Ataque a Lorenzo Córdova cuestiona elección de Claudia

Eduardo Sadot

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova Vianello encarnó la tensión entre el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos. Hasta el fin de su encargo como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en abril de 2023, Córdova fue blanco de una narrativa constante impulsada desde Palacio Nacional que trascendió las discrepancias operativas sobre la organización de los comicios para convertirse en un embate directo contra la independencia del árbitro electoral.

La estrategia presidencial operó en múltiples frentes: en las conferencias matutinas se descalificó a Córdova, tildándolo de servidor público «sin principios y farsante», mientras se alimentaba la versión de que proyectaba una candidatura opositora, señalamiento que desmintió al recordar el impedimento legal para ocupar un cargo de elección popular inmediatamente después de concluir su encargo; a la par, el discurso de la austeridad fustigó los ingresos de la burocracia electoral y los fideicomisos institucionales, utilizándolos como bandera política.

El punto de máxima fricción se alcanzó entre 2021 y 2022 con la Revocación de Mandato, cuando los ajustes logísticos derivados de los recortes presupuestales fueron calificados por el Ejecutivo como un «sabotaje democrático». La disputa alcanzó su cúspide con el llamado Plan B electoral y el rechazo a un organismo calificado desde Palacio Nacional como «costoso y antidemocrático», contienda en la que la resistencia legal del INE consolidó a Córdova como símbolo de la autonomía institucional.

Sin embargo, en el escenario político actual, los cuestionamientos por presuntas irregularidades en las contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei han escalado hacia una revisión histórica de las adquisiciones del IFE, el INE y los organismos electorales locales desde el año 2000 hasta 2025. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido ampliar las investigaciones a las administraciones anteriores y ha cuestionado públicamente a Lorenzo Córdova.

La Auditoría Superior de la Federación ha anunciado que busca identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos. Investigar posibles irregularidades es una obligación institucional y nadie debe estar por encima de la ley; sin embargo, una auditoría no puede convertirse en instrumento de persecución política ni en un juicio mediático anticipado. Deben respetarse las garantías del debido proceso, los plazos de prescripción, la seguridad jurídica y las resoluciones firmes.

El artículo 23 constitucional protege el principio non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por el mismo delito, ya sea que haya sido absuelta o condenada; principio que debe distinguirse de las facultades de fiscalización y de las revisiones administrativas, pero que tampoco puede ignorarse cuando se pretenda reabrir responsabilidades ya resueltas. La paradoja política es evidente: al extender la revisión retrospectiva hasta 2025, el propio gobierno coloca bajo el escrutinio público no solamente a las administraciones anteriores, sino también a la gestión que encabezó Guadalupe Taddei y al proceso electoral de 2024 en el que resultó electa Claudia Sheinbaum.

No significa que una auditoría de contratos pueda anular una elección, pues son materias jurídicas distintas; significa que quien pretende convertir el pasado electoral en instrumento de descalificación política debe aceptar que el presente tampoco quede exento del escrutinio. Si se pretende revisar la historia de las instituciones electorales, debe hacerse con objetividad, sin selectividad y sin convertir las investigaciones en armas de propaganda.

De lo contrario, la ofensiva contra Lorenzo Córdova puede terminar produciendo un búmeran político: lejos de fortalecer la confianza en las instituciones, abrirá nuevas interrogantes sobre la imparcialidad de la autoridad electoral, las condiciones en que se desarrolló la elección de 2024 y la legitimidad política del triunfo oficialista. Quien utiliza toda la fuerza del Estado para cuestionar a sus antecesores debe estar dispuesto a que sus propios actos sean examinados con el mismo rigor. Esa es precisamente la diferencia entre justicia y persecución política, entre rendición de cuentas y venganza desde el poder, en un régimen que he definido como el DESPOTISMO CRIMINAL MEXICANO.

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