma a cinco artículos de la Constitución Política impedirá el endeudamiento indiscriminado de las entidades federativas y la herencia de compromisos impagables a las nuevas administraciones.
Entre los aspectos más relevantes del dictamen destacan: los topes al endeudamiento y la prohibición de contratar cualquier tipo de crédito durante los últimos tres meses de cada administración, así como la atribución de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para formular observaciones en caso de adeudos excesivos.
El proyecto prevé otorgar al Congreso de la Unión la facultad de establecer las bases generales para la contratación de deuda pública, así como los límites y modalidades bajo los cuales podrían los estados y municipios comprometer sus participaciones federales para cubrir obligaciones de pago. Imponen asimismo la obligación de inscribir y publicar de manera oportuna y transparente la totalidad de su deuda en un registro público único. Establece también la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las nuevas disposiciones.
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