Aunque Pese
Por Salvador Martínez G.
El problema de las desapariciones de personas ha sido grave en el país desde hace décadas y la impunidad sobre la mayoría de los casos es la sombra que cubre a los miles de hombres y mujeres buscados por sus familiares y muchas veces encontrados muertos o tasajeados en fosas clandestinas.
El último y más escandaloso caso ha sido el del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ante el cual el gobierno de Claudia Sheinbaum decidido tomar al toro por los cuernos y atenderlo de frente.
A diferencia de sexenios anteriores, se tomó la decisión de dialogar y atender de manera directa a los colectivos de madres buscadoras, que en número aproximado es de 145 en toda la República, con entidades como Jalisco, Estado de México o Tamaulipas con mayor número de casos.
El encargo de la positiva, pero complicada misión de atender a los desesperados familiares de los miles de desaparecidos le fue conferida, como era natural, a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Rosa Icela Rodríguez, es de las colaboradoras más eficientes del gabinete presidencial.
Lo primero que se logró es la aceptación de los más importantes colectivos, para colaborar con el gobierno, como lo estableció Indira Navarro, de Guerreros Buscadores, del estado de Jalisco, quien, sin empacho, sostuvo:
“Es histórica esta apertura (la del Gobierno con los grupos buscadores) que han tenido con víctimas, no sólo con este colectivo, sino en general. Somos muchas víctimas en el país y es el inicio para caminar juntos. Nosotros no somos enemigos, queremos trabajar de la mano con ustedes, trabajar en coadyuvarla y ser escuchados, no sólo ser escuchados, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a algún acuerdo”.
La secretaria Rosa Icela, enfatizó que para la presidenta Sheinbaum, se atenderá “como una prioridad del Estado, el problema de la búsqueda de personas”. “Queremos trabajar con ustedes y que vean como son estas propuestas” para conformar una agenda de trabajo conjunta.
Por fin se camina en el sentido correcto.
SUSURROS
Mucho es lo que las autoridades de la Capital del país, Gobierno central, alcaldía, y, principalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tendrá que aclarar por el fallecimiento de dos jóvenes fotoperiodistas en el seno del Festival AXE Ceremonia este fin de semana en el Parque Bicentenario.
De entrada, la empresa promotora del evento Eco Live, propiedad de Diego Jiménez y las autoridades de la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad, solo atinaron a echarse la bolita sin asumir ninguna la responsabilidad del trágico accidente en el que Protección Civil, mucho tendrá que explicar.
Ojalá el problema no caiga en politiquerías de parte de la alcaldía encabezada por Mauricio Tabe y las autoridades del Gobierno central encabezadas por Clara Brugada, pues ello no ayudaría a evitar próximos tristes accidentes ni a reparar el daño a los familiares de las víctimas.
Ya la Fiscala Bertha Alcalde se comprometió a investigar a personas y empresas involucradas, esperamos así sea.
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