Francisco Gómez Maza
• Informe de la CIDH: continúan los obstáculos puestos por instituciones de seguridad y militares
• Lamenta que el Estado aún no haya removido estructuras que buscaron encubrir los hechos
¿Algún día sabremos la verdad en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Ninguna de las instancias de derechos humanos que investigan la desaparición de hace ocho años, en la ciudad guerrerense de Iguala tiene una conclusión verdadera.
A partir de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó avances en la atención del caso Ayotzinapa, como resultado de la creación de institucionalidad especializada y la incorporación de la participación de las víctimas y sus representantes legales en las medidas estatales relacionadas con el asunto.
La instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha tenido un impacto positivo para el restablecimiento de canales de interlocución y coordinación entre las familias y las autoridades involucradas en el caso.
Sin embargo, nadie, y menos los padres de los estudiantes desaparecidos, está satisfecho con estos avances. Quieren saber dónde están sus hijos.
La Comisión de la OEA acaba de dar a conocer (el martes 15 de noviembre) el Tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA) sobre la supervisión a la medida cautelar otorgada a favor de 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Este informe da cuenta de las acciones realizadas por México, a partir de diciembre de 2018, en relación con la investigación de los hechos; la búsqueda y esclarecimiento del paradero de los estudiantes desaparecidos; las medidas adoptadas para la atención a las víctimas y sus familiares, así como las medidas estructurales de no repetición.
A partir de 2019, la CIDH observó avances en la atención del caso Ayotzinapa como resultado de la creación de institucionalidad especializada y la incorporación de la participación de las víctimas y sus representantes legales en las medidas estatales relacionadas con el asunto.
La instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ) ha tenido un impacto positivo para el restablecimiento de canales de interlocución y coordinación entre las familias y las autoridades involucradas en el caso.
En cuanto a la investigación, el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA) permitió la concentración de las investigaciones en un órgano fiscal y el conocimiento especializado de las indagaciones y procesos penales vinculados con los hechos del caso.
De esta manera, se ha avanzado con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia.
Destaca la CIDH que las acusaciones involucran delitos por graves violaciones de derechos humanos, como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad penal individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas mexicanas.
Sin embargo, la CIDH continúa observando obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares. Al respecto, lamenta que el Estado aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal, que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos.
Adicionalmente, los recientes acontecimientos que apuntan a la intervención de otras áreas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el trabajo de la UEILCA, por ejemplo a efectos de la judicializacion de un exprocurador, así como la solicitud de cancelación de 21 órdenes de captura contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y personas funcionarias estatales que ocuparon cargos públicos en Guerrero en el momento de la ocurrencia de los hechos, debilitan la independencia ministerial y el compromiso de México con la verdad y justicia en el presente caso.
Preocupa que la falta de condiciones para adelantar una investigación independiente habría derivado en la dimisión del titular de la UEILCA y de varias personas agentes ministeriales, lo que implica un retroceso respecto del conocimiento adquirido sobre la investigación y una nueva curva de aprendizaje para quienes retomen el caso.
En ese sentido, de acuerdo con la CIDH, urge la adopción de medidas para reencauzar la investigación y fortalecer las garantías de independencia de las autoridades ministeriales a cargo de esta, a fin de salvaguardar los avances alcanzados hasta el momento y evitar retrocesos.
