LOS CAPITALES
Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Los inversionistas internacionales se han vuelto más exigentes con las empresas que deseen recursos económicos para apoyar causas ambientalistas y en especial sostenibles. En los últimos años, la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza) ha sido uno de los temas más debatidos en el mundo financiero. La sostenibilidad se convirtió en un eje central de las decisiones de inversión, impulsada por la creciente demanda de los consumidores, las presiones regulatorias y la conciencia social sobre el cambio climático y las desigualdades. Sin embargo, la realidad ha sido compleja. Aunque la inversión ESG prometía transformar la rendición de cuentas corporativa, los últimos acontecimientos muestran una retirada masiva de fondos dedicados a esta área, revelando una pérdida de confianza en las calificaciones y metodologías utilizadas para evaluar estos aspectos.
Desde mediados del año pasado, muchos inversionistas internacionales abandonaron el esquema ESG (ambiental, social y de gobernanza). Como lo señala ExpokNews, los inversores ya no buscan simplemente cumplir con las expectativas superficiales, sino que exigen datos verificables y un análisis más profundo del impacto real de las empresas en el medio ambiente y la sociedad. Este cambio de enfoque ha dado paso a nuevas metodologías, como la evaluación del ciclo de vida (LCA), que se perfilan como una alternativa más sólida y confiable para medir la sostenibilidad.
Y es que los inversionistas se cansaron de la falta de integridad de los datos en las calificaciones ESG. La ausencia de estandarización y la diversidad de metodologías detrás de estas evaluaciones han creado un escenario de incertidumbre. Las empresas a menudo proporcionan informes de sostenibilidad sin una verificación rigurosa, lo que dificulta a los inversores tomar decisiones basadas en información precisa y confiable. Esto por supuesto genera escepticismo entre los inversores, que buscan claridad en los datos antes de realizar cualquier inversión significativa. El 70% de los administradores de activos también expresó su preocupación por la calidad y consistencia de los informes ESG, según una encuesta de la Bolsa de Valores de Londres. Los inversores en 2025 no solo buscan cumplimiento, sino también transparencia y fiabilidad en los datos.
A este panorama se suma el auge del lavado de imagen ecológico, con informes de gestión de activos que a menudo no se alinean con la realidad. La desconfianza en las métricas ESG ha hecho que los inversores se alejen de ellas en busca de alternativas más robustas y científicamente verificables. Así, la transparencia y la calidad de los datos se han convertido en factores clave para quienes buscan inversiones sostenibles en 2025.
Ante la incertidumbre de los datos ESG, los inversores en 2025 están adoptando nuevas metodologías que les permitan realizar una evaluación más precisa del impacto ambiental. Una de las principales alternativas que está ganando terreno es la evaluación del ciclo de vida (LCA, por sus siglas en inglés). A diferencia de las calificaciones ESG que proporcionan una visión general y abstracta, el LCA ofrece un análisis detallado de cada etapa de la cadena de suministro, desde la extracción de materias primas hasta la eliminación de productos.
Los datos proporcionados por el LCA, son verificables y se basan en una metodología científica rigurosa. Esta información incluye detalles sobre las emisiones de carbono, el uso del agua, el consumo de energía y la generación de residuos, lo que permite a los inversores obtener una visión más clara del impacto real de una empresa o producto. Según informes recientes, gobiernos de países como la Unión Europea, Canadá, Australia y California están comenzando a exigir a las empresas que divulguen datos más detallados sobre su impacto ambiental, basados en el análisis del ciclo de vida. Esto ha impulsado a los inversores a integrar el LCA en sus procesos de evaluación.
En resumen, el LCA está surgiendo como el nuevo estándar para la evaluación de la sostenibilidad, desplazando gradualmente a las calificaciones ESG tradicionales. Este cambio refleja una demanda creciente de datos más concretos y científicos, que permitan a los inversores tomar decisiones informadas y alineadas con sus objetivos de sostenibilidad. Los inversores en 2025 ya no se conforman con una visión superficial, sino que buscan evidencias claras y verificables del impacto real de las empresas.
Sigue la presión contra el peso mexicano; la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.13%.
El ambiente financiero en México se deterioró cuando los inversionistas conocieron los datos de la Balanza Comercial de enero, con un déficit de -4,558B, por debajo de la estimación de -3,800B y lejos del superávit previo de 2,567B. Además, la Tasa de Desempleo de enero se mantuvo en 2.60%, sin mejoras en el mercado laboral. Estos datos reforzaron la debilidad del peso mexicano, llevando al USDMXN al alza y reflejando un entorno de déficit comercial y creciente inestabilidad económica, exacerbada por la situación en Estados Unidos.
El conflicto comercial internacional -nos dicen expertos de GrupoAFP-, sigue sin mayores avances. Trump confirmó que los aranceles a México y Canadá entrarán en vigor el 4 de mar, mientras que China también enfrentará un arancel adicional del 10% en esa fecha. Además, la fecha de los aranceles recíprocos del 2 de abril sigue en firme. Por su parte, Sheinbaum anunció que funcionarios de seguridad de México viajarán a Washington D.C. el jueves para continuar con las conversaciones bilaterales. Asimismo, tiene prevista una llamada con Trump el viernes, en la que se espera discutir posibles acuerdos para evitar los aranceles que el expresidente ha amenazado con imponer a productos mexicanos. Trump declaró: “No veo avances (debió decir retrocesos) en los flujos de drogas”. Y Canadá parece contundente. El Primer Ministro Justin Trudeau afirmó: “Tendremos una respuesta inmediata y extremadamente fuerte si Estados Unidos impone aranceles el próximo martes”.
En el ámbito interno, el gobierno de Sheinbaum acordó con gasolineros un tope voluntario de 24 pesos por litro para la gasolina Magna, vigente por seis meses. Si bien esta medida es positiva para los consumidores al evitar alzas inmediatas y contener la inflación también afecta a PEMEX y no resuelve problemas estructurales. Este acuerdo se enmarca en un contexto de pérdidas significativas de Pemex.
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