Lilia Arellano
“Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre”: León Tolstoi
• Avanza militarización en Congreso
• Ley de Seguridad Interior va al Pleno del Senado
• CNDH y ONU-DH demandan no aprobar dicha ley
• Impera en la tecnocracia el temor a ser juzgados
• Cierran año sin los fiscales ni magistrados de SNA
• Generan partidos una grave crisis parlamentaria
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2017.- Al cierre de estas líneas, y ya en las comisiones del Senado de la República, aprobaron las modificaciones a la Ley de Seguridad Interior, la cual fue avalada en lo general y será presentada para su aprobación al Pleno y, seguramente, enviada mañana a la Cámara de Diputados para los trámites correspondientes. Tras más de cuatro horas, las comisiones de Gobernación, Marina y Defensa Nacional se pusieron de acuerdo en nueve cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, entre ellos al artículo primero, el cual elimina que las disposiciones de esa ley sean materia de seguridad nacional. Al artículo 7, uno de los más cuestionados, se le hicieron diversas modificaciones para asentar los actos realizados por los militares “deberán respetar, proteger y garantizar, en todo momento, y sin excepción, los derechos humanos de conformidad por lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales”.
Del artículo 8 se eliminó el que sólo las manifestaciones o movilizaciones de protesta social las cuales tengan un motivo político electoral y se realicen “pacíficamente” quedarían fuera de ser consideradas amenazas a la seguridad nacional. Se eliminó el término “pacíficamente”, por lo cual todas las manifestaciones y las protestas electorales quedan fuera del riesgo de ser disueltas por el Ejército. Fue adicionado un párrafo al artículo 16, para indicar: “las fuerzas armadas actúan “como coadyuvantes de la autoridad civil y bajo su coordinación”. Se modificaron también los artículos 22 y 26, los cuales invadían facultades de los estados, como lo señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
Legisladores quienes se opusieron a la aprobación en comisiones de la Ley de Seguridad Interior, presentaron diversas reservas, aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, pidió éstas sean llevada directamente al Pleno. Así serán discutidas propuestas de modificación a los artículos 1, 7, 8, 9 10, 16, 21, 22 y 26 de la ley. Otras adicionales se presentarán a los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34. El dictamen aprobado pasó al Pleno para primera lectura.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que, “atendiendo a sus obligaciones y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior”. A pesar de haberse hecho cambios a algunos artículos de esa minuta, subrayaron, éstos no son sustanciales y el contenido del proyecto sigue presentando aspectos preocupantes para los derechos humanos. Consideraron el tiempo de discusión se debe ampliar y no limitarse a aprobar la minuta en lo que queda de este periodo legislativo, el cual concluye este viernes.
Ambos organismos demandaron al Congreso, en un comunicado conjunto, que en lugar de avalar el proyecto, se abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. Resaltaron: las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra manifestadas de tal diversidad, “que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados, en el marco del respeto a la dignidad humana”.
OÍDOS NECIOS A PALABRAS SABIAS
Una de las más claras exposiciones fue sin duda alguna la realizada por Alejandro Madrazo, investigador y académico del CIDE, quien con un lenguaje claro y fuerte expuso pretensiones y consecuencias de la Ley de Seguridad Interior: “Están ustedes ante una decisión histórica, con una responsabilidad como yo no he visto a lo largo de mi vida. Este país no había estado en una crisis como la que está desde hace cien años. Y la responsabilidad está en este Senado, de contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes dispuestos a aprobar lo que sea, con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles: seguridad pública.
“Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior a lo que no lo es. Dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos, que son públicos, cuando no lo son y son secretos. Y háganse responsables porque la crisis es grave. Y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación.
“Vengo a repetir algunas de las cosas que ya sabemos que ustedes saben. Pero también alertarles sobre algunas cosas que quizá no estén ustedes conscientes que están aprobado en esta versión de la ley. Sabemos que ustedes saben que esta es una ley inconstitucional. Que está diseñada para darle la vuelta y hacer fraude al artículo 21 constitucional que se aprobó en 2008, precisamente en un contexto en el que se le otorgaron más facultades discrecionales al Ejecutivo para perseguir a la delincuencia organizada.
“Lo que aquí están haciendo es pretendiendo que con una etiqueta pueden violar la Constitución. Y eso es muy delicado. También saben que la ley no contiene controles al Ejecutivo. Que el Ejecutivo puede, unilateralmente, desplegar al Ejército sin tener que rendir cuentas a nadie. Pues lo que quiera el Ejército lo va interpretar el Ejército, y nadie puede revisarle eso, porque además, y esto quizás ustedes no lo sepan, los actos administrativos de esta ley no son impugnables. Esta ley somete a las autoridades civiles en al menos dos aspectos. Se obliga a todos los órganos de Gobierno a entregar toda la información que se les requiera bajo seguridad interior. Esto quiere decir que nuestros datos personales conforme al INE pueden ir a dar allí, o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS pueden ser requeridos por seguridad interior.
“Establecen que las entidades federales pero también estados y municipios tendrán que pagar de su presupuesto las acciones de seguridad interior que se realicen. Están ustedes discutiendo una ley que le permite, bajo el artículo 26, autogobernarse al Ejército. No sólo se trata de una ley que le permite al Ejecutivo sin contrapesos, sin respetar el Pacto Federal, militarizar al país, sino una ley que puede ser utilizada por el propio Ejército para autogobernarse.
“Esta ley lo que pretende es, justamente, tener un estado de excepción de facto sin responsabilizarse políticamente y sin someter al escrutinio del Congreso el despliegue del Ejército por parte del Ejecutivo”. Indicó que para proteger a las fuerzas armadas, es preciso dotarlas “de un marco que regule su salida y que obligue a los gobiernos civiles a asumir su responsabilidad de seguridad pública”, es decir, un “régimen de salida”.
EL MIEDO NO ANDA EN BURRO
El temor del grupo priísta a cargo del Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y aliado al Poder Judicial, de ser juzgado en un futuro próximo es fundado, pues las posibilidades de perder las elecciones federales del próximo año se incrementan. El oficial precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, puntero en todos los sondeos sobre intención del voto rumbo a los comicios presidenciales, quien está decidido a combatir la corrupción imperante y la impunidad, sigue sumando aliados: ya fue firmado el convenio de coalición federal de Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) –Juntos Haremos Historia-. Con la coalición se busca enfrentar al bloque político que representa la mafia del poder, señaló Andrés Manuel López Obrador, en un hotel del centro de la Ciudad de México, donde fue signado el convenio.
El partido creado por el político tabasqueño tendrá mayoría de candidaturas, incluida la presidencial. Morena encabezará postulaciones para diputados en 150 distritos, PT en 75 y PES en 75. Para el Senado, el primero tendrá 32 y los otros dos partidos, 16 cada uno. La coalición es parcial, abarcará sólo 296 distritos electorales. Nayarit es el único estado que quedó fuera, confirmó Hugo Erik Flores, líder del PES. El registro de la coalición ante el Instituto Nacional Electoral esperan se realice este jueves. Aún faltan por definirse candidaturas sobre gubernaturas, las cuales seguramente se definirán por encuestas.
La prioridad de la cleptocracia peñanietista es garantizar su impunidad en los próximos años. De ahí que, a un día de concluir el periodo ordinario de sesiones, el Congreso, dominado por el PRI y sus aliados, no ha aprobado reformas esenciales para el funcionamiento de los sistemas de Procuración de Justicia y Nacional Anticorrupción, ni ha nombrado al auditor Superior de la Federación. Sólo restan unas horas para terminar este periodo y aún no han sido nombrados los fiscales anticorrupción, electoral, General de la República, ni los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales están atorados en el Senado de la República. Esto genera una crisis parlamentaria e institucional, responsabilidad absoluta de los partidos políticos quienes tienen como prioridad sus intereses particulares rumbo a las elecciones federales del 2018.
El Senado tiene en la congeladora legislativa las reformas indispensables para la transformación de la PGR en Fiscalía General de la Nación, órgano autónomo del Ejecutivo federal. Desde el 16 de octubre, la PGR se encuentra acéfala luego de que el procurador Raúl Cervantes presentó su renuncia. El martes pasado, en comisiones del Senado, se aprobó la minuta de la Cámara de Diputados la cual elimina el pase automático de procurador a fiscal. Esto es considerado como un primer paso por los legisladores de oposición. Asimismo, está pendiente la aprobación del nuevo titular de la Fepade de la PGR, pues el fiscal para los delitos electorales, Santiago Nieto Castillo, fue destituido desde el pasado 20 de octubre por supuestamente haber dado a conocer información relacionado con la investigación del caso Odebrecht en las campañas políticas, lo cual provocó la furia del grupo compacto en torno a Peña Nieto.
La Jucopo de la Cámara alta también tiene detenido, desde marzo pasado, el nombramiento del fiscal anticorrupción de la PGR, el último de los siete espacios que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Y en este proceso están pendientes de aprobar los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar las faltas graves administrativas de servidores públicos y particulares quienes hayan incurrido en corrupción. Las propuestas del Ejecutivo, las cuales llegaron el 25 de abril pasado, han sido severamente criticadas por la oposición, organizaciones de la sociedad civil y por el Comité Ciudadano del SNA, pues en su opinión los perfiles no provienen de un proceso abierto y transparente, y algunos están vinculados con los partidos políticos.
Y en el palacio legislativo de San Lázaro, al escribir estas líneas, aún no había consenso para aprobar al titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-2025. No hay acuerdos entre las bancadas y prevalecen acusaciones entre los grupos parlamentarios de pretender imponer perfiles a modo de cada partido político. En la Comisión de Vigilancia, los diputados del PAN votaron a favor de la terna final: Salim Arturo Orci, David Rogelio Colmenares y Ángel José Trinidad Saldívar, señalados por ligas al PRI. No obstante, el líder nacional panista, Damián Zepeda, adelantó que no votaría por ninguno de los tres perfiles quienes quedaron en la final en el Pleno y exigió la reposición del proceso. Actualmente el proceso está entrampado, aunque los diputados aseguraron hacen esfuerzos para tratar de nombrar al próximo auditor antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones, el cual cierra el 15 de diciembre.
Y LOS GRILLOS EN LO SUYO
En la reunión de la Conago con el presidente Enrique Peña Nieto se esperaba un posicionamiento real de los mandatarios estatales y del jefe de Gobierno capitalino relacionados con la Ley de Seguridad Interior, sin embargo y alejados de lo que realmente preocupa a la sociedad, se limitaron a reconocer que en México no se han podido construir policías eficaces que permitan retirar al Ejército de las labores de seguridad, olvidando el reconocimiento básico que los culpa a ellos directamente de no haber cumplido con la responsabilidad que la propia Constitución les tiene asignada.
De ahí que el tema central girará en torno al próximo proceso electoral. Con la vista panorámica que ofrece el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en esta LIII Reunión, el mexiquense al referirse a que únicamente le quedan doce meses de administración aventó los retos hacia el futuro y entre ellos destacó el fortalecimiento de la defensa en la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, así como la instrumentación del nuevo marco legal que regulará la desaparición de las personas. Convocó a que las elecciones del próximo año se lleven a cabo con plena normalidad democrática y que se asuma este proceso electoral “con altura de miras”.
Miguel Ángel Mancera en su última participación como presidente de la Conago, demandó elevar la calidad del debate político y su sucesor, Arturo Núñez, habló de respeto, legalidad y civilidad política para la consolidación de la democracia.
Obviamente y como parte de la gira del adiós, Peña Nieto habló de éxitos económicos en su mandato y de las fórmulas para rescatar a las víctimas de terremotos y huracanes con lo que “México ha volvido a ser referente”.
DE LOS PASILLOS
Un Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México negó el amparo solicitado por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. También confirmó la legalidad del auto de vinculación a proceso el cual se le dictó por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita… El magistrado Ricardo Paredes Calderón, en el juicio de amparo 46/2017, negó la protección de la justicia federal a Duarte de Ochoa y determinó es constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) el auto que le fue dictado por un juez federal. Los datos presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) revelan existió una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales fueron dispersados a través de diversas acciones, con la finalidad de ocultar su origen ilícito…
Ricardo Monreal confirmó su renuncia a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc. “Mantenerme en el movimiento social denominado Morena es por principios, sin condición (…) con el creciente ánimo de contribuir a la victoria política de Andrés Manuel López Obrador. Quiero recuperar los espacios de ausencia familiar, de mis amores, de mis sueños, reencontrarme con los míos. Por eso he decidido separarme de mi cargo como Jefe delegacional en Cuauhtémoc y al hacerlo agradezco a los vecinos y a las vecinas la comprensión y paciencia que tuvieron conmigo al frente de esta responsabilidad”, afirmó el político zacatecano en un video de 5 minutos y 47 segundos… Monreal amagó durante meses con dejar el partido y competir por la Jefatura de Gobierno, finalmente decidió permanecer para apoyar la campaña de López Obrador, quien contenderá por tercera vez por la Presidencia de la República. En su lugar queda por el momento, Zuleyma Huidobro, directora de Jurídico y Gobierno.
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