Por: Héctor Calderón Hallal
Tal parece que la tan llevada y traída modernidad no ha llegado a la discusión jurídico-filosófica en el statu quo de la política mexicana. Lo que la convierte en un aburrido alegato decimonónico.
Mientras los escuderos de la nueva administración tetra transformadora muestran un notable prejuicio, en sus declaraciones sobre la actuación policial en los últimos años y en general sobre la actividad del trabajador del sector seguridad pública, el establishment de sus opositores no ha sido capaz o no ha tenido voluntad para convencer, ni al nuevo gobierno ni a la sociedad en general, de la terrible confusión en que se hallan respecto del trabajo de los policías mexicanos en general.
Sus dichos panegíricos hacia el pasado reciente, se han centrado en defender la honorabilidad de expresidentes y excandidatos; o en justificar el gasto faraónico de sus partidos. Aquellos que por cierto han impulsado formatos de políticas clientelares o asistencialistas, que ahora les son negadas o regateadas y que, entre todas, conformaban un tremendo boquete por el que desangraron inmisericordemente al erario nacional.
Políticas públicas que sólo beneficiaron a todos aquellos que garantizaban la perpetuidad del sistema, ya sea promoviendo el voto a favor o robándose la elección: Recursos que regenteaban los eternos vividores de la gestión; programas para el rescate de campesinos malcriados en el paternalismo y elaboradas fórmulas para triangular dinero como las guarderías infantiles fraudulentas, son solo tres de muchas decenas de ejemplos más.
Vamos, no han servido los críticos del Presidente ni para defender al famoso neoliberalismo, al que ni siquiera entendieron o valoraron suficientemente.
Esto ha abonado el terreno, para que esta administración y sus defensores, sigan obnubilados por una idea prejuiciosa de lo que es y lo que hace un policía en los últimos tiempos en este país, sin que nadie –de parte de alguno de los dos bandos- haya reparado en la importancia de esta actividad, que junto con la procuración y la administración de justicia, conforman el sector de la seguridad pública.
Al policía nadie lo defiende; ni lo defendieron en el pasado tampoco.
Un oficio del que se conoce muy poco. Sobre el que el grueso de la población se hace conjeturas y en lo fundamental, estereotipos.
Antes que nada, hay que decir que es en la forma y en el fondo, un trabajador. Cuyo objeto de trabajo son las condiciones de inseguridad pública y de emergencia de la población en general. Una realidad que busca ser transformada por la acción de sus medios de producción: los protocolos de actuación (intervención reactiva o preventiva), con el apoyo de sus instrumentos de trabajo: las armas, su integridad, etcétera.
Es un trabajador pertinazmente exigido por la sociedad y pocas veces compensado; o comprendido siquiera.
Se le cambia su horario de comer, de dormir y hasta de ir al baño, porque está sometido a constantes rotaciones de horario.
Se vuelve hipertenso en cuanto participa de la psicosis de un enfrentamiento armado y en el mejor de los casos, si no resulta abatido o lesionado.
El policía trabaja, vigila, atiende emergencias en días y horas en los que el resto de la gente duerme, descansa, viaja, convive, se divierte o celebra.
Y también, hay que decirlo claramente, percibe un bajo ingreso salarial a cambio del riesgo que implica su trabajo. En muchos municipios de este país, un agente policial percibe alrededor de 5 mil pesos mensuales por el desempeño de su función.
Hoy día, en México el agente policial tiene que enfrentarse además a una sociedad prejuiciada por excesos en la actuación policial de anteriores administraciones, donde hubo exceso en el uso de la fuerza, abusos de autoridad y corrupción desenfrenada. Errores y situaciones provocadas por unos cuantos, al servicio de los intereses de la política y de la conveniencia; pero no cometidos por consigna ni de manera generalizada. Porque por unos cuantos la llevan todos.
Y aunado a lo anterior, el policía actualmente tiene que enfrentarse a un nuevo sistema de justicia penal, donde a pesar de haberse pronunciado ya el sector policial en su conjunto, demandando una adecuación en algunos aspectos que tienen que ver con actos de investigación que no requieren autorización judicial, contenidos en el nuevo Código Nacional de Procedimientos en materia penal, han sido olímpicamente ignorados.
Resulta urgente que sea reformado el artículo 266 del referido ordenamiento adjetivo penal federal, que contrapone sensiblemente durante la práctica al artículo 251 del mismo Código; lo que no permite que el policía haga eficientemente su trabajo.
El 266 habla de los famosos actos de molestia, cuya invocación se ha prostituido por parte de ciudadanos y defensores de los derechos humanos; que entorpece maliciosamente el trabajo policial en términos de funcionalidad y eficiencia, pues genera un contrasentido de interpretación.
Materialmente, los actos de investigación policial que no requieren autorización del Juez de Control, particularmente la inspección de personas, la revisión corporal y la inspección de vehículos, previstos en el 251 y que son los únicos con los que cuenta el agente policial en su calidad preventiva o cuando está en condición de ignorancia del responsable de la comisión delictuosa, son materialmente nulificados por lo previsto en el artículo 266.
Tiene que ser modificada su redacción, toda vez que no es un complemento moral del artículo 16 Constitucional, cuyo espíritu en este último caso, corresponde al supuesto de ciudadanos que no tienen vínculo aparente ni formal con la comisión delictiva o infractora.
Lo único que provoca ante la urgencia este contrasentido legal, es que el agente policial violente la legalidad al andar encuadrando sus puestas a disposición, a través de llamadas apócrifas o anónimas, al sistema de atención telefónica 911, a fin de sustentar la urgencia y poder inspeccionar o revisar a la persona que se pretende investigar o a un vehículo en el que probablemente se perpetró un hecho ilícito, donde desde luego existe presunción no comprobable por medios instantáneos; sobre todo en lugares de la geografía nacional o que por razón de la hora, exista el temor fundado o la presunción de que el probable responsable del delito huya o se sustraiga de la acción de la justicia.
Por otra parte, una desafortunada declaración de hoy Jueves 28 de Marzo del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, donde atribuye las causas de la inseguridad esencialmente a la “colusión de los efectivos con los delincuentes” y a “la poca capacitación que reciben éstos”, solo denota dos situaciones probables: un desconocimiento real del tema central de su cargo o de plano, una deliberada intención de treparse en esa especie de cresta de la ola descalificadora de la mayoría de los protagonistas de esta nueva administración gubernamental, tanto federal como a nivel CDMX, en la que todo lo que se recibe de anteriores administraciones está mal y hay que reinventar el gobierno.
Acaso por estrategia, o lo que sería francamente peor, por simple prejuicio ideológico o político.
Y hay decenas de declaraciones de parte de protagonistas del actual gobierno, en que se percibe esta especie de hipótesis no comprobada, en el sentido de que todos los agentes policiales son corruptos, abusivos, ineficientes, no adiestrados, no profesionales, etcétera…. Y por si fuera poco, que redundan cómoda y simplistamente en esa afirmación vaga: el origen y el fondo de la inseguridad es que no tenemos policías capacitados ni honrados, o que todos están coludidos con la delincuencia. ….. Nada más impreciso e injusto que lo anterior.
La inseguridad y la violencia tienen un origen complejo y multifactorial. La corrupción policial, como las deficiencias en la capacitación del sector, son solo dos de muchos aspectos que deben seguirse atendiendo de manera transversal. Como se ha venido haciendo desde varios sexenios; por lo menos tres.
Para ser policía se requiere pasar por varios filtros de reclutamiento, selección, adiestramiento y control de confianza, como está establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde que se promulgó y entró en vigor, en los albores del año 2009. Ordenamiento que sustituyó a la antigua y pretensiosa Ley General que establece las bases de coordinación entre Federación, Estados y Municipios, …etcétera; que no era otra cosa que la legitimación de la incompetencia entre corporaciones y entre los diferentes niveles de gobierno; a saber: las diferentes corporaciones se aventaban la pelotita cómodamente entre sí, para no atender o eludir algún asunto o caso escudados en la competencia, reproduciendo un modelo de seguridad ineficiente llamado Modelo Reactivo, que sustituyó al Modelo Legalista y es el antecedente del actual Modelo Proactivo, llamado de Proximidad Social.
Esto es, que se atendían tanto el servicio como la emergencia policial sólo en base al hecho consumado y no había coordinación entre corporaciones: El entonces Judicial (Investigador) no podía atender un delito derivado de hecho de tránsito o realizar patrullaje preventivo, porque eso le correspondía por ley al agente de vialidad o al agente preventivo, él solo estaba para investigar el delito; y a la vez, por ejemplo, el agente preventivo no quería (o no podía)desenvolverse investigando el delito, porque su función era solo preventivo; lo mismo pasaba con las competencias de orden; las llamadas corporación del orden común no podían invadir la esfera de las que atendían los delitos del fuero federal y viceversa; puros pretextos para el incumplimiento.
Deficiencias que se vienen atacando y subsanando desde hace por lo menos diez años, con la nueva legislación promovida para complementar al artículo 21 Constitucional. Esa ley principal, se insiste, contempla el seguimiento a cada servidor público del rubro de la seguridad, sea operativo o administrativo, hasta en su fase de retiro, lo sigue, lo investiga. No hay modo alguno -en teoría- en que el ex servidor público se le salga del control al órgano de gobierno.
Están sentadas las bases jurídicas y operativas pues, para que se combata la corrupción y la ineficiencia. Del mismo modo, en sus artículos 122 y 123 de la referida Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, marca la obligación de llevar un registro pormenorizado a través de biometrías en las más diversas modalidades, para identificar al colaborador, al policía en cualquier lugar, tiempo y circunstancia: Biometrías (fichas) de voz, de ADN, fotográficas, de Información personal y de su entorno, Caligráficas, entre otras.
No todo lo que hay en las corporaciones es tan malo o deficiente. De hecho, hay mucho que rescatar. Un esfuerzo tangible, que solo quien no lo quiera ver por desinterés o por desconocimiento, no lo ve ni lo aprecia.
Hemos visto pasar y desde hace varios años, generaciones de jóvenes limpios, bienintencionados, que han acudido a las academias creyendo en su país y en lo que les ofrece a cambio de su compromiso de convertirse en policías; que se inscriben para continuar con su preparación o para culminarla, con genuinos deseos de ser útil a la comunidad y de salir adelante en una profesión que le permita alcanzar progreso material y humano para él y los suyos, de manera lícita, honrada.
Y han sido muchos de ellos los que quizá han brincado a las filas de la delincuencia organizada….. pero quizá han sido también muchos los que han perecido en el servicio a manos de los verdaderos traidores a la nación y a la sociedad. Los baquetones a los que no les gusta trabajar con legalidad y esfuerzo; que no les importa infringir los más graves daños a la integridad y a la vida del prójimo, con tal de garantizar unos pocos días de derroche y excesos, a costa de la tragedia o el daño para otros; la llamada delincuencia organizada nacional e internacional.
El oficio (ahora profesión) de ser policía, se ejerce en esencia con humanismo, pero sobre todo, partiendo de una premisa inherente a la vida en sociedad: la buena fe.
La buena fe es un principio general del Derecho, que recoge de manera abstracta un sentido normativo a la acción; deseable en todo acto público y privado de los hombres.
Precisamente es esta buena fe, el mismo molde en el que se fundan todas las instituciones del estado moderno: El estado, la ley, el crédito, el ahorro, el trabajo, etcétera.
La seguridad pública, como parte sustantiva de la acción de todo gobierno, surge como una institución de buena fe.
Es indiscutible su naturaleza, como también el que algunos, quizá muchos de sus elementos, en México y en el mundo, hayan observado comportamientos que rebasan sensiblemente este molde de acción.
Sin embargo, ese no es motivo suficiente para negar la importancia del rubro, pero sobre todo, lo urgente que resulta en el México de nuestros días, generar un clima de respeto y confianza para los trabajadores de la seguridad pública, quienes se encuentran en el punto más vulnerable de la estructura social, haciéndole frente a dos flagelos que nos amenazan ya como sociedad y como especie: la inseguridad y la violencia.
Es pertinente alzar la mano para intervenir Señor Presidente, a nombre de todos los integrantes de nuestros cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas en general, para que sean tratados con el respeto y la atención que implica su responsabilidad al interior de la sociedad. Que no se le denigre; que no se le señale sin bases, sin fundamentos, en los medios de comunicación.
En síntesis, que todos nuestros policías y soldados o marinos involucrados en ese gran compromiso de devolvernos la paz en calles y poblados de la nación, sean tratados con la misma dignidad que todo trabajador mexicano merece.
Que sean bien remunerados. Que tengan condiciones legales para su trabajo eficiente y seguro. Que sus viudas y huérfanos tengan la plena garantía de que al faltar el esposo o el padre, tendrán siempre un estado responsable y que con buena fue responderá patrimonial y objetivamente; con la misma buena fe con la que ellos pusieron a disposición sus vidas en todo momento, a pesar del miedo, a pesar de las adversidades,….a pesar de los prejuicios de la gente a la que sirven, a la que protegen.
Con buena fe y sin prejuicios.
Héctor Calderón Hallal
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