Napoleón Gómez Urrutia, a través de los abogados del Sindicato Minero Metalúrgico de la República Mexicana, anunció que no cumplirá con el mandato del laudo para devolver los 55 millones de dólares más intereses, y que él se quedó y pertenecen a los extrabajadores mineros de Cananea.
A través de un comunicado, los abogados calificaron el laudo como un proyecto y “una venganza de la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA), María Eugenia Navarrete Rodríguez”, a la que acusaron de hacer el trabajo sucio a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
“Lamentamos profundamente que tengamos una venganza por parte de la Secretaría del Trabajo y desde luego de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”, indicaron.
Asimismo señalaron que la Junta dictó una resolución sin tomar en cuenta que ya habían realizado, aseguraron, un pago de 23 millones de dólares. El dinero, entregado a través de un fideicomiso, no fue pagado a los exmineros y después de extinguirlo, Goméz Urrtia viajó a Canadá donde estuvo 12 años.
Ante ello, anunciaron que interpondrán una vez más un recurso de amparo, pues sostienen que hay “25 expedientes acumulados y la Junta tenía la obligación de dictar un laudo respecto a esos 25, sin embargo, dictó un lado únicamente a 21”. La pregunta es: ¿por qué no dictó el laudo respecto a la totalidad?”.
Sin embargo, señalaron que “esto obedece a que en estos cuatro expedientes que no fueron materia de laudo obran constancias de que el Sindicato, sin tener la obligación de ello, ya pasó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores”, señalaron.
La JFCyA con su fallo, acata la resolución del Tribunal en la que a Napoleón se le vincula como responsable solidario de la deuda. Cabe recordar que en 2018 emitió un laudo que obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares a repartirles dicho fondo con los intereses o rendimientos generados durante más de una década.
Asimismo, Gómez Urrutia ha recurrido a diversas maniobras jurídicas para no pagar. Incluso el sindicato argumentó que pagó 23 millones de dólares a trabajadores, un millón 500 mil dólares al fiduciario, y que 14 millones de dólares fueron embargados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2019, desechó los amparos promovidos por el senador de Morena y ordenó al Tribunal Colegiado que los resuelva de forma definitiva. Ahora, la JFCyA ratificó dicho laudo a favor de los exmineros que integran al grupo conocido como de “Los 719 de Cananea”.
