Francisco Gómez Maza
• Muchos atropellos generados por el megaproyecto
• Se reproduce la discriminación sistémica de los indios
El presidente López Obrador, porfiado que ha sido siempre, logró su propósito de iniciar formalmente la construcción del llamado Tren Maya, que de maya sólo tiene el nombre (porque en la realidad es anti maya). El claro el malestar, el rechazo de decenas de organizaciones, comunidades mayas y mayenses y activistas, con el apoyo de los padres jesuitas del CentroPRODH, que rechazan el acto del “banderazo de salida” e insisten en denunciar los atropellos generados por el megaproyecto.
Las y los defensores de los derechos humanos nunca dejaron de advertir de lo inoportuno de era la visita del presidente, y en este espacio este escribidor también lo denunció, en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19.
La visita presidencial, para darle solemnidad al inicio de las obras, fue un atentado contra el orden constitucional, dado que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto del Tren Maya y que la CNDH ha ordenado, como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto.
Pero como lo denuncia el CentroProDH, en su servicio de información sobre derechos humanos, el avance del proyecto, que se fuerza desde el gobierno federal, se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto.
Por causa de la pandemia, fueron canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se estableció que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna”.
Lamentable que el megaproyecto se haya ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación. Las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas”.
Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones.
Por tanto, decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro.
La actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos pueblos.
Con el Tren están el peligro 23 Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka‘an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas.
Los estudios hechos también exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre-densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.
Las organizaciones, comunidades y académicos advierten que el proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península, pues en los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos.
En quinto lugar, aun cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin que esto signifique un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas.
Las suspensiones obtenidas por diversas comunidades y organizaciones han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del Fonatur, pero sobre todo “se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente”.
