Joel Hernández Santiago
El miércoles 25 de junio cayó la bomba al gobierno mexicano: ese día el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró a dos bancos y una Casa de Bolsa de México como ‘fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides’. Son “CIBanco”, “Intercam” y “Vector”.
A los tres se les consideró que: “Han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, escribió en un comunicado.
Además, detalló que “los dos bancos y la casa de bolsa realizaron operaciones financieras para los ‘Carteles de Sinaloa’, del ‘Golfo y Jalisco Nueva Generación’ en relación con la importación de precursores químicos para la fabricación de fentanilo, una poderosa droga que ha generado alto número de muertes entre consumidores de Estados Unidos.”
La sanción prohíbe las transferencias de fondos desde y hacia los dos bancos y la casa de bolsa luego de 21 días desde su publicación en el Registro Federal de EUA. Los tres son instituciones consideradas medianas en el sistema financiero mexicano.
Aunque el golpe más fuerte al gobierno de México es que el fundador de Vector es ni más ni menos que Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado señalamientos contra el oficialismo tras el anuncio del Tesoro.
Y es que durante todo el sexenio anterior el gobierno mexicano se ungía como un gobierno diferente: “Ya no somos iguales a los gobiernos anteriores” exaltaba López Obrador; un gobierno que juró y requetejuró que acabaría con la corrupción en cualquiera de sus expresiones en la vida nacional mexicana.
Sin embargo, también a ese mismo gobierno se le han atribuido políticas laxas para luchar en contra del narcotráfico y el crimen organizado.
Aquello de “Abrazos no balazos” fue una estrategia que propició suspicacias al interior del país y fuera. No obstante esto ha generado una enorme desconfianza en el gobierno de Donald J. Trump que día a día amenaza a México en lo que consideran un peligro para su seguridad nacional al declarar a grupos del crimen organizado y narcotráfico como ‘terrorismo’.
Sin embargo la sorpresa mayor en lo relativo a los bancos es que Alfonso Romo está en la mira del gobierno de los Estados Unidos; el anuncio del Tesoro de ese país tiene medidos los pasos que está dando para golpear al gobierno de México y en particular es un mensaje al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, para decirle que tienen información que irán desgranando para señalarlo como probable conocedor de estas maniobras presuntamente extralegales.
Quien ha salido a dar la cara para intentar minimizar el golpe asestado por EUA, sobre todo en lo relativo a Alfonso Romo, es la presidenta de México quien exigió al Tesoro de EUA que presentara pruebas contundentes de sus dichos. “Pruebas-pruebas-pruebas…”. El gobierno de aquel país no ha tenido que presentar pruebas, para ellos valen sus dichos sustentados en su propia información.
Pero a pesar de los reclamos de la presidente mexicana, el jueves siguiente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ‘intervino temporalmente en la gestión “CIBanco” e “Intercam”, y una casa de bolsa, “Vector”. Según esto, por si son peras o son manzanas.
Lo cierto es que el gobierno mexicano se puso la camisa de “Vector” para su defensa, que es decir para defender a Alfonso Romo, no tanto por ser él, sino por el cargo que ocupó durante la gestión de López Obrador, de tanta cercanía y confianza.
Lo que a fin de cuentas significa defender al gobierno del ex presidente López Obrador ahora en algún lugar del mundo, sin dar señales públicas -luego de su asistencia a votar en Palenque, Chiapas, para la elección de jueces, magistrados, ministros.
Sin embargo falta conocer la opinión y defensa de Alfonso Romo, quien fuera del boletín-defensa de “Vector” a los señalamientos del Tesoro estadounidense ha guardado silencio. Es indispensable que aclare la situación en la que está involucrado y con la que ha propiciado un sisma en el gobierno federal mexicano.
Pero al mismo tiempo el gobierno mexicano de la señora Sheinbaum deberán estar alerta a otra y otra y otra acusación del gobierno de Donald J. Trump, a personajes o instituciones mexicanos, del pasado gobierno y del actual, por el que se sabrá paso a paso quienes han estado defendiendo la honestidad, la honorabilidad, la transparencia política aunque actúen en contra.
Y el gobierno mexicano deberá limpiar a su propio gobierno, desde el interior, antes de que desde Estados Unidos intenten limpiarlo, con toda y esa soberanía que tanto se dice defender desde Palacio Nacional.
