Por Aurelio Contreras Moreno
Nunca en la historia reciente de México un presidente electo había tenido el protagonismo de Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de transición gubernamental. En los hechos, y aunque sus partidarios lo nieguen, ya toma decisiones que afectan de una u otra manera la vida pública del país.
Una de las más trascendentales es la que tiene que ver con echar abajo la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la región de Texcoco, a pesar del avance que ya presenta la obra y del enorme costo que tendría no solo desecharla, sino revocar los contratos con las empresas que la ejecutan.
Para no asumir por completo el costo que una decisión de esta envergadura tendría, el presidente electo llamó a una consulta para “definir” si se continúa con el proyecto en Texcoco o si bien se opta por su propuesta de habilitar dos pistas en una base militar, usar la terminal de aérea de Toluca y darle un “retoque” al aeropuerto “Benito Juárez” que está en funciones.
Además de que, como ya se mencionó en este mismo espacio en entregas anteriores, la votación que se llevará a cabo esta semana no cumple con ninguno de los requisitos constitucionales para que su resultado sea considerado legal y obligatorio, más allá de la consulta en sí, la decisión que pareciera ya tener tomada López Obrador ha creado incertidumbre en los mercados financieros y entre las empresas que invierten en México, que han comenzado a tomar previsiones en la Bolsa Mexicana de Valores. Y como era de esperarse, ese nerviosismo y falta de certeza afectó al peso, que en los últimos días se depreció frente al dólar. Algo que ni las bravatas de Donald Trump habían conseguido.
El riesgo de una crisis por la errática toma de decisiones que perfilan al próximo gobierno es real y no un mero “petate del muerto” para asustar a nadie, como ha acusado el propio López Obrador. La semana pasada, la calificadora Fitch Ratings redujo de “estable” a “negativa” la perspectiva de Petróleos Mexicanos ante “futuros cambios potenciales en la estrategia comercial de Pemex” que “podrían acelerar el debilitamiento de la estructura de capital de la compañía”.
Esa misma semana, otra calificadora, Moody’s, señaló que la calidad crediticia de la empresa petrolera está en riesgo por los planes de “acabar con las exportaciones” y en su lugar promover un modelo centrado en la refinación de combustible, una de las principales propuestas de la plataforma lopezobradorista.
El activismo político de López Obrador en este periodo ha creado un vacío, pues aun cuando no tiene todavía facultades legales para tomar determinaciones, la abulia del gobierno de Enrique Peña Nieto le concede a los anuncios del primero el carácter de cuasi decisiones de Estado, mismas que mantienen en vilo el orden institucional al que, quiera o no, el próximo presidente tendrá que ceñirse si no quiere dinamitar social y económicamente al país.
Pero los pronósticos no podrían ser peores. Mientras esto sucede, López Obrador se deja “apapachar” por uno de los símbolos de la peor manera de gobernar en México: el cacique chiapaneco Manuel Velasco Coello, senador con licencia y gobernador interino de sí mismo por obra y gracia de su alianza con el presidente electo, quien sin vergüenza posa con él para la foto familiar. No por nada ha trascendido que el “Güero” sería el encargado de coordinar los trabajos de construcción del Tren Maya, el megaproyecto insignia del sexenio que está por iniciar en poco más de un mes y sobre el cual no habrá consulta alguna a la población.
Y en medio de todo, la maestra Elba Esther Gordillo prepara su acometida para recuperar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, principal beneficiario de la marcha atrás de la “reforma educativa” peñista anunciada por el próximo gobierno.
Hay augurios de vendaval en el horizonte.
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