• El poder del narco, más allá de la violencia
• El objetivo debe ser lograr el pleno empleo
Van a tener que batallar con furia las fuerzas federales en Michoacán y tendrán, las autoridades gubernamentales, que aliarse con los Grupos de Autodefensa para anular el poder de las bandas del crimen y el narcotráfico en Michoacán y en todo México, donde también hay violencia no vista por los medios de información.
El fenómeno de la violencia entre los cárteles de la droga por el control de los territorios se dejó crecer como la espuma y con ello el crimen concretado en el secuestro, las violaciones sexuales, los feminicidios, los asesinatos, pareciera ahora incontrolable. Se dejó al garete a la juventud, sin educación verdadera, sin empleo, con el alma en la desesperanza.
Y no basta con las medidas de seguridad puestas en práctica como parte de la estrategia contra el crimen. Es necesario profundizar en la imaginación. Lo que funcionó en Colombia – ¿de veras funcionó, general Naranjo? – no necesariamente puede funcionar en México y menos en Michoacán. El general colombiano, que afortunadamente ya regresa a su país, no conoce la realidad mexicana. Su estrategia pudo haber sido exitosa allá, pero las mañas mexicanas son más duras de pelar que aquellas que creen que sin tetas no hay paraíso.
Lo reconoció hace unos días el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, cuando habló del impacto de la inseguridad y la violencia en la marcha de la economía: El problema de inseguridad en Michoacán es complejo, extraordinario y real. Pero hay dudas fundadas de que, con la estrategia militar y policial y con la detención de presuntos líderes del crimen se vaya a restablecer “el orden, la gobernabilidad y estado de derecho”. No es así como se hacen las cosas, principalmente ante un fenómeno que se dejó crecer y con organizaciones criminales que no están atadas de manos; que tienen más fuerza que las fuerzas del Estado; que son un poder real apuntalado por fuerzas que actúan en la oscuridad; a nivel global. Hay intereses muy criminales al otro lado del Río Grande, que apoyan y ordenan a sus peones en México: los capos mexicanos.
Y mientras los comerciantes de lo ilícito abultan sus cuentas de banco en México y off shore con millones de dólares recolectados en el mercado estadounidense de las drogas fuertes, la economía nacional mexicana marcha de troche en moche. El año pasado sólo pudo haber crecido cuando mucho un punto porcentual, aunque las autoridades presuman un vergonzoso 1.3.
A principios de diciembre pasado, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), con sede en Australia, presentó el primer Índice de Paz para México. El Think Tank concluyó que el impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana es de 4.392 billones de pesos (333,000 millones dólares), equivalentes a 27.7% de la misma. Con esos recursos se podría dar a cada mexicano 37,000 pesos, o bien duplicar el monto de los fondos gubernamentales destinados a salud y educación.
Estos costos económicos son de tres formas. La primera es el gasto realizado por los gobiernos para mantener la ley y el orden por medio de la policía y el sistema judicial y carcelario, así como para resolver las consecuencias directas de la violencia, como la destrucción de la propiedad.
La segunda es la pérdida de productividad, debido a la delincuencia, que puede consistir en ausentismo en el trabajo por lesiones o pérdidas en la capacidad de ingreso por muerte prematura.
La tercera son los efectos de generación de empleos por los estímulos relacionados con la mejora en la primera y segunda clasificaciones.
La evidencia muestra que canalizar de otra manera el gasto de la contención de la violencia ayudaría a sustentar la inversión industrial, mejorar las escuelas, o desarrollar infraestructura nacional, ya que este tipo de inversiones mejoraría la productividad y competitividad del país.
Desafortunadamente, en los últimos 10 años ha aumentado de manera considerable la violencia directa en México y la eficiencia del sistema de justicia se ha deteriorado. En algunos estados, más de 90% de los homicidios quedan impunes.
La conclusión del índice da esperanza si los ciudadanos participan más en la prevención y el gobierno en la solución integral. Y esto es lo que ha ocurrido en Michoacán. Los ciudadanos se han levantado de la abulia generalizada. El gobierno de Peña Nieto tiene, ad ovum, que reflexionar y confiar plenamente en los movimientos ciudadanos, como las Autodefensas.
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