Francisco Gómez Maza
• Dos agentes lo secuestraron en 201 y aún no aparece
• Autoridades no hicieron nada en materia de investigación
Ya pueden los partidos políticos sangrar las arcas de la nación para hacer su propaganda, o para que sus líderes se enriquezcan de manera ilegal e ilícita. Este año el INE les va a dar poco más de 5,000.000.000 de pesos, que se irán a la basura o a las cuentas bancarias personales de los dirigentes, no obstante que en 2020 no hay elecciones.
El presidente López Obrador les pidió a los partidos, por vida tuyita, que renuncien por lo menos a la mitad del presupuesto que el órgano jurisdiccional les depositará en su cuenta bancaria, pero ni el partido oficialista ha dicho esta boca es mía.
Ya puede Rosario Robles Berlanga hacer todos los berrinches que quiera, que de la comparecencia, que comenzó la mañana de este jueves, no podía librarse, para que explicara cómo estuvo, como se instrumentó realmente, La Estafa Maestra, denunciada por Mexicanos contra la Corrupción y el digital Animal Político con datos de la Auditoría Superior de la Federación.
Fueron muchos millones de pesos los que desaparecieron en tiempos de la ex perredista, de la ex jefa de gobierno del DF en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas, quien dejó el cargo para contender por la presidencia, de la amiga de Andrés Manuel López Obrador y de la consentida de Enrique Peña, quien cual ave de rapiña voló a las hespérides.
Así, con otros asuntos que, aunque graves o muy graves, pasan a segundo lugar o a tercer, ante la desaparición forzada de muchos, sobre todo niñas que, a unos cuantos días, aparecen destazadas, descuartizadas en parajes como si fueran animales y los secuestradores siguen gozando de cabal salud cuando deberían ser colgados en la picota de la justicia humana.
El Centro de Derechos, Miguel Agustín Pro Juárez, que auspicia la Compañía de Jesús Provincia Mexicana, ha advertido que México debe realizar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva, de las circunstancias de la desaparición forzada de Christian Padilla, en Veracruz en 2010, como lo pidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen publicado en Ginebra.
La víctima conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola. Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la Padilla presentaron denuncias. Identificó a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.
Dado que las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos. El Comité señaló que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son, per se, una violación de los derechos a la libertad personal.
Los expertos señalaron que México violó el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, y a recursos judiciales efectivos, especificaron que no se han practicado a tiempo diligencias oportunas, lo cual conllevó la pérdida de pruebas importantes; las investigaciones no fueron independientes e imparciales; y fueron ineficaces para aclarar las circunstancias de la desaparición e identificar a los responsables.
“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos. El Comité solicitó a México que informara, dentro de 180 días, sobre las medidas que tome para implementar el dictamen.
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