• En la impunidad los asesinos de periodistas
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Ya hay consignados por la autoría del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, en las Choapas. Sin embargo, nadie está conforme con esos hechos. Muchos, sino es que todos, no creen que las autoridades hayan dado con el o los verdaderos asesinos, y la insatisfacción y las presiones continúan para que las autoridades actúen con responsabilidad e investiguen a fondo.
El domingo pasado se realizó en la ciudad de México un manifestación de reporteros y, en Nueva York, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) continúa insistiendo en que las autoridades mexicanas realicen una investigación exhaustiva y enjuicien a los verdaderos responsables del asesinato de Jiménez de la Cruz, quien secuestrado el 5 de febrero y su cuerpo fue hallado el martes en una fosa clandestina, junto a dos personas, en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz.
El CPJ ha denunciado que, pese a tener un nuevo presidente de la república, la libertad de prensa sigue viviendo un clima de peligro en México. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó aprobación definitiva a una medida adoptada al final del mandato de su antecesor, Felipe Calderón, que les concede a las autoridades federales una jurisdicción más amplia para investigar los delitos contra la libertad de expresión, la fiscalía especial designada para adelantar tales investigaciones dilató el ejercicio de sus nuevos poderes.
Finalmente, en agosto, el fiscal especial se hizo cargo de su primer caso, aunque a finales de año no había acusado ni procesado a nadie en relación con el asesinato de periodistas.
Los periodistas continúan siendo blanco de la violencia, mientras carteles de la droga rivales se enfrentan entre sí y contra las fuerzas de seguridad pública y el Ejército en todo el país.
Medios de prensa son atacados, organizaciones defensoras de la libertad de prensa son amenazadas, y periodistas son secuestrados. Al menos tres periodistas fueron asesinados durante 2013 en circunstancias no esclarecidas aún.
Ante esta violencia, los medios de prensa de zonas controladas por los carteles de la droga, han optado por la autocensura. Siguiendo los pasos de otros medios hostigados, la edición de Saltillo del diario Zócalo publicó hace tiempo un editorial en el que precisó que, para proteger a su personal, dejaría de cubrir la delincuencia organizada. La ciudad de México, durante mucho tiempo considerada un refugio de la violencia que azota al resto del país, experimentó la presión del crimen organizado. Cuatro periodistas que cubrían protestas contra reformas del sistema educativo fueron detenidos, y dos de ellos fueron detenidos por cinco días antes de recibir libertad a cambio del pago de una fianza exorbitante.
Este miércoles, un diputado de la oposición de nombre Catalino Duarte Ortuño (PRD) informó que entregó un punto de acuerdo para que sea creado un grupo de investigación integrado por diputados de todas las fracciones políticas de la Cámara. El grupo, que en el lenguaje legislativo recibe el nombre de comisión especial, daría seguimiento a las agresiones contra periodistas, a fin de coadyuvar en las investigaciones.
El objetivo de este grupo de trabajo sería “buscar que a todos los homicidios y desapariciones de periodistas se les dé seguimiento; que se esclarezcan; que puedan recibir castigo las personas que participaron en algún hecho delictivo contra trabajadores de los medios de información y comunicación.
La comisión especial de la Cámara de Diputados colaboraría con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Procuraduría General de la República, en el seguimiento de las investigaciones.
Hasta el momento, nadie sabe que demonios hace la fiscalía. Nadie confía en ella. Menos los periodistas. Todas las investigaciones de los crímenes, hasta el momento, se han quedado acotadas, y la comisión tendría como tarea primordial coadyuvar en las investigaciones cuando algún periodista o medio de prensa sea atacado.
Pero el hecho real es que la violencia contra los trabajadores de la prensa continúa y las autoridades no dan señales de que actuarán con absoluta responsabilidad para parar la ola de violencia en contra de los periodistas.
El caso de Gregorio es emblemático. Qué dolor que él ha ya sido asesinado. Pero qué dolor que todos los casos queden sin aclararse y los asesinos sigan actuando en la más absoluta impunidad.
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