• Se rebeló la inquina del gobierno de Peña Nieto contra la CIDH
• La razón puede ser porque está dirigida por un mexicano crítico
Se veía venir desde el principio de las investigaciones de Ayotzinapa, realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por ende del Departamento de Estado estadounidense. Brotó la inquina de los oficiales del gobierno mexicano y todo porque el presidente de la CIDH es un mexicano crítico, muy crítico del gobierno de Peña Nieto. El maestro Emilio Álvarez Icaza Longoria, a quien le negaron la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero por obra y gracia de los países latinoamericanos ganó la grande, la importante, la de la OEA.
El pleito pues es mayúsculo porque los expertos han desnudado a los investigadores de la PGR en torno a las desapariciones forzadas de Iguala, los cementerios clandestinos y las mentiras, grandes mentiras que los procuradores han proferido en torno a los hechos en los que fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la escuela normal de Ayotzinapa en Guerrero. Y las investigaciones se fueron más al fondo, desmitiendo las versiones oficiales de los ministerios públicos y los inventos de testigos falsos que declararon, obligados o pagados, y en base a sus declaraciones el procurador Murillo Karam, en su momento, definió la “verdad histórica”, que fue destruida cuando los expertos de la OEA concluyeron que ningún cadáver fue cremado y echado en el río de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo este miércoles 2 de marzo que México sigue fallando en resolver su grave crisis de derechos humanos, pese a avances en temas legales, y recomendó a las autoridades (puede hacerlo pues representa a un organismo supranacional del que México es sólo un miembro) a luchar contra la extendida impunidad y la violencia.
Sin embargo, el gobierno mexicano rechazó el informe y dijo que la CIDH partió de premisas y diagnósticos erróneos, y no refleja los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia.
La CIDH publicó un reporte en el que detalla errores repetidos en la búsqueda e investigación de cerca de 27 mil desapariciones contabilizadas, así como abusos cometidos por policías, militares y marinos a raíz de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada a fines del 2006.
“La CIDH reconoce avances significativos en materia constitucional, legislativa e institucional en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, que han sido elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la comisión.
“Sin embargo, la respuesta estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar esta grave crisis de violencia e impunidad”, agregó el reporte.
El organismo de la OEA, que visitó el país entre fines de septiembre y principios de octubre del año pasado, dijo que las autoridades fallaron incluso en la investigación de un caso tan sensible como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
“En la práctica, infelizmente hay diferencias entre lo que dice el marco legal y la realidad. Alguien tiene que asumir la tarea de cambiar en la práctica”, dijo a la prensa británica, vía telefónica, el comisionado de la CIDH, James Cavallaro.
El funcionario dijo que, durante la visita, los integrantes de la Comisión se quedaron impresionados por los niveles de violencia e impunidad en amplias regiones de México y no solamente en el estado Guerrero, que tiene una de las tasas más altas de homicidios en el país y donde desaparecieron los estudiantes de magisterio.
“Es como si no hubiera interés en buscar a los responsables y esclarecer los crímenes”, agregó Cavallaro.
Pero el Gobierno mexicano reaccionó de inmediato rechazando el informe, y dijo que la CIDH partió de premisas y diagnósticos erróneos y no refleja los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia.
“Se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, dijo el comunicado, emitido por la Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
El informe de la CIDH también destacó la gravedad de los crímenes de periodistas, defensores de derechos humanos y el calvario que pasan los inmigrantes, principalmente centroamericanos, que sufren todo tipo de vejaciones y a menudo son asesinados en su trayecto hacia Estados Unidos.
Más de 120 mil personas han muerto en México desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) decidió usar las fuerzas armadas para combatir a los poderosos cárteles de la droga, que con el tiempo se atomizaron y comenzaron a dedicarse también a secuestros, extorsiones y tráfico de personas.
En uno de los crímenes recientes, cinco jóvenes fueron secuestrados por policías estatales de Veracruz, al este del país, y entregados a un grupo criminal que, tras torturarlos, los asesinó y se deshizo sus restos en un molino, informó el martes la Secretaría de Gobernación.
Pero en un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puntualizaron que, durante la visita que hizo la CIDH al país, el Estado mexicano fue enfático en afirmar que en la nación no se vive una crisis de derechos humanos, y que las observaciones preliminares del organismo – que hoy se retoman en el informe – se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, desestimando los avances y cambios estructurales que el Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años.
“De hecho, en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997”, reclamó el estado mexicano.
Se criticó la metodología utilizada por la CIDH, toda vez que tuvo un sesgo inicial, en donde, en lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento.
“Dicho sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”, añadió.
La autoridad mexicana defendió que trabaja de manera constante para atender las causas y consecuencias de la violencia en el país generada por la delincuencia, garantizar la seguridad, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos y mejorar el acceso a la justicia.
“Por ello, se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, afirmó.
La administración de Enrique Peña Nieto subrayó que el informe desestimó o recogió sólo parcialmente, no obstante la numerosa información que el Estado mexicano le entregó durante y con posterioridad a la visita.
Apuntó que se entregó información sobre leyes presentadas al Congreso para prevenir y erradicar prácticas como la desaparición forzada y la tortura, entre otras.
“Durante su visita, a los comisionados se les informó también de las acciones de protección a sectores como periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a través del Mecanismo de protección operado a nivel federal por la Secretaría de Gobernación y del Fondo para la implementación de dichas medidas.
Y a todo esto, usted a ¿quién le cree? ¿Al gobierno de Peña Nieto o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es una buena y oportuna interrogante.
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