La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades por 282 millones 168 mil pesos en el ejercicio de recursos públicos del municipio de Acapulco durante la gestión de la morenista Abelina López, quien pidió licencia para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura.
Las observaciones corresponden a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y 2024, e incluyen gastos no comprobados o realizados en exceso, obras inconclusas o sin operar y desvío de recursos.
El mayor monto señalado corresponde a 2024, cuando las observaciones alcanzaron 206 millones 217 mil 857 pesos, equivalentes a aproximadamente 73 por ciento del total. Ese año se realizaron elecciones federales.
De esa cantidad, alrededor de 186.2 millones de pesos corresponden a gastos no comprobados, mientras que poco más de 20 millones fueron señalados por pagos improcedentes o realizados en exceso.
Desde 2021, año en que comenzó la administración de Abelina López, la fiscalización registra observaciones superiores a 72 millones de pesos por distintas irregularidades relacionadas con el ejercicio de recursos federales.
Dentro de ese monto, 18 millones 496 mil pesos aparecen expresamente como “No Solventados” y corresponden a recursos federales aplicados en rubros no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal. También existen indagatorias por montos no comprobados cercanos a 30 millones de pesos correspondientes a 2021.
Los reportes de la ASF señalan además dos cantidades relacionadas con obras no realizadas durante ese año: 3 millones 641 mil pesos y 6 millones 265 mil pesos. A ellas se suma una observación por 13 millones 478 mil pesos vinculada con incumplimientos a la normativa en materia de obra pública y servicios.
Para 2022, la ASF identificó 3 millones 890 mil pesos en recursos federales aplicados en programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal.
En julio pasado, la Corte anuló una auditoría en la que se había declarado responsable a Abelina López por la falta de comprobación del uso de 898 millones de pesos de recursos federales.
Los ministros determinaron que la Auditoría Superior del Estado actuó ilegalmente al realizar la fiscalización sin un acuerdo previo con la Auditoría Superior de la Federación.
