Baja California, bajo la lupa de EU: dos poderes sin visa y el tercero en la incertidumbre

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Isaac Fragozo López, no cuentan con visa estadounidense, mientras que el coordinador de Morena en el Congreso local, Juan Manuel Molina, enfrenta cuestionamientos sobre la vigencia de su documento migratorio.

De acuerdo con La Política Online, operadores de la Presidencia de la República siguen estos casos ante la posibilidad de que Baja California sea el primer estado mexicano en el que representantes de los tres poderes constitucionales enfrenten simultáneamente restricciones para ingresar a territorio estadounidense.

El caso más reciente es el de Fragozo. El semanario ZETA de Tijuana confirmó, mediante fuentes del gobierno estadounidense, que el Departamento de Estado revocó en julio de 2026 la visa de turista del magistrado, aunque la medida se conoció públicamente hasta noviembre.

Según ZETA, Fragozo es el primer magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California al que Estados Unidos retira ese documento. Las fuentes consultadas por el semanario no detallaron las causas de la cancelación.

El magistrado ha sido mencionado en una denuncia ante la Fiscalía General de la República, junto con Carlos y Luis Alfonso Torres Torres, entonces esposo y cuñado de la gobernadora, por presuntos delitos relacionados con lavado de dinero. Sin embargo, Fragozo ha negado conocer alguna investigación formal en su contra.

El 6 de octubre, durante una intervención ante el Colegio de Abogados de Tijuana, declaró: “Yo desconozco la existencia de algún proceso. Hace cerca de un año me mencionaron dentro de una denuncia ante Fiscalía, salieron unas fotos de los medios; yo no he sido citado, no me ha notificado nadie de la existencia de alguna denuncia, solamente lo de los medios. No tengo ninguna relación con algunas divisas extranjeras o algo así. Desconozco la situación”.

Posteriormente, el presidente del Poder Judicial sostuvo que tampoco había recibido una notificación oficial de Estados Unidos sobre la presunta revocación de su visa.

En el Poder Ejecutivo, Marina del Pilar reconoció públicamente en mayo de 2025 que el Departamento de Estado estadounidense había cancelado su visa. La mandataria afirmó entonces que se trataba de una decisión administrativa que no implicaba responsabilidad penal.

“He sido incluida en una medida consular y por ello no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos. Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación, no hay delito, no hay una falta”, explicó.

La cancelación ocurrió en medio de publicaciones sobre presuntas investigaciones financieras relacionadas con su entonces esposo, Carlos Torres Torres. En septiembre de 2026, Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso aparecieron en un organigrama sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense en el contexto de sanciones contra personas relacionadas con esa organización criminal.

En el Poder Legislativo, La Política Online reportó que Juan Manuel Molina no ha logrado demostrar públicamente que su visa estadounidense continúa vigente. A diferencia de los casos de Marina del Pilar y Alejandro Fragozo, la supuesta cancelación del documento del legislador permanece sin confirmación.

Molina ha respondido a los cuestionamientos que prefiere recorrer México antes que visitar Estados Unidos. En diciembre de 2025 criticó las decisiones migratorias del gobierno estadounidense y afirmó que ese país “no es ni debe ser el mejor evaluador de lo que somos las y los mexicanos”. También consideró que algunas medidas podrían responder a motivaciones políticas y buscar influir en la vida pública nacional.

La situación ocurre en medio de restricciones migratorias que, de acuerdo con ZETA, también habrían afectado a Araceli Brown Figueredo, diputada federal y exalcaldesa de Playas de Rosarito; José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe; Jaime Eduardo Cantón Rocha, diputado local, y Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana.

El semanario incluye además a Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, y a su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado, quien habría perdido su documento durante una revisión en la garita internacional de Calexico. Bustamante había señalado que la situación de su esposo era personal y no estaba relacionada con sus funciones como presidenta municipal.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, y la senadora Julieta Ramírez han enfrentado rumores sobre posibles restricciones migratorias. En el caso de Ramírez, la legisladora viajó a Calexico, California, para demostrar que podía cruzar la frontera estadounidense.

La diputada local Araceli Geraldo Núñez rechazó, mediante un derecho de réplica, las versiones sobre una supuesta cancelación de su visa y afirmó que carecían de fundamento.

Funcionarios de la administración de Donald Trump han señalado que las visas estadounidenses son un privilegio y pueden ser revocadas cuando existen sospechas de colaboración con organizaciones criminales. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han hecho públicas las razones específicas de las cancelaciones de las visas de Marina del Pilar y Alejandro Fragozo, ni existe confirmación de que Juan Manuel Molina haya sido objeto de una medida similar.