Por Aurelio Contreras Moreno
Durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2006, el entonces presidente de México Vicente Fox Quesada decidió entrometerse directamente en el proceso con tal de evitar lo que inicialmente se perfilaba como un triunfo del abanderado del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador.
Luego del fracaso político –porque legalmente había razones para procesarlo, pues desacató una orden judicial, práctica que se convertiría años después en “regla” de la “4t”, como es claro en Veracruz- del desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, parecía que ya no había ninguna manera de detener la marcha del tabasqueño hacia la Presidencia de la República, por lo que literalmente se le echó encima todo el poder del Estado.
De forma personal, Vicente Fox se dedicó a hacer contracampaña contra López Obrador en los actos públicos que encabezaba como titular del Ejecutivo federal. “México no debe de volver atrás; no se cambia de caballo a la mitad del río”, era la cantaleta del presidente que seis años antes había prometido acabar con las “víboras prietas” y las “tepocatas” del poder, y que terminó pactando con esos mismos grupos.
La intromisión de Fox en el proceso electoral era abierta y grosera, lo que provocó airadas protestas de los partidos que postulaban a López Obrador, quien a su vez comenzó a incluir en sus mítines una frase de respuesta a los abusos del panista: “cállate, chachalaca”, misma que fue usada hábilmente por los estrategas del PAN para armar aquella campaña de propaganda negra que enarbolaba la frase “López Obrador es un peligro para México”. El final de esa historia es conocida.
Ese breve contexto histórico sirve para enmarcar la situación actual, en la que el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador pretende hacer exactamente lo mismo que hizo Vicente Fox hace 14 años: entrometerse en el proceso electoral.
Un día sí y otro también, el titular del Ejecutivo federal utiliza sus conferencias matutinas –que a nadie queda duda que son solo un instrumento de propaganda política y de ninguna manera un ejercicio de rendición de cuentas- para despotricar contra sus “adversarios”, entre los que ubica con frecuencia a los partidos que ahora son de oposición a su gobierno.
En México, el proceso para renovar la Cámara de Diputados que se conoce como “elecciones intermedias de sexenio” comenzó desde el pasado 7 de septiembre, por lo que las referencias que hace López Obrador al mismo, descalificando consuetudinariamente a los actores políticos que no forman parte de su mismo grupo, constituyen una violación a la legalidad, pues además de que ocupa para ello recursos públicos materiales y humanos del gobierno, pone por delante su investidura –esa que “cuida” tanto de “no manchar” evitando recibir a representantes de la sociedad civil-, lo que afecta invariablemente la equidad y la certeza del proceso electoral.
Por ese motivo, el Instituto Nacional Electoral pidió recientemente al presidente que se abstenga de realizar expresiones ilegales que constituyan actos de “intromisión electoral” y de proselitismo en favor o en contra de algún partido político. A lo que López Obrador ya respondió, victimizándose, pues según él es “injusto” que se limite el “derecho de expresarme” y su “libertad” de manifestación. Como si fuera un ciudadano común y corriente y no el hombre que más poder concentra en el país. Por encima del que tuvieron varios de sus antecesores, como el propio Vicente Fox.
La reacción de López Obrador tiene que ver con la alianza electoral que prácticamente han acordado ya PAN, PRI y PRD y que, a pesar del público desdén mostrado por el lopezobradorismo, en los hechos sí emparejaría los números de la elección y pondría en serio riesgo el objetivo del morenato de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados e incluso de que ésta fuera absoluta y le brindara el margen de maniobra al que aspira el presidente para cambiar por completo el marco legal del país, con nueva Constitución –a modo- incluida.
¿Cállate, chachalaca?
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