Francisco Gómez Maza
• Sucia ofensiva legal para ocultarla
• Pero todo al fin llega a conocerse
Así como no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, como dice Yeidckol Polensky, no veo cómo los mexicanos aguantan a gobiernos represores ante pueblos indefensos, o gobiernos mentirosos y que son únicamente garantía de seguridad para las clases dominantes, como siempre ha ocurrido en este México de Supermachos y Agachados; o gobiernos que inventan legislaciones únicamente para proteger a los poderosos de los pobres, porque en la práctica eso es la Constitución, un enorme código, pero que sólo sirve para garantizar la vida biológica y económica de los detentadores del capital.
Prueba de lo que le estoy anotando es la ofensiva legal –conformada por más de cien recursos- desatada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de la sentencia de un Tribunal Colegiado, que ordenó conformar una comisión de investigación para el caso Iguala con garantías de imparcialidad.
Queda aún la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva varios de estos recursos, y se incline a favor de la primera decisión judicial, hasta ahora anulada por un segundo tribunal que alega que quien tiene que investigar es el Ministerio Público (la PGR), no obstante que, a todas luces, este órgano jurisdiccional responde a los criterios y la línea que recibe del Poder Ejecutivo, como que funge, pues, como el abogado general de la nación (léase del presidente de la república). La encargada de procurar justicia, la procura principalmente en beneficio del Tlatoani en turno.
El caso Ayotzinapa es una de las horrendas herencias que deja para el futuro la presidencia imperial de Peña Nieto, quien – a todas luces – intenta evitar que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, perpetrada en Iguala hace ya casi cuatro años, sea desmadejada, imaginamos que porque algo grave sabe y por ningún motivo desea que trascienda.
Pero los padres y las madres de los 43 han solicitado a los ministros del Máximo Tribunal que no se plieguen a las presiones del Ejecutivo y estén del lado de la verdad y de las víctimas. Las familias han denunciado que es “una vergüenza” que, a 46 meses de los hechos, las autoridades no hayan dado con el paradero de sus hijos, pero sí estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas, que –tras considerar que la indagatoria de la PGR carecía de independencia y efectividad- ordenó la conformación de una comisión investigadora con controles externos para garantizar los derechos de las víctimas.
Algo similar a una comisión de la verdad, la verdad verdadera, no la verdad histórica de Jesús Murillo Karam, procurador general en aquel momento, quien se hizo famoso no tanto por su ineficiencia en la investigación de la desaparición, sino por haber declarado que ya estaba cansado. Y cansado tuvo que irse a su casa.
“Estamos denunciando los recursos presentados por instituciones como el Ejército y la Marina contra la sentencia del Tribunal Colegiado. Si nada temen, ¿por qué están en contra de que se investigue?”, cuestionó Blanca Nava, madre del normalista Jorge Álvarez, quien señaló que esto confirma que el Gobierno federal quiere ocultar la verdad antes de irse.
Las familias lamentaron que el magistrado titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas haya tenido una actitud “sumisa” al Ejecutivo al resolver que existe una “imposibilidad jurídica” para que las autoridades cumplan una sentencia que es, de origen, inatacable, y recordaron que el camino no se acaba aquí. Por ello, pidieron a la SCJN que no se ponga del lado de un gobierno saliente que claramente ha mentido en el caso para protegerse a sí mismo.
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