A veces las relaciones entre la Cuarta Transformación de la Nación y la Abogacía Independiente de la Republica no son todo lo cordiales que deberían de ser. Algunos “Siervos de la Nación’’ ven en la abogacía un enemigo natural y a la inversa. La verdad es que son posiciones encontradas y condenadas a no entenderse.
Estas relaciones no van a mejorar en nada con actuaciones que denoten el seguir brindándole impunidad al fenómeno de la narco-política, como mal piensan esos servidores públicos que ello es lo obligado. Es más, lo que dice la Ley eso es lo obligado, según pensamos muchos abogados.
Hagamos un compas de espera y efectuemos un periplo al pasado.
Cicerón el mas grande abogado de todos los tiempos dijo: “recuerdo lo que no quiero recordar y lo que quisiera dar al olvido no lo puedo olvidar’’. Memini etian quae nolo oblivisi non possum quae volo.
Así las cosas, regresemos al presente, para decir que esa confronta de pensamientos e ideales se debe a la posición de ilegalidad que hasta el momento han adoptado servidores públicos como Andrés Manuel López Obrador y Alejanro Gertz Manero, al efectuar esa ardua empresa para defender y proteger al narcopolítico más importante de la historia jurídica nacional. Ambos resultan ser unos iletrados y profanos que desconocen por completo las complicadas alquimias jurídicas para encontrar una responsabilidad penal como la ley mandata, resultan uno y otro ser incapaces de captar el significado misterioso de esas formulas.
Para el Foro Independiente de la República, más arduo todavía es defender la justicia que proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuentemente lo que estipula el Código Penal Federal, dado que esa tarea a la Cuarta Transformación de la Nación le resulta ser de poca importancia.
Por un lado los “Siervos de la República” no quisieran recordar y pretenden dar al olvido que a consecuencia de esas alianzas creadas por el narcopolítico se perdieron vidas de incipientes guardianes de la ley. Por el otro lado, la Abogacía Independiente de la Nación, aunque quisiera dar al olvido, eso no lo pueden olvidar.
Aquí comienza lo bueno.
Desde luego la defensa de legalidad, justicia y constitucionalidad, seguirá insistiendo que se aperturen las actas de la narcopolítica y consecuentemente se aplique la ley.
Ningún mexicano en su sano juicio puede seguir sosteniendo, el brindar impunidad a ese delincuente, nadie puede consentir que ese infractor de la ley penal siga siendo favorecido por el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República.
Para que este acto crucial de Justicia sea factible y pueda enriquecer el Estado de Derecho anhelado, resulta obligado: actuar conforme a estricto derecho.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México A. C.
