FRANCISCO RODRÍGUEZ
De la misma manera en la que los políticos mexicanos le rindieron culto al poder le hicieron un templo a la corrupción. Un castillo inaccesible, una religión de inverecundos comprometidos con el arrase, unidos por el desprecio a la Nación, suplicantes de favores extranjeros, prestanombres de enemigos de la patria. Antes muertos que pobres.
Hasta hace muy poco tiempo, el sistema político cobijaba en sus liturgias laicas, protocolos y ceremoniales un silencio sepulcral sobre este asunto, a pesar de ser uno de los más graves obstáculos al desarrollo y a la independencia del país. El sistema en su conjunto guardaba un celoso mutis sobre un escándalo que sí rebasaba los confines del territorio.
México mágico era conocido entre todos los empresarios y grandes coyotes del escenario internacional por las enormes facilidades que ofrecía para hacer fortunas gigantescas al son de un solo permiso, una concesión, un favor oportuno, un secreto sobre algún proyecto a realizar. Las murallas del sistema, impenetrables para los locales, eran flexibles para los ajenos.
La constante, el enriquecimiento inexplicable; mientras más, mejor
En México, “entrar en la política”, ser aceptado por alguno de sus clanes, era una patente de corso al paraíso, un boleto preferente al banquete del Petronio, la oportunidad buscada para defraudar, robar, matar impunemente, con una inmunidad de mandarín, con una intocabilidad propia de sultán en las mil y una noches árabes.
No había más que agachar la cabeza ante el señor de las decisiones. Jalar hasta dónde topara en todos los procesos del embuste, guardar discreción a toda prueba en todo estropicio, ser leal en el atraco. Todo ello formaba parte del culto al poder. Quien violaba estas condiciones, era un hombre muerto.
La política mexicana siempre fue una danza de la corrupción. Jamás se trató de otra cosa. Nadie sabía hacer algo, cualquier cosa. Los encargados de operar las decisiones de gobierno eran tratados como empleados, sin importar su nivel o rango. Pero de ahí no pasaban. No eran parte del embute ni del secreto. Esto estaba reservado para otros.
Los otros, los que no sabían hacer nada, estaban enfilados hacia las grandes jugadas. Eran los sucesores en la Presidencia, los próximos gobernadores, los nuevos secretarios de Despacho, los legisladores con futuro, todos con permiso para cualquier causa. Miembros de una casta que se enquistó hasta llevar al país a donde estamos.
Y aunque ya no se utilizan las sociedades secretas para acceder al poder, los ceremoniales siguen siendo los mismos que definieron a las minorías privilegiadas de la Colonia, de la Independencia, de la Reforma o de la triunfante Revolución. La constante era el enriquecimiento inexplicable, mientras más inexplicable fuera, mejor.
El juicio político, dirigido contra los enemigos del grupo en el poder
Hasta 1982 el cotarro conoció un concepto extraño, sofisticado, que llamaron en las Cámaras juicio político, sacado de una vulgar copia fotostática del sistema de responsabilidades de la Armada estadounidense. Era un remedo del impeachment sajón, con algún complemento del juicio de residencia indiano.
Fue aprobado sin chistar, dentro de esa tragicomedia llamada renovación moral de la sociedad por los próceres delamadridistas. Pero antes de ejecutarlo contra quien iba dirigido, Jorge Díaz Serrano, contrincante fallido, debía hacerse un juicio de procedencia, el famoso desafuero. Puras jaladas.
El juicio político estaba dirigido contra los enemigos del grupo en el poder prestado. Para nadie más. Incluso, el Presidente era considerado inimputable en esta modalidad. Él seguía siendo considerado un brahmán intocable, un ser extraterrestre que no debía entregar cuentas a nadie. Hiciera lo que se le antojara hacer. Su reino no era de este mundo.
Desde entonces, la inimputabilidad del Presidente también se extendió a los gobernadores de los estados. Un concepto estorboso para la justicia popular, muy efectivo para los que siempre rindieron culto al poder omnímodo. A las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo, se le añadía la inmunidad total, por encima de todas las legislaciones del mundo conocido.
La fórmula proverbial para proteger la inimputabilidad presidencial está contenida en el artículo 108 Constitucional, en aquella famosa frase:” el presidente, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Nadie dijo cuáles eran ni con qué se comían.
La reforma de la 4T, para perpetuar la inmunidad de los mandarines
Durante la campaña del nuevo régimen la bandera principal fue contra la corrupción. Una iniciativa muy celebrada apenas entrando, aconsejada por los juristas más cercanos, cayó otra vez en el dislate: reformar para que el presidente en ejercicio y todos los funcionarios pudieran ser llevados a juicio con la aprobación de dos terceras partes del Senado y otro tanto de la Cámara de Diputados.
Añadiendo como causales los delitos de corrupción, trata de personas, los electorales, delincuencia organizada, delitos con arma o uso excesivo de violencia. Y ésta lleva el mismo camino: ser bateada, igual que la tentativa de eliminación del fuero. ¿Por qué se insiste en la rumba de Axayácatl? Quieren perder en vez de ganar.
Siguen sin definirse, sin tipificarse puntualmente las causales de los ilícitos, los tipos del delito. Y por ese camino sigue perpetuándose la inmunidad de los mandarines mexicanos. Absurdamente, los optimistas de la Cuarta Transformación, pesimistas con otros datos, insisten en ver al mundo de lejos, sin empatía.
El fuero no existe para blindar a persona alguna contra la ley
En los conceptos rudos del Derecho, no hay más cera que la que arde, independientemente de reformas constitucionales fracasadas. La ley es dura, pero es la ley. Ya todo está inscrito en las leyes anteriores. Lo que pasa es que nadie quiere recordarlas y mucho menos cumplirlas. Para las normas penales no hay mandarines. Eso sólo existe en la Constitución.
Un delincuente es un delincuente, sin más adjetivos ni blindajes hechizos. Y el delincuente debe responder ante la sociedad, sea presidente o no. Las violaciones graves al interés supremo de la Nación no admiten rebajas. Está por encima de toda consideración y de cualquier interés político o económico. Los países latinoamericanos nos han puesto el ejemplo.
Los delitos graves, aquéllos que no alcanzan fianza y violan todas las leyes terrenas, deben ser perseguidos de oficio, haya o no fuero. Éste no se hizo para blindar a persona alguna contra la ley. El fuero no es una coraza, es sólo un facilitador para no ser interrumpido en el arduo trabajo o, si se desea, mientras ejerza una función. Punto.
A disposición de la ley a los delincuentes que nos hayan mancillado
Los ex presidentes de México deben ser juzgados en la plaza pública, a través de la consulta ciudadana, y si es vinculante mucho mejor. Pero no debe dejarse pasar la oportunidad de hacerlo. Aunque ello significara que el actual Titular del Ejecutivo no brinque la vara de la revocación de mandato. Es una exigencia popular.
Si el Congreso no quiere ser el primero en llegar a ser rebasado por el pueblo, tiene que ponerse las pilas. Hacer caso omiso de esa zarandaja del desafuero y poner a disposición de la ley a los delincuentes organizados y desorganizados que hayan mancillado a la Nación. Ya basta de impunidades.
¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
En ese cometido se encuentra una de las fórmulas de la supervivencia sexenal del nuevo régimen.
Es lo que todos piden.
Al menos, el pueblo que aún les queda para pelear las elecciones intermedias y la revocación del mandato.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: En el próximo periodo de sesiones que inicia el domingo 1 de septiembre se abordará la reforma pendiente para eliminar el fuero al Ejecutivo federal, dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Afirmó que no habrá más inmunidad y que se empezará por el presidente de la República, y que por ello se va a terminar con el fuero constitucional. “Tenemos una reforma pendiente ahí que vamos a abordar en el siguiente periodo legislativo que es compromiso de campaña del presidente, terminar con fueros y privilegios. Se va a terminar el fuero, que se convirtió en un abuso de legisladores, de altos funcionarios”, expuso. El también coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro recordó que Andrés Manuel López Obrador decía que se acabarían con los privilegios y que sería de “de arriba para abajo, y el presidente será el primero en perder el fuero constitucional”. Ante legisladores michoacanos subrayó que en este proceso de renovación se debe tomar como una oportunidad histórica para demostrar que son diferentes.
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