Francisco Gómez Maza
• México: Inseguridad, crimen y violencia
• Minatitlán, trágica llamada de atención
Esta madrugada al revisar los medios informativos me hallé con un espléndido reporte de Ernesto Santillán, jefe de Edición de Reporte índigo, enfatizando que los poco más de 8 mil 700 asesinatos que se han perpetrado en los primeros tres meses de 2019 se transformaron en la indignación de millones, indignación que ya alcanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene ahora la oportunidad de hacer frente al gravísimo problema, después de dos sexenios de un evidente fracaso en materia de seguridad pública.
La indignación por la espiral de violencia y los asesinatos que se viven en el país ya alcanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la oportunidad de hacer frente a la problemática después de 12 años de un evidente fracaso en materia de seguridad.
A lo largo de los últimos 12 años y de la mano de las dos administraciones pasadas, de manera muy marcada aumentaron la inseguridad, el crimen y la violencia en todas sus expresiones, hasta el punto en que esta situación se normalizó y la ciudadanía se acostumbró a vivir así.
Sin embargo, advierte Santillán la masacre del viernes pasado en Minatitlán, Veracruz, donde 13 personas, incluidas un menor de un año y medio de edad fueron asesinadas, despertó una vez más una exigencia que ninguno de los últimos tres presidentes en el poder ha podido cumplir: pacificar la nación.
Y los mexicanos están divididos. O por lo menos esto es lo que se ve en las reacciones que se publican en los medios de comunicación, las llamadas redes sociales. Las contradicciones se dejan ver en los medios impresos, y en la radio principalmente, en donde los opinadores se sienten con más libertad para hablar que en la televisión, que siempre ha presentado la realidad de color de rosa.
Pero quiénes tienen la razón al enjuiciar al presidente.
¿Aquéllos que lo defienden con el argumento de que la violencia es una herencia maldita de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, quienes nunca pudieron con los ejércitos del crimen y dejaron, como lo dice Andrés Manuel, un cochinero de cadáveres en toda la geografía nacional, o aquellos que aseguran que, una vez tomada la protesta de ley, el responsable es el nuevo presidente de la república?
Es difícil darles o no darles la razón a unos y a otros. Hay muchos factores internos y externos que confluyen. En lo interno, la fuerza que tomaron las empresas del crimen con el comercio internacional de las drogas, principalmente. Sólo El Chapo Guzmán llegó a ser calificado por una revista internacional como uno de los hombres más poderosos de México, por una fortuna personal de unos mil millones de dólares, producto de exportaciones de drogas al mercado negro de los Estados Unidos.
O sea que aquí también intervienen y afectan de manera muy fuerte los factores externos. Dinero a manos llenas y armas de alto poder que no poseen ni los cuerpos de élite del Ejército Mexicano, provenientes de las armerías estadounidenses. Y en algunos casos del propio departamento de justicia, como aquel caso vergonzoso de la operación Rápido y Furioso, una entrega de armamento a las bandas criminales que operan en México, para darles seguimiento y apresar con mayor facilidad a los criminales, caso fallido. Precisamente de aquí nació esa verdad evidente que no necesita demostración: Estados Unidos pone las armas. México, los muertos.
Ciertamente le asiste la razón a López Obrador, cuando argumenta que el problema de la inseguridad no se puede resolver de un día para otro y que el aumento en la cantidad de asesinatos en buena medida se debe al “cochinero” que dejaron los gobiernos pasados.
De acuerdo con el Reporte Índigo, la ineficacia en el combate a la violencia no es exclusiva del Gobierno federal en turno, o de los pasados, pues muchos de los ex gobernadores, así como los que actualmente se encuentran en el cargo también han jugado un papel importante en el incremento de la violencia de sus respectivas entidades. Uno de los ejemplos más claros es el caso de Guanajuato, un estado que ha sido gobernado durante décadas por el Partido Acción Nacional y que hoy atraviesa por una de las peores crisis de inseguridad de su historia. Las cifras más recientes del SESNSP revelan que, durante marzo de 2019, hubo 6.5 por ciento más homicidios y 8.7 por ciento más homicidios y lesiones dolosas respectivamente al compararlo con el mismo periodo del año pasado.
Veracruz también atraviesa por una situación similar, pues después de haber sido gobernada exclusivamente por priistas, durante más de 50 años, ni Miguel Ángel Yunes Linares, militante del blanquiazul y quien estuvo en el cargo tan solo por dos años, ni el actual gobernador, perteneciente a Morena, Cuitláhuac García, han logrado devolverle a la ciudadanía la tranquilidad que Duarte les robó.
A las malas administraciones también se suma la falta de estrategias y capacitación de las fuerzas de seguridad locales; es decir, policías estatales y municipales, los cuales, desde el sexenio pasado, y no sólo en éstas entidades, han sido rebasadas por las acciones del crimen organizado.
Ahora. El nuevo gobierno federal le apuesta al papel que desempeñará la recién creada Guardia Nacional, integrada por elementos especializados de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Policía Federal y de personal contratado y entrenado en la persecución de criminales y sobre todo su aprehensión y su presentación ante la justicia. Muchos dudan de que la Guardia Nacional tenga éxito.
Otra de las apuestas de López Obrador es la entrega de apoyos sociales a las personas más vulnerables a fin de que no tengan necesidad de involucrarse con el crimen organizado. No estoy seguro de que los criminales actúen por necesidad.
Para ellos, matar es un empleo como cualquier otro.
