Ricardo Del Muro / Austral
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, en un repliegue táctico ante los grupos del crimen organizado y la crisis de inseguridad que hay en varios municipios chiapanecos.
En un comunicado divulgado el pasado domingo, el subcomandante Moisés, vocero del EZLN, señaló que las sedes físicas que los zapatistas mantienen en diversas regiones, conocidas como Caracoles, “permanecerán cerradas al exterior hasta nuevo aviso”. Los zapatistas detallan que si bien esta decisión la tomaron como parte de un proceso que lleva al menos tres años, tendrán una nueva estructura de la autonomía zapatista que irán detallando en las semanas siguientes.
Hace 20 años, en 2003, el EZLN creó los Caracoles zapatistas en las comunidades autónomas de Chiapas, cada uno coordinado por una Junta de Buen Gobierno, para fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas y garantizarles el acceso a la salud, educación y justicia.
El sociólogo Pablo González Casanova (Qepd) escribió un ensayo sobre los Caracoles zapatistas: redes de resistencia y autonomía, que subtituló como “una nueva forma de pensar y hacer”. Destacó que los Caracoles fueron una de las principales aportaciones del movimiento del EZLN que “abre nuevas posibilidades de resistencia y de autonomía a los pueblos indígenas”.
Cuando el gobierno incumplió los Acuerdos de San Andrés y se negó a reconocer los derechos de los pueblos indios, faltando así a sus compromisos, los zapatistas no llamaron a las armas, sino que se pusieron a construir la autonomía en los “territorios rebeldes”, según el comunicado del 19 de julio de 2003.
Las comunidades zapatistas decidieron construir “municipios autónomos” (un objetivo, por cierto, que habían “enarbolado” desde principios de la insurgencia). Las comunidades nombraron a sus autoridades locales y a sus delegados para que cumplieran sus mandatos en los distintos niveles a sabiendas de que si no las cumplían serían revocados. Al mismo tiempo siguieron impulsando medidas prácticas del “mandar obedeciendo”. También fortalecieron los vínculos de solidaridad especial entre las comunidades locales de las distintas etnias.
A la fecha existen doce caracoles zapatistas y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno que, de acuerdo a la última consulta popular, en representan alrededor de 756 poblados, comunidades, parajes y rancherías, donde habitan indígenas que hablan maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, y chol.
Una gran base social que respalda la denuncia y la decisión adoptada por las comunidades zapatistas, en el comunicado el domingo, donde señalan que las principales ciudades de Chiapas están en completo caos. “Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “crimen desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras.
Sin embargo, llama la atención al puntualizar que “esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”.
Los zapatistas señalaron que San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, “están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro (…) en las comunidades rurales el problema es más grave aún”, mientras que las fuerzas militares y policiacas “no están en Chiapas para proteger a la población civil”, sino “con el único objetivo de frenar la migración”.
Hace seis meses, el 8 de junio, los zapatistas, acompañados de miles de simpatizantes, marcharon en la Ciudad de México, desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio Nacional, para exigir que cesaran los ataques de grupos paramilitares contra las comunidades zapatistas y demandar la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la violencia entre grupos paramilitares, autodefensas y narcotraficantes en el sur de México, frontera con Guatemala, por el control del territorio y las rutas del narcotráfico. RDM