Joel Hernández Santiago
Y sigue la mata dando en Baja California. Esto es así porque en un entramado político y en tono verdaderamente delincuencial, el 8 de julio pasado, con 21 votos a favor, de 25, el Congreso de Baja California aprobó modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución estatal para que el gobernador electo, Jaime Bonilla, tenga un periodo de cinco años y no dos, como se decidió en las urnas apenas el 2 de junio.
Según esta modificación, el periodo de gobierno de Bonilla dará inicio el 1 de noviembre próximo y podría terminar el 31 de octubre de 2024. La iniciativa fue presentada por Víctor Morán Hernández, diputado de Morena, por la que se cambia la reforma realizada en 2014, cuando se decidió que habría un periodo para gobernador de dos años a fin de homologar los procesos electorales en todo el país.
De manera sorprendente y lo que genera presunciones de corrupción política, a la propuesta de Morena en el Congreso de Baja California, se sumaron el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, con lo que se dio forma a una aberración política, un atentado a la democracia no sólo del estado, sino del país y una traición al ciudadano que votó por el periodo acordado de dos años.
Esto que suponían que habría de pasar desapercibido, en realidad ha causado una verdadera conmoción política en el país y ha dado pauta a reclamos y exigencias de restitución de la Ley en sus términos originales y a la exigencia de que el actual gobernador evite publicarla en el periódico oficial estatal.
Pero además, desde puntos de vista distintos, a esta irrupción criminal se le ha querido ver como un anticipo de lo que podría ocurrir en las elecciones federales de 2014 en México.
Al presidente López Obrador se le ha preguntado respecto de este movimiento legislativo local y le ha dado la vuelta, argumentando la separación de poderes y que él no tiene nada que ver en el asunto, al tiempo que recomendó esperar la resolución del Tribunal Federal Electoral.
Bonilla por su parte, envalentonado por su muy cercana amistad con el presidente de México, enfrenta a los críticos de todo el país argumentando una decisión del Congreso estatal y, ‘por ser éste un Congreso soberano, dice, el Congreso Federal no tiene porqué meterse en sus resoluciones.’
Esta respuesta tiene que ver con que apenas el 17 de julio la Comisión Permanente del Congreso federal aprobó por unanimidad (que es decir, de todos los partidos) un exhorto al Congreso, al gobierno y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto las reformas a la Constitución del estado que amplían de dos a cinco años el periodo del mandato.
Así también les piden realizar las acciones correspondientes para garantizar el orden constitucional y el respeto al Pacto Federal.
El presidente de la Cámara de Diputados y diputado federal por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, reprobó esta decisión local y exigió que de mantenerse debería declararse la desaparición de poderes en la entidad, lo mismo que dijo, en sus propios términos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y muchos más, ya políticos y multitud de ciudadanos en medios y redes sociales…
Pero en este gran reclamo nacional el Congreso local se ha mantenido en silencio. El gobernador Francisco Vega de Lamadrid, conocido como “Kiko”, ha querido mantener distancia, y apenas murmura la posibilidad de una controversia constitucional, aunque sabemos bien que en política mexicana todos intervienen, para bien o para mal, aunque miren para otro lado.
Para mal, en este caso, en el que ni el presidente acepta participación, ni el gobernador del estado acepta participación, ni Bonilla acepta participación, y hay una extraña detente de la Secretaría de Gobernación, cuya titular, diez días después, salió a decir que aquello es ‘anti constitucional’ pero que respeta la soberanía del Congreso de Baja California.
Pero mientras son peras o son perones, el tema tiene que ver con todos en México, e independientemente de lo que se resuelva en estos días, el hecho mismo supone una advertencia para que los mexicanos estemos alerta para evitar albazos de esta naturaleza en contra de las decisiones del gran capital político de los mexicanos: su voto.
Y falta que los integrantes del Congreso de Baja California, de los distintos partidos políticos, expresen públicamente las razones de su voto en contra de la Constitución y lo que significa esto para los bajacalifornianos en términos de corrupción política y daño a su voluntad ciudadana.
Lo que sigue es que si se asienta que Bonilla gobierne cinco años y no dos, los tres últimos será, sin duda, un gobernador de facto que llegó ahí mediante un fraude legislativo y que le debería llenar de vergüenza y oprobio para él y para quienes le sigan en esa aventura asimismo vergonzosa.
