ASF investiga pagos del INE a 18 fallecidos y contratos a 57 funcionarios

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades que incluyen pagos a 18 trabajadores fallecidos y contratos otorgados a 57 personas que desempeñaban cargos en la administración pública.

La indagatoria también considera observaciones por más de 66.5 millones de pesos que el instituto no solventó, así como posibles conflictos de interés, anomalías en contrataciones y deficiencias en la comprobación de recursos públicos, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL.

Los 57 contratistas son investigados debido a que recibieron contratos del INE mientras ocupaban puestos dentro de la administración pública. La ASF analiza si divulgará sus nombres en su informe, previsto para el 20 de febrero de 2027, pues podrían integrar una eventual denuncia penal si las investigaciones reúnen los elementos necesarios.

Durante la revisión, la Auditoría también detectó que el INE mantuvo en nómina y realizó pagos a 18 trabajadores que ya habían fallecido.

Con cargo al presupuesto de 2025, el organismo electoral otorgó contratos por más de 21 millones de pesos a 10 empresas con menos de un año de constituidas. Además, 131 proveedores omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque continuaron recibiendo contratos.

El monto más alto pendiente de aclaración corresponde a un contrato por 63 millones 241 mil 392.14 pesos, adjudicado a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., para imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro del Proceso Electoral 2023-2024. Según la revisión, el INE no presentó documentación suficiente para acreditar la prestación del servicio.

También siguen sin aclararse un millón 70 mil 928.52 pesos por la impresión de materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos por el arrendamiento de vehículos.

La revisión de la ASF comenzó el 5 de junio de 2026 y comprende la totalidad de los recursos recibidos por el INE. La investigación incluye a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tras identificarse empresas que participan de manera conjunta en procedimientos de contratación y obtienen convenios en distintos organismos electorales estatales.

La ASF confirmó públicamente el inicio de la investigación por el presunto uso indebido de recursos públicos y señaló que cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos.

El organismo encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel indicó que las indagatorias se desarrollarán con independencia, objetividad y rigor técnico, en ejercicio de sus nuevas facultades de investigación.

Entre los casos relacionados con contrataciones del INE figura el de Lourdes Piña Soria del Valle, quien se presenta como asesora y persona cercana a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

De acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL, Piña Soria del Valle es madre de Itzel Sandino Piña Soria, administradora única de Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., empresa que comenzó a aparecer como proveedora del instituto durante 2026.

Aunque Lourdes Piña Soria del Valle no aparece en la nómina del organismo ni como trabajadora externa o por honorarios, empleados consultados por el medio señalaron que tiene acceso a las instalaciones del INE.

En esa relación empresarial también aparece Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo a finales de 2025 un contrato superior a un millón de pesos para producir una miniserie documental sobre la elección judicial. Según el acta constitutiva consultada por EL UNIVERSAL, Solís Mendívil figura además como comisario de Promotora de Noticias Exactas.