Redacción, Noticias MXPolítico.-Mañana se espera una movilización pacífica dentro de la Cámara de Diputados, donde cientos de asesores parlamentarios, principalmente del bloque de la Cuarta Transformación, exigirán el respeto a sus derechos laborales. Esta protesta surge ante la intención de algunos legisladores de terminar sus contratos cuatro meses antes de lo pactado, hacia el final de la LXV Legislatura.
La movilización involucra al menos cuatro mil trabajadores contratados por honorarios, quienes desempeñan un papel crucial en el proceso legislativo en San Lázaro. Son responsables de asesorar a los diputados en la elaboración de iniciativas y en sus intervenciones para la toma de decisiones a nivel nacional.
En un desplegado, los asesores hacen un llamado a la Junta de Coordinación Política, el Comité de Administración y la Secretaría General para que respondan de manera inmediata a sus demandas.
Explican que su remuneración está vinculada a las prerrogativas destinadas a los diputados para el pago de asesoría especializada, lo cual les permite cumplir con su función como representantes populares.
La incertidumbre surge de la intención de algunos legisladores de pagarles solo hasta el 30 de abril de este año, en lugar del 31 de agosto acordado. Esto, argumentan, se debe a que el periodo ordinario de sesiones concluye en este mes y los tres siguientes no requerirán de sus servicios debido al inicio de funciones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aunque algunos diputados seguirán en funciones.
Según testimonios recogidos por La Razón de México, los afectados principales son de las bancadas de Morena, PT y PVEM, aunque también hay algunos del PAN y Movimiento Ciudadano.
Los asesores destacan que, si bien las legislaturas tienen fechas de inicio y conclusión, el carácter del Poder Legislativo es permanente, y la ausencia de asesores, personal técnico y administrativo podría paralizar la labor legislativa.
Por ello, exigen el respeto al marco normativo que garantiza su salario, certeza laboral y la ausencia de represalias para quienes promuevan acciones distintas a lo acordado en los órganos de decisión política.
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