Por Mouris Salloum George
Muchas poblaciones de México están padeciendo calores extremos. Sin embargo, las elevadas temperaturas por sequía prolongada e incendios, más la creciente escasez de agua potable han servido de poco para alertar a los gobernantes, ajenos a una realidad alarmante.
En contraposición a las señales catastróficas, los recortes presupuestales para el sector han sido la norma en los últimos años. La Comisión Nacional del Agua (Conagua, el organismo rector) recibió apenas poco más de 62 mil millones de pesos de presupuesto para 2024, contrario a la recomendación de otorgarle al menos el doble para atender las urgencias de infraestructura hidráulica que requiere el país, según cálculos de especialistas.
La mencionada partida presupuestal fue menor en casi seis mil millones de pesos respecto de 2023, cuando le autorizaron 68,485 millones.
Otro organismo estratégico, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) recibió para este 2024 apenas 2,670 millones de pesos, mientras que en 2018 le autorizaron 3,990 millones, equivalente a casi un 50% de recorte.
La catástrofe anunciada tampoco es accidental, sino resultado de la ineptitud y corrupción de los gobernantes de los tres órdenes (federal, estatal y municipal), que se han dedicado a todo menos a prevenir la actual situación.
Lo hemos venido señalando en este espacio. Desde hace años, estudios de la ONU y especialistas independientes apuntan a México entre los países con alto riesgo de sufrir crisis hídrica grave.
El World Resources Institute (wri.org) tiene a México entre una lista de 25 países con alto riesgo, según reportó en agosto de 2023: “Cada año enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto, que los lleva a consumir regularmente casi todo su suministro de agua disponible, hasta más del 80%, para riego, ganadería, industria y uso doméstico”. Puntualiza que “vivir con ese nivel de estrés hídrico pone en peligro la vida, el trabajo y la seguridad alimentaria y energética de las personas”.
A pesar de las señales en tal sentido, los funcionarios han desviado la atención hacia otros asuntos y han pospuesto las grandes inversiones en infraestructura estratégica para enfrentar el creciente problema.
Solo del uno de enero al 04 de abril del presente, algunos reportes periodísticos señalaron que el país tenía registrados ya 1,699 incendios forestales en 26 entidades federativas, afectando una superficie de 68,539 hectáreas.
Lo que hemos podido ver en las imágenes noticiosas son los esfuerzos infructuosos de los apagafuegos y la falta de equipo especializado.
Asimismo, hemos podido observar las tristes imágenes de los lagos mexicanos y sus ríos con sus afluentes a punto de la desecación total.
Al mismo tiempo, hemos podido ver a la sedienta Conagua escarbando en los alrededores en busca del vital líquido; aunque es sabido que los acuíferos están agotados.
En los últimos años se han reducido las precipitaciones pluviales. Ha llovido poco porque los talamontes clandestinos han estado acabando criminalmente con los bosques nacionales. Lo que no hemos visto es un programa intensivo y extensivo de reforestación.
Los 34.2 grados Celsius de temperatura alcanzados en algunos puntos del céntrico Valle de México, históricos para una región que rara vez alcanza los 30 grados, son otro llamado a que las autoridades se pongan las pilas. Y que nadie se sorprenda si algo peor ocurre.
