“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”.
Umberto Eco, escritor y teórico de la comunicación
Por Aurelio Contreras Moreno
En su “guerra santa” contra todo aquello que se oponga o siquiera discrepe de sus propósitos y deseos, el régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador usa todos los elementos a su alcance para aplastar la mínima crítica y arrollar a quienes considera los “enemigos” de su proyecto de nación.
Desde la semana pasada, el mandatario se lanzó en contra de los órganos autónomos del Estado y hasta de los mismos organismos de la sociedad civil, por una razón muy simple: no tolera los contrapesos a sus decisiones. Y está decidido a eliminarlos como sea.
Lo más grave es que, al igual que hacían los regímenes priistas y panistas más autoritarios y antidemocráticos, el gobierno lopezobradorista está haciendo uso de las instituciones del Estado para perseguir hasta a quienes le hacen tímidos señalamientos, como está sucediendo con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, a quien la Secretaría de la Función Pública le abrió una investigación luego de que el funcionario criticara los perfiles de las ternas enviadas por el Presidente para ocupar vacantes en ese organismo autónomo.
Se ha vuelto una costumbre perversa de la “cuarta transformación” que en las conferencias de prensa mañaneras del Presidente se instaure una especie de “tribunal”, en el que se condena al cadalso público al acusado del día, con la agravante de que éste no tiene oportunidad de defenderse.
La lapidación es reforzada después en las redes sociales a través de hordas de trolls cuya consigna es hacer pedazos al “sentenciado”, infamando, insultando y calumniando sin límites, con todo y que, al poco tiempo, el mismo gobierno anuncie que, a pesar de ser un “corrupto”, no procederá por la vía judicial en su contra. Porque el objetivo solo es acallarlo y evitar que se manifieste oposición alguna al régimen.
Así, lo mismo han pasado por el “patíbulo” lopezobradorista periodistas que asociaciones civiles, académicos, empresarios, activistas, movimientos y cualquiera que no comulgue o concuerde con lo que dice el “jefe máximo” de la “4T”, a quien al parecer ya se le olvidó como fue que llegó hasta donde está.
En su reciente diatriba en contra de las organizaciones de la sociedad civil por su oposición a la militarización del país vía constitucional que pretende su gobierno, López Obrador dijo que “la sociedad civil antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos de izquierda, con todo respeto. Todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil”, afirmó, desconociendo de tajo a todos los movimientos sociales que durante años lo apoyaron para llegar a la Presidencia de la República.
Además, en el discurso del Presidente ser conservador es casi sinónimo de ser delincuente. Curiosa concepción proviniendo de un hombre que aunque se diga liberal y de izquierda, no es lo uno ni lo otro. Es tan profundamente conservador como los sinarquistas del Bajío.
Tanto, que pretende anular la pluralidad de pensamiento a través del avasallamiento y la eliminación de cualquier clase de contrapesos. Llámense éstos partidos de oposición, academia, periodistas, poderes del Estado, iniciativa privada, madres de familia, burócratas, etcétera. A veces, hasta del sentido común.
Y eso, no es propio de un gobierno democrático.
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