Francisco Gómez Maza
• La derecha corrupta da un golpe de estado
• Destituye a Dilma por supuesta corrupción
Los corruptos acusan de corrupta a la presidenta Dilma Rousseff y la destituyen durante seis meses para ser sometida a juicio político. Increíble, pero cierto.
Una gran mujer entregada dignamente al servicio de su país, traicionada por muchos, especialmente en el asunto relacionado con la empresa petrolera del estado, Petrobras, resulta que dicen que manipuló las cuentas públicas en 2014 y 2015. No la pueden acusar de otra cosa, pero como es de izquerda, es ex guerrillera, fue torturada por la dictadura, la acusan los senadores de la extrema derecha. Esos que se rasgan las vestiduras y se ensañan con una mujer que sólo ha dado su vida en bien de su patria.
El Senado de Brasil ha aprobado este jueves por mayoría la destitución temporal de la presidenta, que permanecerá alejada de su cargo durante seis meses para ser sometida a juicio político por la supuesta manipulación de las cuentas públicas en 2014 y 2015. No pudieron acusarla de corrupción en el caso del petróleo. De eso querían someterla pero inventaron el manipuleo de las cuentas nacionales. Hipócritas.
Veinte horas duró la discusión en el senado. 55 corruptos votaron a favor de la destituación y 22 votaron en cotra., mientras que se ausentaron cuatro y el presidente del Senado no ha votado. Los partidarios del impeachment o destitución necesitaban tan sólo mayoría simple, pero han obtenido una mayoría reforzada de dos tercios.
La presidenta ya ha comunicado la disolución de su Gobierno y ha vuelto a hablar de “golpe” – en realidad la destitución en volver a los golpes de estado de aquellos años de las dictaduras militares-, poco antes de recibir la notificación oficial de suspensión, entregada por el senador Vicentinho Alves, primer secretario de la Cámara Alta, en el despacho que hasta ahora ocupaba Rousseff en el Palacio de Planalto.
En ese mismo despacho se instalará el vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que la sustituirá de forma interina mientras se desarrolla el proceso contra Rousseff. El PMDB, la mayor fuerza política del país, ocupa por tercera vez la jefatura de Estado sin haber vencido nunca unas elecciones presidenciales.
Pasados los seis meses, el Senado puede decidir la destitución definitiva en una nueva votación en la que será imprescindible alcanzar, de nuevo, los dos tercios.
La votación ha culminado una sesión maratoniana de la Cámara Alta, que se inició en la mañana del miércoles y ha terminado en la madrugada del jueves, hora de Brasilia.
Durante todo este tiempo, cada senador (79 presentes, puesto que dos no han acudido) ha podido hacer uso de la palabra durante 15 minutos para explicar su postura, a favor o en contra del impeachment. Sobre las tres de la madrugada, 41 legisladores ya habían anunciado su voto positivo, por lo que estaba claro que la moción a favor de la destitución iba a triunfar.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno supuestamente incurrió en 2014 y 2015 a fin de maquillar sus resultados, que incluyeron la omisión de multimillonarias deudas con la banca pública.
Sólo los miembros del Partido de los Trabajadores, la formación de Rousseff y del expresidente Lula Da Silva, y algunos de sus escasos aliados han defendido a la mandataria. La senadora Gleisi Hoffmann, por ejemplo, ha advertido que destituir a la presidenta por la alteración de las cuentas es como “penalizar con pena de muerte una infracción de tráfico”.
El abogado del Estado José Eduardo Cardozo, quien ha asumido la defensa de Rousseff, ha afirmado en que la destitución carece de sustento legal y ha advertido de que con su aprobación “Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta”.
Los partidarios del impeachment, por su parte, han insistido en que la supuesta manipulación de las cuentas públicas es intolerable. Los senadores de la oposición han alegado también otros motivos, como el caso Petrobras (una red de corrupción en la petrolera estatal) y la grave crisis económica que atraviesa el país.
La decisión termina, al menos temporalmente, con 13 años de gobierno del PT en la mayor economía de América Latina. El partido ha intentado hasta última hora detener el procedimiento y para ello recurrió al Tribunal Supremo, que falló en su contra.
La decisión del Senado es un paso más en un largo trámite que puede durar meses. Este mismo jueves, el Senado deberá notificar oficialmente su decisión por separado a Rousseff y a Temer. La presidenta deberá abandonar Planalto, la sede del Ejecutivo, aunque podrá seguir viviendo en la residencia presidencial, la Alvorada.
A partir de la semana próxima, la comisión especial integrada por 21 senadores que analizó los méritos jurídicos de las acusaciones se reunirá para definir un calendario de trabajo para el juicio político propiamente dicho, que puede durar meses y en el que serán escuchados los testimonios de la parte acusadora y de la defensa.
También podrán ser citados testigos, tanto a favor como en contra de Rousseff, y será elaborado un informe final con las conclusiones.
Ese informe será votado en la comisión y, en caso de ser aprobado por una mayoría simple, será enviado al pleno del Senado, que en una única sesión decidirá si Rousseff será finalmente destituida, para lo que será necesario una mayoría de dos tercios.
Si es absuelta, podrá recuperar el cargo; pero si es finalmente destituida, Temer completará el mandato, que vence el 1 de enero de 2019.
Sólo los miembros del Partido de los Trabajadores, la formación de Rousseff y del expresidente Lula Da Silva, y algunos de sus escasos aliados han defendido a la mandataria. La senadora Gleisi Hoffmann, por ejemplo, ha advertido que destituir a la presidenta por la alteración de las cuentas es como “penalizar con pena de muerte una infracción de tráfico”.
El abogado del Estado José Eduardo Cardozo, quien ha asumido la defensa de Rousseff, ha afirmado en que la destitución carece de sustento legal y ha advertido de que con su aprobación “Brasil se transformará en la mayor república bananera del planeta”.
Los partidarios del impeachment, por su parte, han insistido en que la supuesta manipulación de las cuentas públicas es intolerable. Los senadores de la oposición han alegado también otros motivos, como el caso Petrobras (una red de corrupción en la petrolera estatal) y la grave crisis económica que atraviesa el país.
La decisión termina, al menos temporalmente, con 13 años de gobierno del PT en la mayor economía de América Latina. El partido ha intentado hasta última hora detener el procedimiento y para ello recurrió al Tribunal Supremo, que falló en su contra.
Un largo proceso
La decisión del Senado es un paso más en un largo trámite que puede durar meses. Este mismo jueves, el Senado deberá notificar oficialmente su decisión por separado a Rousseff y a Temer. La presidenta deberá abandonar Planalto, la sede del Ejecutivo, aunque podrá seguir viviendo en la residencia presidencial, la Alvorada. Rousseff ya comenzó el miércoles a desalojar su despacho.
Rousseff será separada del cargo durante los 180 días y Temer asumirá la presidencia de forma interina, aunque con plenos poderes, durante ese período.
A partir de la semana próxima, la comisión especial integrada por 21 senadores que analizó los méritos jurídicos de las acusaciones se reunirá para definir un calendario de trabajo para el juicio político propiamente dicho, que puede durar meses y en el que serán escuchados los testimonios de la parte acusadora y de la defensa.
También podrán ser citados testigos, tanto a favor como en contra de Rousseff, y será elaborado un informe final con las conclusiones.
Ese informe será votado en la comisión y, en caso de ser aprobado por una mayoría simple, será enviado al pleno del Senado, que en una única sesión decidirá si Rousseff será finalmente destituida, para lo que será necesario una mayoría de dos tercios.
Si es absuelta, podrá recuperar el cargo; pero si es finalmente destituida, Temer completará el mandato, que vence el 1 de enero de 2019.
En México, los panistas, enemigos naturales de la izquierda, ponen a Brasil como el ejemplo a México en materia de combate a la corrupción, luego de que el Senado de ese país, en un hecho histórico, aprobó el proceso de juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza.
“Aquí en México, Petróleos Mexicanos se encamina a la quiebra, por la corrupción y las malas decisiones que tomó irresponsablemente el ex director Emilio Lozoya, pero aquí no ha pasado nada. Las autoridades responsables de combatir los actos de corrupción no han sancionado a nadie”, indicó Cortés Mendoza.
El líder parlamentario expuso que entre otras anomalías se encuentra el crecimiento desmedido de los gastos de Pemex, como ocurrió con exagerado incremento del gasto en el Corporativo de la empresa, donde se ubican los funcionarios de alto nivel, sabiendo que los precios y la producción del petróleo iban a la baja.
También se ha documentado que hubo compras a sobreprecios y está pendiente la investigación por la adquisición de al menos cuatro aviones, que supuestamente eran para vigilar y evitar el robo de combustible, pero al parecer también fue para uso personal de los funcionarios.
A nombre de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Ernestina Godoy Ramos calificó como de ‘atentado a la democracia’ a la destitución de la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff.
“Es un atentado en contra de la democracia, ya que representa una forma ilegítima de acceder al poder sin pasar por el voto ciudadano; Morena condena enérgicamente la remoción de la Presidenta Dilma.
En México, ya vivimos procesos injustos como el desafuero en 2004, donde la derecha intento eliminar un adversario. Por más senadores y diputados que respalden un acto arbitrario y antidemocrático, no le otorga ninguna legitimidad, ni lo convierte en un acto justo. Seguirá siendo una conspiración en contra del voto público”, expresó.
En entrevista, la legisladora puntualizó que esta destitución no es un acto de justicia, ni busca combatir la corrupción, sino que es un golpe de una derecha antidemocrática y corrupta.
“A la presidenta Dilma, la juzga un congreso corrupto y la acusa de efectuar adecuaciones presupuestales para implementar programas de apoyo a la agricultura familiar. Ni desvíos del erario ni enriquecimiento ilícito”, añadió.
Respecto a lo anterior, Godoy Ramos aseveró que la denuncia carece de elementos jurídicos y tiene su origen en el inconformismo de aquellos que perdieron la elección en 2014.
“No hay crimen que se haya practicado por la presidenta Dilma. Sin crimen de responsabilidad, la acusación es golpe”, reiteró.
Para finalizar, la diputada opinó que Dilma es una persona honesta, que dedicó su vida a la construcción de la ciudadanía del pueblo brasileño y siempre ciñó su actividad política por métodos republicanos.
Fue elegida con 54 millones de votos y, ahora, se ha convertido en víctima de una conspiración, patrocinada por Eduardo Cunha, que es presidente de la Cámara de Diputados en ese país, en connivencia con Michel Temer, Vicepresidente; condenar a una persona inocente, por ambición o venganza, caracteriza a un tribunal de excepción típico de las dictaduras”, concluyó.
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