Audios filtrados, testimonios incorporados a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y documentos decomisados por autoridades estadounidenses han puesto bajo escrutinio las relaciones de personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán con operadores señalados por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los señalamientos abarcan operaciones relacionadas con combustible y suministro de balasto, e incluyen grabaciones atribuidas a Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado en investigaciones periodísticas como amigo y operador cercano de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán.
El 17 de agosto, la FGR informó que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” contra el hijo de un expresidente por delitos en materia de hidrocarburos.
La periodista Peniley Ramírez declaró posteriormente a Radio Fórmula: “Es un desmentido que no es desmentido”. Añadió: “La fiscalía no dice que no tiene indicios o testimonios, dice que lo que tiene no tiene la fuerza de prueba suficiente. En el ánimo de desmentir, la fiscalía termina confirmando que sí tienen algo”.
Ramírez publicó el 15 de agosto en Reforma que el expediente sobre huachicol fiscal contiene “varias menciones a Andy López Beltrán de distintas fuentes”. También escribió: “Otro testigo dijo que todos los caminos llevan a Andy y que él realizó llamadas clave que permitieron una operación ilegal mayúscula”.
La periodista señaló además que en el expediente estaría incluida, o habría estado, al menos una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta del primer círculo de López Beltrán.
Por separado, el periodista Arturo Ángel difundió capturas de la declaración del testigo protegido JCSP, en las que aparecen cuatro referencias a “un hijo del expresidente”. Según lo publicado, el capitán de Marina Carlos Estudillo declaró que hubo diferencias entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y uno de los hijos de López Obrador por la persecución de una red de huachicol.
Uno de los episodios mencionados se relaciona con el buque cisterna Torm Agnes, que en marzo de 2025 transportó diésel declarado documentalmente como aditivo de aceite. La carga tenía como destinataria a Intanza, empresa que autoridades mexicanas sospechan que funcionaba como fachada del CJNG, de acuerdo con un reportaje de Arturo Ángel publicado en Entorno MX.
El buque descargó inicialmente en Ensenada, Baja California, y después continuó hacia Guaymas, Sonora. La operación coincidió con el decomiso del Challenge Procyon en Tampico, tras lo cual áreas centrales de la Secretaría de Marina ordenaron inspecciones cada tres horas.
Un capitán retirado de la Secretaría de Marina, quien participó en operaciones de huachicol fiscal y sería testigo colaborador, declaró ante la FGR que, ante el riesgo de que la operación fuera descubierta, contactó al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Mike.
“Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control”, declaró el testigo. Según su versión, Solano respondió: “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso. Y me dijo: ‘Esto es solo para tus ojos’”.
De acuerdo con ese testimonio, aproximadamente 90 minutos después el Torm Agnes salió de la zona de amarre e inició las maniobras de zarpe. Cuando agentes de la Fiscalía llegaron para solicitar una inspección, el capitán respondió que el barco ya estaba en maniobras y que la mercancía había sido desaduanada.
La declaración fue levantada el 27 de febrero de 2026 ante la Fiscalía Especial en Investigación de delitos en Materia de Hidrocarburos y, según el reportaje, está incorporada a la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024.
En Veracruz, Latinus difundió grabaciones de 2023 atribuidas a Amílcar Olán, quien habla sobre la relación de su hermano, Luis Alberto Olán, con Iván Cazarín Molina, alias el Tanque. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como operador del CJNG.
En una de las conversaciones con un interlocutor identificado como Ángel Montero, Amílcar Olán afirma: “Habló con toda la gente de allá, la malandrada. Ya llegaron allá a hablar con él, a saludarlo y todo. Ya todos se cagaron. Porque le preguntaron: ‘¿A poco los conoces a toda esa gente?’”.
En otra grabación, Luis Alberto Olán dice: “Él sabe que yo conozco al Tanque aquí, al de la maña, y como vio que no lo volvieron a molestar a ese güey que lo llegó a extorsionar… ya le dije: ‘No, si yo me llevo con el Tanque, yo ya le hago de cuenta’. Y ya se quedó así”.
Un informe confidencial del Ejército de 2019 citado por Latinus advertía que Cazarín Molina podría tomar el control de actividades delictivas en Veracruz. Documentos militares de 2021 y 2022, obtenidos tras el hackeo del colectivo Guacamaya, también reportaron sus operaciones.
En 2024, el Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de operar una red de robo de combustible capaz de generar millones de dólares para el CJNG mediante gasolineras, almacenes ilegales y comercialización de combustible que llegaba hasta Texas.
Los audios también relacionan a Luis Alberto Olán con la protección de minas de balasto utilizadas para abastecer proyectos ferroviarios. En grabaciones obtenidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Amílcar Olán atribuye a Gonzalo “Bobby” López Beltrán instrucciones sobre la producción del material.
“A mí Bobby la instrucción que me dio, literal, fue: ‘Tú tienes que producir 500 mil metros cúbicos de aquí al 30 de noviembre. ¿Cómo le vas a hacer? Ese es tu pedo’”, se escucha en una de las grabaciones.
En otra conversación, Olán señala: “Vine porque tengo reunión acá con Gonzalo, Gonzalito. Porque mañana tenemos recorrido allá en el Tren Maya con los de los consorcios, ya ves que estoy ahí metido con lo del balasto”.
Otra línea de los señalamientos involucra a Portacelis Gas and Oil, importadora de combustible que MCCI vinculó con Amílcar Olán. Su primer proveedor fue Ikon Midstream, compañía texana investigada por el FBI y la FGR por suministrar combustible a empresas señaladas de estar al servicio del CJNG.
Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de Amílcar Olán. El mismo contador aparece en documentos mercantiles de Romedic, empresa que recibió más de 490 millones de pesos en contratos del INSABI, y de Poyago, que obtuvo 20 contratos del IMSS por 344 millones de pesos.
Entre el 4 de febrero y el 11 de julio de 2025, Portacelis registró la importación de 15 millones 350 mil litros de diésel procedentes de Texas. Las operaciones, 444 en total, se realizaron mediante las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y el puerto de Veracruz, con un valor declarado cercano a 7 millones de dólares.
La Secretaría de Energía autorizó a la empresa, el 27 de septiembre de 2024, importar hasta 52 millones de litros de diésel. Tres semanas después, los socios originales vendieron sus acciones, De la Cruz Murillo dejó la administración y fueron incorporados dos jóvenes residentes de rancherías de Tabasco que, de acuerdo con la investigación, no tenían experiencia en el sector energético ni en comercio exterior.
Portacelis también tuvo como proveedor a Brownsville GTR LLC, empresa creada en Houston en 2020 y vinculada con Ballast Partners, arrendadora ferroviaria utilizada igualmente por Luxemborg Trading, compañía de Luis Ariel Rivera Rodríguez, identificado como uno de “los señores de los trenes” en redes de huachicol.
En abril de 2026, agentes federales estadounidenses catearon las oficinas de Ikon Midstream en Houston y decomisaron documentos sobre sus transacciones, incluidas las realizadas con Portacelis. El permiso de importación de esta última fue revocado el 1 de agosto de 2025.
En el caso de Intanza, Reuters intentó enviar una carta a su domicilio registrado en Monterrey, pero el servicio de mensajería no encontró presencia de la compañía en ese lugar. Tres fuentes mexicanas de seguridad y un documento gubernamental citado por la agencia señalaron que las autoridades sospechan que la empresa funciona como fachada del CJNG.
La difusión de estas investigaciones ocurrió después de que Andrés Manuel López Beltrán informara el 13 de agosto sobre la cancelación de su visa estadounidense, lo que volvió a colocar bajo atención pública los señalamientos contenidos en investigaciones periodísticas y expedientes relacionados con el tráfico ilegal de combustible.
