En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad regional, los ministros de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y de Argentina, Patricia Bullrich, han formalizado un acuerdo estratégico para intensificar la lucha contra el crimen organizado.
La firma del convenio tuvo lugar este martes y responde a la voluntad expresa de los presidentes Nayib Bukele y José Luis Espert de sus respectivos países.
El acuerdo establece la creación de espacios especializados de análisis, diseñados para desarrollar estrategias innovadoras y herramientas efectivas que permitan enfrentar de manera eficaz a los grupos criminales que operan en ambos países. Esta iniciativa busca consolidar una cooperación internacional robusta en materia de seguridad, enfocada en la prevención y la reducción de la criminalidad transnacional.
Durante su visita a El Salvador, la ministra Bullrich tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el exitoso modelo implementado por el presidente Bukele en el marco del Plan Control Territorial. Este plan, reconocido por sus resultados sin precedentes, ha sido fundamental en la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad en el país centroamericano.
«Compartimos con la comitiva del @MinSeg de Argentina las herramientas y acciones que hemos implementado en el desarrollo del Plan Control Territorial», destacó Villatoro en sus redes sociales, enfatizando la importancia del intercambio de experiencias y estrategias entre ambas naciones.
Durante su estancia, la ministra Bullrich visitó una megacárcel inaugurada en 2022, con capacidad para 40,000 reclusos, la cual forma parte de las medidas implementadas para contener y neutralizar la actividad de las pandillas en El Salvador. Este encuentro también incluyó una reunión con el presidente Bukele en la casa de gobierno, donde se discutieron los detalles y avances del acuerdo bilateral.
El presidente Bukele, quien ha liderado una política de mano dura contra las pandillas desde su llegada al poder en 2019, ha implementado un régimen de excepción desde 2022, permitiendo detenciones sin orden judicial como respuesta a la escalada de violencia que afectaba al país. Hasta la fecha, más de 80,000 presuntos pandilleros han sido detenidos bajo esta medida.
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