CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló, en lo general y en lo particular con 473 votos, reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de incluir la denominación Ciudad de México y Alcaldías.
Con ello se reconocen en la legislación los cambios observados en la reforma política de la Ciudad de México que surgen como parte del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de enero de 2016.
El dictamen que reforma los artículos 3, 5, 11 párrafo último, 18, 24 párrafo Tercero, 52 párrafo primero, y 78 párrafo primero de la Ley, se remitió a Senado de la República para sus efectos Constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Ricardo Villarreal García (PAN) destacó que se pretende reducir disconformidades en el sistema jurídico para mejorar la calidad formal y material de la norma. “Que sirva a los objetivos para los cuales fue dictada, lo que garantiza la unidad del sistema jurídico”.
Subrayó que cobra relevancia jurídica porque no se trata únicamente de una modificación de carácter gramatical, sino de fondo, dado que se pretende la validez del orden jurídico, máxime que la legitimidad presupone obligatoriedad de las normas.
“Estamos trabajando para modernizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que data de 1972. Toda vez que la realidad del país es otra, trabajaremos para darle más fuerza al Estado mexicano para que de esta manera pueda combatir más fuerte a la delincuencia organizada. Los convoco a que trabajemos siempre de manera unida y ordenada y que pongamos la paz del país por encima de colores partidarios”, enfatizó.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) refirió que los ajustes a la ley son para que su contenido quede armonizado con la Carta Magna. “En el grupo parlamentario deseamos contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico. Somos los primeros que queremos vivir en un Estado de derecho”.
Puntualizó que las modificaciones van mucho más allá del léxico. Se busca, agregó, garantizar la validez del orden jurídico, lo que dotará de obligatoriedad a la norma.
Habrá mejor observancia y cumplimiento, a fin de que la legislación sea más eficaz. “Se trata de una armonización jurídica con base en la supremacía constitucional sobre cualquier otro texto jurídico o normativo”.
AM.MX/fm
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