Francisco Gómez Maza
• Será un ejército de paz como los cascos azules de la ONU: AMLO
• La mayoría apoya, pero la mayoría generalmente es irrazonable
Yo no estoy seguro de que la militarización de la lucha por la seguridad pública sea el camino. Pero bueno. Aceptaremos sin conceder. Por unanimidad, los senadores anunciaron que aprobarán la creación de ese cuerpo militarizado con mando civil.
Pero no hay que olvidar que los militares están formados para matar, principalmente. Son formados para la guerra. Para el combate. No para cuidar de la seguridad pública. Y eso son: la defensa nacional ante las eventuales agresiones que la patria pudiera sufrir de parte de gobiernos extranjeros enemigos.
Mientras tanto, a los soldados se les entrena para apoyar a la población en circunstancias de desastre y situaciones especiales en beneficio de las comunidades, pueblos y ciudades. Y nada más.
Los defensores de la guardia nacional (dixit Ricardo Monreal Ávila, la mañana del jueves) aseguran que los militares de las policías militar y naval, formados militarmente, tendrán entrenamiento policial civil para que sean capaces de enfrentar a la delincuencia.
Serán adiestrados como policías, pero ya están formados como soldados. Y muchos soldados han dado muestras de no respetar los derechos humanos. De no saber, inclusive, qué son los derechos humanos, cuyas defensorías son tan cuestionadas por representantes de las derechas.
Hay muchos casos de violencia contra los derechos humanos, ocurridos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña. Este mismo miércoles fue abatido, por manos desconocidas, Samir Flores Soberanes, fundador de la radio comunitaria de Amilzinko y principal opositor del proyecto Morelos y un gran defensor de la autonomía y autodeterminación de los pueblos en el estado de Morelos.
Los defensores de la guardia nacional hablan maravillas del papel que desempeñarán los soldados. Un ejército de paz, como el de la ONU, ha dicho Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y son mayoría. En campaña, López Obrador cuestionaba al ejército. Ahora, la mayoría apoya la guardia nacional, pero en el tiempo que llevo en este mundo, que ya es mucho, siempre he sentido que no siempre la mayoría tiene la razón.
Suenan ingenuos, simplistas, soñadores. No están seguros de las corporaciones policiales. No quieren reformarlas. No quieren limpiarlas. Y lo peor que podría pasarnos es que los militares de la guardia nacional aprendan de los policías, se contagien de sus mañas, y entonces todo estará perdido. Ya no habrá quién nos defienda.
No soy opositor a lo ingenuo. Pero tengo experiencias negativas con soldados. Y tengo testigos de ello. Los militares, en general, son de mentalidad cuadrada. Hasta en su casa quieren tener un cuartel para su mujer y sus hijos. No voy con los panistas porque estos se oponen porque es su papel como partido de oposición. Sería incongruente que un partido de oposición apoyara al gobierno.
Dice Andrés que la guardia nacional tendrá como fundamento principal garantizar la seguridad pública, con respeto a derechos humanos y el uso regulado de la fuerza, “porque queremos que el Ejército Mexicano tenga la función de garantizar la seguridad pública, (pues) es una institución con experiencia, surgida del pueblo”. Uf. Surgida del pueblo, pero ha dado muestras de que actúa contra el pueblo. Hay infinitas pruebas de ello. Recordar el 68, recordar el 71, recordar cientos de represiones, recordar Chiapas 1994.
Además, por otra parte, pero en la misma temática, una auditoría ciudadana a poderes ejecutivos estatales calificó con 5.8 las sentencias dictadas. Se identificaron graves atrasos en el acceso a justicia de las mujeres. ¿Ocurrirá lo mismo, como ha ocurrido en el inmediato pasado, ahora en el gobierno de López Obrador?
Activistas denunciaron que en el 64 por ciento de las sentencias no identificaron, de manera integral, todos los derechos de los afectados. Un promedio de 5.8 fue la calificación atribuida a los procesos judiciales desahogados en ocho estados de la república mexicana, como resultado de una investigación realizada por la Red por la Ciudadanización de la Justicia, una agrupación de 14 organizaciones de la sociedad civil.
Tras el análisis a más de 100 sentencias emitidas por los poderes judiciales locales, se detectaron múltiples deficiencias técnico–jurídicas en los procesos de impartición de justicia. También se detectó una ausencia de perspectiva de género durante el desahogo de los procesos judiciales, una situación que no solo resulta en una impartición de justicia sesgada, sino que vulnera la seguridad e integridad física de las víctimas. El estudio, presentado el miércoles pasado, revela una prevalencia en la inequidad y discriminación en los procesos de impartición de justicia:
85% de las sentencias no analizaron cómo el género influyó en la existencia del conflicto. 70% de los casos no se valoraron pruebas con perspectiva de género. 79% de las sentencias analizadas en el estudio, no se detectó el uso de estándares legales de protección a los derechos humanos. 64% del total de las sentencias no identificaron, de manera integral, todos los derechos de los afectados. 86% de las resoluciones analizadas no emitieron medidas de reparación del daño frente a situaciones de discriminación y violencia. 71% de los casos no se incluyó alguna medida de seguimiento al cumplimiento de la sentencia. El informe presentado, titulado No es justicia, denuncia la opacidad e inaccesibilidad a los resultados de los procesos judiciales, situación sistémica que ha provocado la existencia de una sociedad que desconoce sus derechos y los mecanismos para hacerlos exigibles ante los juzgados, así como desconfianza acerca del desempeño ético de las personas juzgadoras.
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