Miguel Ángel Cristiani
¿Autonomía universitaria o patente de corso? La pregunta no es retórica ni malintencionada: es obligada cuando la continuidad de Martín Aguilar Sánchez queda jurídicamente blindada, mientras los señalamientos financieros siguen esperando respuesta.
La reciente resolución del Primer Tribunal Colegiado cerró la puerta del amparo contra la prórroga del rector en la Universidad Veracruzana, pero abrió —o debería abrir— otra discusión más incómoda: la de la rendición de cuentas y el uso de recursos públicos.
Los hechos son claros. El tribunal desechó el último recurso promovido por Carlos Welsh Rodríguez al considerar que la prórroga rectoral no es impugnable por la vía del amparo, pues emana del ejercicio de la autonomía universitaria y de las atribuciones de la Junta de Gobierno. Jurídicamente, el capítulo está cerrado. Políticamente y éticamente, no. Porque una cosa es que la ley procesal no alcance para revertir una decisión interna y otra, muy distinta, es confundir autonomía con impunidad.
Conviene recordar —con serenidad y memoria histórica— que la autonomía universitaria no es un privilegio personal ni un escudo para administraciones opacas. Es una conquista social destinada a proteger la libertad académica, el pensamiento crítico y la gobernanza colegiada. No fue diseñada para silenciar preguntas incómodas ni para pasar por alto observaciones de los órganos fiscalizadores. En ese punto, la discusión se desplaza del terreno judicial al cívico: ¿quién explica y quién responde?
Porque mientras el rector queda firme en el cargo, permanece sin aclararse un señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación por más de cuatro millones de pesos observados en gastos de gasolina. No se trata de una anécdota contable ni de una minucia administrativa. Es dinero público. Es recurso que sale del erario y que, por definición, exige comprobación, transparencia y explicación puntual. La ASF no opina: observa, documenta y requiere solventación.
Aquí es donde la narrativa oficial se queda corta. Se ha repetido hasta el cansancio que “la vía legal está agotada” y que “los tribunales avalaron la decisión”. Cierto. Pero ninguna sentencia judicial exonera de la obligación de aclarar observaciones financieras. Ningún fallo sustituye la responsabilidad administrativa. Y ninguna autonomía cancela el deber de rendir cuentas. Confundir esos planos es un error —o una estrategia— que empobrece el debate público.
El problema de fondo no es sólo un rector prorrogado; es un modelo de gobernanza que parece sentirse cómodo en la opacidad. La Junta de Gobierno ejerció sus facultades, sí, pero también tiene la responsabilidad de velar por la integridad institucional. El silencio frente a observaciones de la ASF no fortalece a la universidad; la debilita. La percepción pública importa, y mucho, cuando se administra una institución que forma generaciones y maneja presupuestos millonarios.
Desde una perspectiva política más amplia, el caso de la Universidad Veracruzana es un espejo de una práctica recurrente en el país: blindar decisiones con tecnicismos legales mientras se pospone —o se elude— la explicación de fondo. Se gana en tribunales, pero se pierde en legitimidad. Y sin legitimidad, la autoridad se vuelve frágil, por más prórrogas que tenga.
No se trata de linchar ni de difamar. Se trata de exigir claridad. ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo se justifican los gastos observados? ¿Quién autorizó, quién supervisó y quién responde? Son preguntas elementales en cualquier administración pública responsable. El rector y su equipo tienen la palabra. Callar no es prudencia; es desdén por la inteligencia de la comunidad universitaria y de la sociedad que financia a la institución.
La Universidad Veracruzana merece algo mejor que un rector jurídicamente intocable pero políticamente cuestionado. Merece autoridades que entiendan que la autonomía no se defiende con silencios, sino con transparencia; no con blindajes legales, sino con cuentas claras. Porque al final, la verdadera fortaleza institucional no se mide en sentencias favorables, sino en la confianza que se es capaz de sostener.
Un rector puede estar blindado por los tribunales, pero jamás debería estarlo frente a la verdad ni frente al dinero público.
