Muelle 1
Carlos Alberto Duayhe
La detención de personas por delitos de alto impacto es responsabilidad ineludible del gobierno como depositario del estado de derecho y; más por estar relacionados en su mayor parte con el tráfico de enervantes, uno de los puntos de la vecindad con Estados Unidos, más delicados.
A princpios del mes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio un informe pormenorizado de lo logrado en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la siguiente manera:
“Del primero de octubre de 2024 al 30 de noviembre del 2025 tenemos los siguientes avances: Se han detenido 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto”.
Y siguió: “se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo; se han asegurado 20 mil 169 armas de fuego; el Ejército y la Marina han desmantelado mil 760 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de miles de millones de pesos para la delincuencia organizada”.
Nada demerita estos alcances producto de una real coordinación entre esa dependencia y sus similares de la Defensa, Marina, Guardia Nacional e Inteligencia.
Pero el ingreso de 38 mil 700 personas a los 14 penales federales que tienen una capacidad de 28 mil 200 espacios refleja que sólo en ese ámbito hay 10 mil personas de más, unas sentenciadas y otras en proceso, pero de que hay de más y siguen siendo un problema allí, también ineludible.
Y ni qué decir de los del fuero común: 261 penales en 32 estados; hay 225 mil presas (éstas, minoría) y presos y la capacidad aproximada es de 200 mil.
Cuáles son las condiciones de alimentación, salud, capacitación, educación, trabajo (si acaso lo hay), deportes, orientación, conferencias, sicología, poco se sabe.
Los distinguen lamentablemente violencias intramuros, miserias, por decir lo menos.
Se supone que son centros de reinserción social, lo que implica que cada una de esas personas, cuando cumplan sentencia, salen a las ciudades y comunidades presumiblemente a trabajar pero ¿en qué? Y a regresar a sus casas, cuando las hay, o a sus familias, si las hay.
Lamentablemente no tardan en regresar a esas cárceles y en muchas oportunidades ni a eso, a encontrar sitio en los índices de homicidios dolosos de cada día.
Es algo que ninguna autoridad explica cómo resolver tantos entuertos juntos pero que suponen otro reto para las autoridades federales y estatales si es que se aspira a una sociedad en la que haya justicia de verdad.
Atraques:
1. Ahora que la extorsión ya es un delito en todo el país, veremos cómo repercuten estos casos en los centros penitenciarios, de casas llenas a casas más inhabitables.
2. El martes es la audiencia ante el juez de Coatzacoalcos que lleva el caso del periodista Rafael León Segovia, acusado de terrorismo. Hasta ahora no se sabe qué fue, como dicen por allá.
3. Lo mejor a sus familiares y amigos este fin de año y a ver qué tal el 2026. En sus marcas…
