Francisco Gómez Maza
• Un país de violadores; quien falla son las “autoridades”
• 2017, el año en que la CNDH emitió más recomendaciones
Y cuándo en México no fallan esos empleados del pueblo que se autodenominan gobierno, autoridad.
En mi corta carrera de vida, del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (el asesino del 68) hasta el actual, a punto de fenecer defenestrado, la violencia se ha enseñoreado sobre vidas y haciendas y más en los más recientes dos sexenios, el encabezado por el panista Felipe Calderón y el que todavía encabeza el priista (los priistas se autocalifican de centro, cuando el centro no existe, no es más que nada, vacío).
Los mexicanos se dejaron llevar por la ira y se hicieron más violentos de lo que ya eran. Yo recuerdo en mis épocas estudiantiles que uno no podía hacer una crítica al gobierno hablando en público porque inmediatamente era objeto de lo que los abogados llaman violencia institucional. Te ponían unas soberanas madrizas en nombre del Derecho, de la ley.
La pobreza, el hambre, la ausencia de información académica también procrearon violentos, porque, ante la indiferencia de los pudientes, de los potentados, muchos se fueron a la clandestinidad a luchar por la justicia, como los héroes de los comics, defendiendo una clase, la clase jodida, pero fueron aniquilados por la violencia del gobierno, esa que, según los abogados, sí es legal y puede usarse hasta acabar con el “enemigo” que es el pueblo. Ahora están de moda muchos tipos de violencia, entre los cuales sobresalen la violencia contra las mujeres, la violencia contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos, la violencia que viene de los cuerpos policiacos y de las fuerzas federales, el ejército y la marina.
Per hablando de la violencia que le preocupa al gobierno -¿será?-, que también es violento, y secuestra y asesina y desaparece forzadamente a personas, es la violencia social. Índices históricos de violencia, señalan que lo que se audodenomina autoridad ha fallado. Le molesta mucho a los encargados de la cosa pública escuchar la expresión gobierno fallido. Pero en honor a la verdad, eso son: un gobierno que no ha sabido gobernar, que no ha querido ponerse al servicio del pueblo, que sólo presume de la creación de empleos, pero no dice que esos empleos tienen remuneraciones súper injustas, entre otros delitos de conciencia, es un gobierno fallido. No se le puede calificar de otra manera.
Hablando de la violencia social (o antisocial, más exactamente definida. Hablando de esta violencia, el ombudsman nacional, #LuisRaúlGonzálezPérez, ha informado que 2017 fue el año en el cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió más recomendaciones (No lo aclara, pero estoy imaginando que al gobierno federal, a los de los estados y a los de los municipios, así como a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, de la seguridad pública: el ejército, la marina, las diferentes corporaciones policiales, los carceleros del sistema penitenciario, las instituciones encargadas de prestar servicios, como es el caso de Seguro Social entre otros) por violaciones graves a los derechos humanos. Graves, dice.
Yo entiendo, aunque Pena lo niegue, que violaciones graves pueden ser las prácticas de la tortura física y sicológica en los centros penitenciarios, en los centros de detención, como la tortura que fuerzas de seguridad infligieron a mujeres luchadoras sociales durante los hechos represivos en San Salvador Atengo, cuando Pena era gobernador de la Hacienda de los Hank, o sea lo que se llama estado de México, y escribo estado con m.
Pero aquí está una de las explicaciones del fracaso de la política de seguridad fallida, de un gobierno fallido como el que ahora encabeza la administración de res pública (república). De acuerdo con González Pérez, los índices históricos de violencia son evidencia de que las autoridades [él les llama autoridades; yo les llamo servidores del pueblo, que es quien les paga sus abultados salarios; malos servidores pero al fin servidores que, en su mayoría, son los que se sirven de la hacienda del pueblo para acrecentar sus cuentas bancarias y sus propiedades en inmuebles] han fallado en su obligación y responsabilidad de proporcionar los niveles mínimos de seguridad, como lo ha advertido el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al presentar su Informe de actividades 2017 ante la Comisión permanente del Congreso de la Unión.
Ante los legisladores, González Pérez sugirió que México requiere de una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia. “Las circunstancias de 2018 permiten advertir un panorama político sumamente competido; lo que ocurra en este proceso marcará el futuro del país”, indicó el ombudsman y, al desglosar su informe, indicó que en la CNDH se recibieron 38 mil 722 escritos de queja, que derivaron en la apertura de 25 mil 959 expedientes; es decir, 700 más que en 2016. En un país moderno, competitivo, productivo como pretenden los itamistas que sea México, es una vergüenza que los derechos humanos de la gente sean impunemente violados cotidianamente. ¿O no señor Pena?
analisisafondo@gmail.com
