CIUDAD DE MÉXICO.- En México, contestar una llamada de un número desconocido se ha vuelto casi sinónimo de publicidad, fraude o intentos de venta. Bajo ese contexto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el objetivo de frenar las llamadas publicitarias de bancos y empresas sin consentimiento.
De acuerdo con la exposición de motivos citada por La Jornada, “en México, los usuarios de servicios de telefonía enfrentan un nivel alarmante de exposición a llamadas no solicitadas con fines publicitarios o mercadotécnicos”, con un promedio de 24 llamadas al mes. Se trata de “comunicaciones no deseadas, que incluyen principalmente publicidad no solicitada, fraudes, llamadas automatizadas u otros intentos de contratos intrusivos”.
El diagnóstico es contundente, 54% de las llamadas de números desconocidos son spam, es decir, más de la mitad. Para el legislador, esta situación “no solo genera molestia y desconfianza generalizada, sino que erosiona la privacidad de los usuarios y aumenta el riesgo de fraudes y usos indebidos de datos personales”.
México ocupa el tercer lugar en América en volumen de llamadas spam, solo por debajo de Brasil y Chile. Sin embargo, el caso mexicano es particularmente grave porque la proporción supera ampliamente la mitad del total de llamadas, algo que no ocurre en otros países.
La iniciativa señala que esto evidencia la ineficacia de los mecanismos actuales, como el Registro Público para Evitar Publicidad o el Registro de Usuarios del sistema financiero. Aunque existen, no han logrado frenar el problema. Según datos oficiales, entre 2007 y 2023 se inscribieron 3.7 millones de números en el registro para evitar publicidad, cifra que ya alcanza 5.3 millones. Aun así, se han presentado 10 mil 1 denuncias de personas que siguieron recibiendo llamadas no deseadas.
El propio Monreal concluye que, pese a estos instrumentos, “persiste la recepción constante de llamadas y mensajes no deseados con fines publicitarios”, lo que vuelve ineficaz el modelo actual.
La propuesta pone el foco en un concepto central: el consentimiento. La reforma plantea que cualquier comunicación con fines publicitarios o mercadotécnicos deberá contar con autorización previa, expresa y verificable del usuario. Además, se busca prohibir que las empresas utilicen, compartan o transfieran datos personales para estos fines sin autorización expresa, orden judicial o mandato fundado.
Uno de los cambios más relevantes es que, incluso cuando el usuario dé su consentimiento, este solo aplicará para la empresa o banco específico al que se lo otorgó. Es decir, se cerraría la puerta a que terceros utilicen esa autorización para bombardear con ofertas.
También se obligaría a bancos y empresas a ofrecer mecanismos claros para bloquear, cancelar o revocar el consentimiento, algo que hoy suele ser complicado o poco transparente. La iniciativa es clara en su intención: prohibir que proveedores y empresas de publicidad “realicen comunicaciones o envíen publicidad a los consumidores que no hayan otorgado su consentimiento previo, libre, informado, expreso y verificable”.
Otro punto relevante es que el consentimiento para recibir publicidad deberá ser independiente del contrato principal del servicio. En otras palabras, los bancos y empresas no podrán condicionar la contratación, renovación o vigencia de un servicio a que el cliente acepte recibir llamadas o mensajes promocionales. Esto apunta directamente a prácticas comunes donde el consentimiento queda “escondido” en términos y condiciones largos o poco claros. La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis.
La propuesta no surge en el vacío. Desde 2025, Monreal ha impulsado reformas para limitar prácticas abusivas del sistema financiero. Según reportó Eje Central, el legislador planteó medidas contra las llamadas “tarjetas fantasma”, incluyendo un “botón digital obligatorio” para cancelar tarjetas en un máximo de tres días.
“Si tú no solicitaste tarjeta, no tienen porqué enviarte tarjetas de crédito”, afirmó entonces, en una iniciativa que también buscaba “prohibir el hostigamiento”. Incluso relató casos personales en los que recibió tarjetas no solicitadas y enfrentó cobros indebidos, señalando que “millones de personas quedan atrapadas en deudas injustas”.
El debate tampoco es nuevo. Desde 2018, Morena ya advertía sobre el acoso telefónico con fines comerciales. En un boletín del Senado de ese año se señalaba que call centers, bancos y empresas “acosan constantemente a los usuarios” en millones de líneas telefónicas.
En ese entonces ya se proponía prohibir el uso de llamadas y mensajes con fines publicitarios sin consentimiento “previo, informado, expreso e inequívoco”, además de establecer sanciones.
También se reconocía un problema de fondo: aunque existen leyes, “no han sido suficientemente efectivas para salvaguardar los derechos de los consumidores”. Hoy, ocho años después, la nueva iniciativa retoma ese diagnóstico y busca convertirlo en reglas más estrictas.
AM.MX/fm
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