· Además tendrá Murillo que batallar con el escepticismo
· El gobierno de México, obligado a informar a la ONU
Como cantaba Antonio Aguilar a la muerte: en qué quedamos pelona, ¿me llevas o no me llevas?
Pues en qué quedamos, querido Chucho Murillo Karam.
El martes dijiste que Ayotzinapa era un cold case. Por la mañana del miércoles reculaste.
Después de la prolongada presentación de la víspera, en la cual el procurador calificó el informe que presentó sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos – “secuestrados, asesinados, incinerados” – como la verdad histórica, los padres y la organización Human Rights Watch le reviraron que no podía ser la verdad histórica, sino solamente una versión oficial.
Para que la versión fuese histórica se requerirían pruebas técnicas concretas para probarlo. Y la lectura de las cenizas enviadas a Innsbruck no le dicen nada a los peritos.
Pero era muy importante que el procurador reculara, porque no hay derecho de decirle a la gente “ahí están tus muertos” y no entregarles los restos aunque fuese calcinados.
Y no sólo hacen falta el ‘cumplimiento de las órdenes de aprehensión y la integración de averiguaciones’, o la captura de algunos de los autores materiales. No, querido amigo. Hacen falta los restos de los cadáveres.
El informe oficial dado a conocer por Murillo causó escozor entre los padres de los estudiantes desaparecidos y organismos defensores de los derechos humanos. Vidulfo Rosales, representante legal de los deudos, dijo que ellos, los padres, tratarán de conseguir pruebas técnicas y periciales, así como testimonios, que puedan establecer totalmente lo contrario de la versión del procurador.
El abogado dijo que tanto la autoridad como los padres deben luchar para encontrar la verdad y la justicia. También recordó que, de acuerdo con el procurador, hay alrededor de 300 peritajes que se hicieron, químicos, biológicos, aunque “ninguno de ellos nos llevan a establecer que los compañeros fallecieron ahí; entonces hay 42 pruebas pendientes todavía de identificación y eso corresponde no a nosotros, para eso lo tiene el Estado y el Ministerio Público y lo debe hacer; es su obligación hacerlo”.
Otros muy molestos con el informe del procurador son los de la organización mundial HRW. El director de la División de las Américas de esa organización defensora de los derechos humanos, José Miguel Vivanco, considera que ha habido ‘bastante negligencia’ en las indagatorias del caso. La versión de que los normalistas fueron asesinados “no es una verdad histórica, es una versión oficial hasta ahora”.
“Es difícil confiar en su palabra, en sus conclusiones, por múltiples razones; primero, porque sabemos que en México se arrancan confesiones sobre la base de apremios, tortura, irregularidades, presiones…”. Además, el procurador extrapoló los resultados de laboratorio de un normalista al resto de los estudiantes. Es de mayor gravedad, que primero se haya difundido la información en los medios de comunicación.
“Me parece de la mayor gravedad que (el procurador) haya decidido comunicarse primero con los medios, antes que hablar con los familiares, con las víctimas de esta atrocidad, de este hecho abominable. Da la impresión que había más interés o prisa o premura por concluir mediáticamente esta investigación, extrapolando sobre la base de los resultados de un informe de laboratorio en Austria y dar por resuelta la tesis, porque esto no es una verdad histórica; es una versión oficial hasta ahora”.
También lamentó Vivanco que las autoridades se hayan adelantado a emitir una conclusión, cuando ni siquiera han llegado al país los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No han visitado el país… cómo van a trabajar, a proceder, qué recomendaciones van a formular los expertos si ya la Procuraduría se adelanta, saca una conclusión fundada en confesiones, en hipótesis, en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio al resto de los estudiantes y dar por concluida al menos esa etapa, asumiendo que todos fueron asesinados”.
En fin, todo un caso para la araña.
Ya de última hora, nos enteramos de que el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas revisará a México durante su reunión del 2 al 13 de febrero. El Comité, integrado por 10 expertos en derechos humanos de distintas nacionalidades (independientes), monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. México está obligado a presentar un informe en la materia, ya que es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención. El Comité señaló en un comunicado que sostendrá un diálogo constructivo con una delegación del Gobierno mexicano el 2 de febrero en el Palacio Wilson, Ginebra.
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